El presidente de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos ha emitido una alerta con el fin de evitar el derroche y despilfarro en medio de la grave crisis económica, sanitaria, y social que enfrenta el país, por cuenta de la afectación que ha generado la llegada del COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 50mil ciudadanos en Colombia, y tiene tras las cuerdas a cientos de miles más, por lo que se hace necesario que todos los esfuerzos económicos del estado sean enfocados a enfrentar ésta difícil situación para ayudar a los más necesitados.
Las más de 34 revocatorias inscritas hasta el momento ante las autoridades electorales, le costarían al país más de 150mil millones de pesos, dineros con los que se pueden comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar la vida de la gente.
Cabe indicar que la Fiscalía General de la Nación en compañía de la Procuraduría General, y la Contraloría General deben ser garantes entorno a la transparencia de los millonarios recursos con los que se estarían financiando las llamadas revocatorias en Colombia.
«En departamentos como Antioquia o Cundinamarca se podría inocular a toda la población con los recursos que se van a derrochar en las llamadas revocatorias, Medellín por ejemplo requiere esas millonarias sumas de dinero, para atender a las millones de personas entre las que se encuentran mujeres embarazadas, bebes, niños y niñas en alto riesgo social, adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermas, que necesitan la vacuna contra el COVID-19, y así empezar a normalizar sus vidas entorno a una economía sostenible y sana, en esa ciudad y otras, se habrían unido los caciques electorales para hacer política a costa de los ciudadanos en plena pandemia.» Dijo el presidente de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Finalmente, cabe indicar que, para la Red Nacional de Veedurías de Colombia, la corrupción es el verdadero desangre de la sociedad colombiana, que conlleva a la pobreza que afecta a millones de hogares colombianos, por ello insta a las autoridades a hacer estricto seguimiento sobre las verdaderas razones y recursos, con los que se financiarían las llamadas revocatorias en el país.
