La Fiscalía tiene evidencia de una defraudación por más de 3.100 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, identificó a una red ilegal que habría tramitado exámenes médicos con información falsa para que se reconocieran pensiones de invalidez o por disminución de la capacidad física a militares activos o en retiro que no cumplían con los requisitos de ley para acceder a estos beneficios.
Los elementos de prueba dan cuenta de que esta actividad ilegal se habría realizado durante cinco años, en los que, supuestamente, se otorgaron mesadas con sobrecostos y se generó una defraudación superior a los 3.100 millones de pesos.
Cinco personas que habrían participado en los hechos investigados fueron capturadas. La Fiscalía les imputó, según su nivel de participación, los delitos de: concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, cohecho por dar u ofrecer, y falsedad ideológica en documento público.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Por disposición del juez de control de garantías, tres de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, los otros dos seguirán vinculados.
Los asegurados son: Claudia Patricia González Cardona, funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional en el área de asuntos legales; y los hermanos Guillermo y Carlos Carrasquilla Orjuela, el primero, capitán en retiro del Ejército Nacional.
Investigación
La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que involucrarían a algunos de los señalados integrantes de esta red en, por lo menos, 17 eventos.
Hay indicios de que habrían incidido para que en los exámenes médicos se certificara pérdida de capacidad física superior del 50%, a personas que estaban en óptimas condiciones de servicio. Con estos documentos, las juntas médicas ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional habrían sido inducidas a error y reconocieron pensiones e indemnizaciones a quienes no cumplían con los requisitos.
Entre los beneficiados con estas decisiones hay militares activos y en retiro de 26, 30 y 35 años, que estarían habilitados física y psicológicamente para continuar ejerciendo sus funciones.
Hay indicios de que habrían incidido para que en los exámenes médicos se certificara pérdida de capacidad física superior del 50%, a personas que estaban en óptimas condiciones de servicio. Con estos documentos, las juntas médicas ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional habrían sido inducidas a error y reconocieron pensiones e indemnizaciones a quienes no cumplían con los requisitos.
Entre los beneficiados con estas decisiones hay militares activos y en retiro de 26, 30 y 35 años, que estarían habilitados física y psicológicamente para continuar ejerciendo sus funciones.
