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“Proyecto de ley obliga a guardas de seguridad a hacer valoraciones psicofísicas que enriquecen a unos pocos”. ECOS

Para las Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS), la iniciativa legislativa que pasó en tercer debate no corrigió errores del pasado, además de ratificarlos incluyo nuevos artículos que afectan la estabilidad laboral del 35% del sector de la seguridad, es decir cerca de 105 mil empleos.

Se trata del proyecto de ley 288 del 2017, Cámara y 25 del 2016, Senado, donde se propone la expedición del certificado psicofísico de manera obligatoria para 300 mil empleados del sector de vigilancia privada, expedidos por “lugares autorizados”, que se pueden contar con los dedos de las manos.

De otro lado, llama mucho la atención el antecedente que se exonere del pago a las cajas de compensación del seguro de vida hecho que plantea el proyecto, desconociendo los miles de millones que aporta el sector de la vigilancia al sistema de compensación familiar de cara a las irrisorias retribuciones que reciben de estas los guardas.

En medio del debate no se han tenido en cuenta las recomendaciones del gremio, ECOS por lo anterior se alerta que los costos de operatividad no se eliminan, sino que se trasladan, lo que podría afectar al consumidor final y generar un vacío de estabilidad laboral en la prestación de los servicios que ya han sido contratados.

El proyecto se viste con el ropaje de “Ley de Vigilante” y obliga a los trabajadores a realizar un examen psicofísico de manera anual y no cada cinco años como estaba previsto. ¿Por qué no se hace cada cinco años? ¿Por qué solo se puede hacer en ciertos lugares?, además argumenta en su escrito que los vigilantes que no pasen la prueba en mención deberán ocupar cargos "administrativos" es decir de contabilidad, recursos humanos, entre otros cargos con funciones específicas.

Cabe indicar, que los guardas se capacitan de acuerdo a los pensum establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, este artículo es visto por el sector como un legendario orangután legislativo que podría llevar a la quiebra a las empresas que ejercen esta actividad en el país.

“La Ley afectará la economía nacional, al catalogar la actividad de vigilancia como de alto riesgo ya que genera un impacto en operatividad, y en el tema pensional un peligroso hueco fiscal. No existe ningún estudio ni concepto del Ministerio de Hacienda ni de ninguna otra entidad estatal incluido el Ministerio del Trabajo que de manera juiciosa argumente la no afectación de lo planteado en el proyecto" aseguró José Saavedra, Presidente de ECOS.


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