Luego de 16 horas de discusión en el Congreso de la República, se aprobó en segundo y último debate el Presupuesto General de la Nación para el 2022 que alcanza los $350,4 billones de pesos.

Las plenarias tanto de Senado como de Cámara de Representantes avalaron el proyecto, con una votación de 68 votos a favor y nueve en contra en Senado y de 117 a favor y 18 en contra en Cámara.

Por sectores, los renglones con mayor apropiación para el año siguiente son el de Educación ($49,5 billones), Defensa ($42,6 billones), Salud ($41,9 billones), Empleo ($34,7 billones), Hacienda ($24,3 billones), Inclusión Social ($23,2 billones) y Paz con Legalidad ($10,9 billones).

Es así como se financiarán programas sociales en los que 29 millones de colombianos serán beneficiados.  Algunos de ellos son Ingreso Solidario, asistencia a la primera infancia, formación para el trabajo por parte del SENA, Familias y Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, créditos y becas del ICETEX.

Sin embargo, ha generado polémica la aprobación dentro de este presupuesto la modificación de la llamada ley de garantías electorales: Es decir, ahora podrán ejecutar convenios administrativos incluso hasta el último día de elecciones, aunque habrá una revisión especial por parte de la Contraloría General de la República.

Frente a esto el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que esta Ley de Garantías contribuye a que la nación permita acuerdos que faciliten la llegada de inversión para sectores como educación e infraestructura.

«El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica por los efectos de la pandemia de COVID-19», precisó Restrepo.

«Siempre con coherencia y argumentos. Mi voto en plenaria fue no a la suspensión de Ley de Garantías», indicó el senador Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal, tras la decisión se tomó en el legislativo.

Por su parte, el senador Gustavo Petro también dio a conocer su concepto negativo sobre esta determinación. «Cualquier aplicación del levantamiento de la Ley de Garantías sería ilegal. Al ser una norma estatutaria debe ir a control previo de la Corte Constitucional, si lo aplican sin este trámite los funcionarios estarían prevaricando», dijo.

 

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