El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, se pronunció este martes sobre lo dicho por la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional Eva Carrascal, quien le confesó a la justicia que recibieron importantes sumas de dinero para favorecer el traslado de pacientes entre EPS.

Lo que afectó a cerca de cinco entidades: Entre ellas la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS (AMBUQ), con medidas que en su concepto vulneran la afrocolombianidad.

De acuerdo con Bustos, es evidente el sesgo del superintendente Fabio Aristizábal, quien según su postura estaría tomando represalias por las decisiones judiciales falladas y en firme proferidas por varios tribunales en su contra, a las que incluso hoy en día se ilegalmente se rehusa a dar cumplimiento.

Los hechos denunciados afectan a más de 760.000 usuarios cuyos recursos de salud terminaron en las arcas de distintas EPS, según la denuncia de la Red de Veedurías. Y recursos del orden de los 60.000 millones de pesos.

Este proceso cursa en la Fiscalía General de la Nación, en donde ya hay una condena que pesa sobre Carrascal, quien indicó en su confesión que José Oswaldo Bonilla, actual superintendente delegado para las supervisión de instituciones en la Supersalud sería una ficha clave en el entramado de corrupción del traslado de pacientes.

Y quien, según la Red de Veedurías de Colombia, curiosamente fue promovido y se desempeña actualmente en el cargo que en su momento ocupó la condenada Carrascal.

«Las denuncias radicadas ante la Fiscalía contemplan los presuntos y reiterados punibles en concurso de prevaricato por acción y fraude procesal, entre otros y quejas ante la Procuraduría General contra el Superintendente Nacional del Salud, Fabio Aristizábal, y otros, derivados de sus múltiples, abiertos e ilegales desacatos durante mas de 20 meses», expresó Bustos.

Lo anterior «De dos ordenes judiciales impartidas, que se hallan en firme, por dos tribunales diferentes por la manifiesta violación a los derechos a la salud, igualdad, trabajo, vida y a la no discriminación de una EPS de asociados. afrocolombianos a la cual el Supersalud en abierto desacato les arrebató mas de 760.000 de sus afiliados», agregó el presidente de la Veeduría.

Paradójicamente, según Bustos, cuando la EPS ostentaba uno de los mejores estándares de desempeño a nivel nacional, certificado por Minsalud. Además, tal incumplimiento a las decisiones judiciales habría sido, según el Tribunal Superior, una retaliación de Supersalud contra la EPS AMBUQ.

«Dado que se puso al descubierto que esa intervención se produjo a cambio de dinero para favorecer otras EPS con base en graves actos de corrupción, según confesión de Eva Carrascal, la exfuncionaria de esta Superintendencia condenada por tal hecho», refirió Bustos.

La red remarcó que Aristizábal, actual Superintendente de Salud en dos ocasiones, ha desacatado órdenes judiciales que le obligan a él y a la Entidad, suspender la intervención irregular que realiza sobre los afectados que pertenecen a la comunidad afro en lo que sería un claro acto de racismo y acto corrupción.

«En un Estado de Derecho nadie puede desacatar las órdenes judiciales y menos quién está obligado a hacerlas cumplir, como es el Superitendente de Salud, llamado a dar ejemplo y más en recursos públicos y el derecho a la salud», indicó Bustos.

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