El encuentro entre el Presidente de la República y las empresas del Consejo de Empresas Americanas (CEA) en el marco de la Asamblea General de Afiliados, realizada en la Casa de Nariño. Dentro de los asistentes se encontraron José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Philip Goldberg, embajador de los Estados Unidos en Colombia (virtualmente), y los representantes de
las compañías afiliadas al Consejo en la categoría de Emerald Sponsors.
Para la apertura del evento Eduardo Jaramillo, presidente de la Junta Directiva del CEA, expresó que desde la asociación se ha mantenido siempre un diálogo abierto y transparente con diversas entidades del Estado Colombiano. Igualmente destacó que el apoyo incondicional de la Embajada de los Estados Unidos a lo largo de los años y el trabajo en conjunto con los distintos organismos de gobierno, han permitido cumplir con el propósito de promover la inversión estadounidense en Colombia, proteger el capital ya invertido, y generar empleo de calidad.
También agradeció al gobierno por el apoyo de entidades como la DIAN, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; así como el compromiso de las Consejerías Presidenciales para la Competitividad y Gestión Público-Privada y la de la Participación de las Personas con Discapacidad; y en especial las relaciones de larga data con la Policía Nacional y sus direcciones (DIJIN, DIASE, DITRA, POLFA, entre otras).
En representación de las empresas estadounidenses, Jaramillo hizo un llamado al gobierno del presidente Duque en ocho aspectos específicos. Primero, cuidar la competitividad del país desde el punto de vista fiscal, especialmente, en estos momentos de discusión de una nueva reforma tributaria.
Segundo, garantizar normas laborales justas, modernas y flexibles para las partes, que permitan la generación de empleo justo y formal.
Tercero, lograr costos de logística competitivos, por medio del desarrollo de infraestructura portuaria, fluvial y de carreteras para asegurar que las regiones sean centros de producción y exportación.
Cuarto, tener una matriz energética diversificada que use de forma inteligente los recursos naturales del país.
Quinto, identificar mecanismos para agilizar la aprobación de proyectos de inversión represados.
Sexto, modernizar entidades como el INVIMA para acelerar la aprobación de registros y así rápidamente generar beneficios y oportunidades tanto para el sector de la salud como para el de consumo masivo. Séptimo, proteger la propiedad intelectual, un elemento clave para la innovación (especialmente en los sectores TIC y salud).
Finalmente, dar mayor atención al deterioro de la seguridad en algunas regiones del país. Por último, el presidente de Colombia manifestó que la competitividad fiscal del país debe preservarse en el espíritu de la transformación social sostenible. Igualmente, recordó que el CEA ha sido siempre un gran apoyo para los esfuerzos en materia de formalización laboral impulsados por el Gobierno. En lo relacionado a la logística, anunció que su administración espera entregar 20 de los 29 proyectos de cuarta generación, así como avanzar en las licitaciones para los de quinta generación.
Con respecto al tema de la energía, afirmó que el Gobierno Nacional diversificó la matriz y que actualmente, está en proceso la parte del Plan Nacional de Desarrollo que contempla reducir el costo del kilovatio industrial en Colombia. También se refirió al licenciamiento de proyectos y anunció avances en la Directiva presidencial de consulta previa, así como, en las líneas de decretos y trámites para tener un
mejor tránsito normativo. Para finalizar, afirmó que recibía con gran interés las reflexiones sobre el INVIMA y la importancia de la diplomacia sanitaria y fitosanitaria para abrir nuevas fronteras al país, e igualmente, expresó el compromiso del gobierno en promover las mejores prácticas en materia de propiedad intelectual para unificar la política pública y ser más contundentes frente a los delitos que atentan contra el patrimonio intelectual de personas y empresas.
