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DENUNCIA E INVESTIGACION

“Ley del vigilante” traería serias afectaciones a las Empresas de Seguridad Privada del país

Incluir aspectos sin el respectivo análisis del impacto fiscal como (i) la calificación como actividad de alto riesgo de los servicios de vigilancia; (ii) el pago del seguro de vida vía tarifa de los servicios de vigilancia y seguridad privada afectaría la economía del sector y de las empresas que contraten sus servicios.

 

Para las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS), la calificación de esta actividad como alto riesgo impediría y reduciría la capacidad del sector en la generación de empleos. Asimismo, tendría serias implicaciones en materia pensional, dado que se reduciría la edad para acceder a la pensión de los guardias de seguridad lo cual implica el aumento de las cotizaciones que serían financiadas vía tarifa con gran repercusión en las finanzas públicas. De igual forma, habría un incremento en más del 2% en las cotizaciones en riesgos laborales. Es decir, el pago de los costos fiscales del Proyecto de Ley terminaría trasladándose al usuario final.

El pago del seguro de vida para los vigilantes debe ser financiado por las cajas de compensación familiar, dado que estas fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias a través de la gestión y entrega de subsidios y servicios mediante los aportes de seguridad social que hacen los empleadores. Al ser un beneficio colectivo, para la familia del guardia de seguridad, este debe ser asumido por las cajas de compensación y no por las empresas de seguridad privada del país. Cabe resaltar que éstas reciben cuantiosos recursos por parte de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada como cotizantes, teniendo en cuenta que el sector factura más de 9 billones de pesos al año.

Asimismo, ECOS hace un llamado al Gobierno para que la periodicidad del examen pisofísico se extienda por los menos 5 años por la baja siniestralidad que presenta la prestación de los servicios del sector y que se prevea de algún mecanismo que permita realizar dicho examen dado que la infraestructura que tiene las IPS habilitadas es insuficiente.

“Desde el gremio de las Empresas Colombianas de Seguridad Privada solicitamos que el Ministerio de Hacienda realice el respectivo análisis de los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para su financiamiento, dado que en el Proyecto de Ley no vemos que éstos se hayan realizado. Es decir, a la fecha no existe ningún estudio ni concepto de ninguna entidad estatal que de manera rigurosa argumente la no afectación para el sector de lo planteado en el Proyecto” aseguró José Saavedra, Presidente de ECOS.

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