Magistrado Alejandro Linares y el rechazo a la tutela al expresidente Uribe: «Fue una discusión jurídica enmarcada en el respeto»

Magistrado Alejandro Linares y el rechazo a la tutela al expresidente Uribe: «Fue una discusión jurídica enmarcada en el respeto»

El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se pronunció este jueves tras la decisión del alto tribunal de rechazar la tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien alegó violación al derecho al debido proceso y la defensa.

En diálogo con Konuco y Chagras, Linares indicó las razones para desestimar las pretensiones del exmandatario, quien pretendía la nulidad del proceso, adelantado en su momento por la Corte Suprema, y ratificar la condición de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

«La indagatoria, bajo el sistema penal de Ley 600 (del 2000), tiene una equivalencia a la imputación de la Ley 906 de 2004. Es decir que una persona que ha sido vinculada directamente a un proceso de indagatoria bajo Ley 600 conserva esa vinculación al proceso penal bajo la Ley 906», dijo Linares.

En el concepto del magistrado, coexisten el sistema de tendencia inquisitiva (Ley 600) y el sistema de referencia acusatoria (Ley 906), y que es válido que hay unos sistemas son más garantistas que otros, manifestó el magistrado ponente de este recurso.

«Es decir, frente a la existencia de sistemas procesales paralelos toca llenar esos vacíos cuando hay un tránsito de un sistema a otro. Entonces el juez tiene que valer todo lo actuado y adecuar la actuación procesal al nuevo trámite derivado», precisó Linares.

Basada en derecho

Según explicó Linares, «fue una discusión jurídica enmarcada en el respeto», entre las diferencias o semejanzas entre estas dos leyes, y como se podía hacer esa equiparación, ante la dificultad de la existencia de dos sistemas aplicables, y la eficiacia de todo lo actuado bajo le anterior sistema.

El magistrado dejó en claro que si Uribe Vélez quiere pedir una nueva audiencia en la Corte, lo puede hacer: Así como cualquiera de los sujetos judiciales, ante un juez de control de garantías, como imputado en el proceso penal.

Linares negó que sobre esta determinación tenga un origen político e invitó a la gente a que lean el fallo emitido por el alto tribunal en una decisión en derecho, tras una discusión de más de nueve horas, y que captó la atención del país por la trascendencia que tiene este caso.

«Lo que diría fundamentalmente es que este fue un fallo muy jurídico,  de hondo calado constitucional sobre las garantías del debido proceso en las actuaciones judiciales y lo importante es que se le está dando validez a lo determinado por la Corte Suprema», manifestó.

En detalle

Por útimo, Linares dejó en claro que pese a lo actuado ante esta acción de tutela, este proceso continuará en manos de la Fiscalía General, y que durante la discusión no se abordó el tema de la medida de aseguramiento contra Uribe Vélez, quien estuvo recluido en su finca, ‘El Ubérrimo’, en Córdoba.

«El tema de la medida de aseguramiento no fue debatido en la Corte. Considero que este genera un precedente relevante para aquellas personas que hayan sido indagatoriadas bajo Ley 600, y luego hayan renunciado al fuero, pues sería aplicable para dichos casos», finalizó.

No procedió: Corte Constitucional negó tutela y mantuvo la imputación al expresidente Álvaro Uribe

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Con una reñida votación de 5-4, la Corte Constitucional rechazó en la noche del miércoles el recurso jurídico que buscaba que se le retirara la imputación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien continuará con su condición de imputado por el alto tribunal.

Diana Fajardo, Gloria Ortiz, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alejandro Linares fueron los magistrados quienes negaron la acción del exjefe de Estado. Mientras que Jorge Ibáñez, Paola Meneses, Alberto Rojas y Antonio Lizarazo respaldaron la proposición, en una discusión que tuvo que llevarse de manera presencial en su etapa final para evitar filtraciones.

La acción judicial presentada por el exmandatario, la cual fue interpuesta en febrero pasado, tenía como base que una presunta violación al derecho al debido proceso y a la defensa, según lo expuso el abogado defensor, Jaime Granados, que buscaba revertir lo actuado por la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el letrado, no se puede equiparar la indagatoria entre el viejo sistema (Ley 600 del 2000) y la imputación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004): Una vieja discusión que ya se había dado en los juzgados de Bogotá, luego de que Uribe Vélez tomara la determinación de renunciar a su fuero de senador.

«Se partió de la base de que este es un vacío normativo en el cual la Corte tuvo que hacer uso, acudir a principios y reglas del derecho procesal para llenar ese vacío que se produce por la dificultad de adecuar una situación bajo la ley 600 del año 2000 a la ley 906 de 2004», expresó el magistrado Linares, ponente.

Y añadió que cuando un ciudadano es elegido congresista, como lo fue Uribe Vélez, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado siempre y cuanto se parta de la base de que hay una equivalencia entre la indagatoria y la imputación.

«Una vez más avanzamos en el proceloso camino, de reivindicación de nuestros derechos como víctimas. Ratificamos nuestro respeto y respaldo a las altas cortes», dijo el senador Iván Cepeda, quien fue declarado víctima en este caso del exmandatario, y que esperaba con ansias esta determinación.

«Es una decisión plenamente justificada y en derecho, de manera serena vamos a continuar presentando nuestros argumentos para lograr que muy pronto haya un llamado a juicio de Uribe», expresó el congresista del Polo Democrático.

Visión contraria la que expuso el reconocido abogado penalista Iván Cancino. «Tan errada es la decisión que le da ‘validez’ a todo lo actuado, cuando en materia de ‘prueba’ ni siquiera se ha surtido el debate propio de una eventual, y esperemos que nunca se dé, audiencia preparatoria», expresó el abogado.

Con ello, lo que viene es que la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, concluya con la audiencia de preclusión que pidió el fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes. Aunque un juez de control de garantías podría revisar de nuevo la condición de imputado y cambiar el rumbo de este mediático caso, por el que el expresidente ya pagó prisión de dos meses en su residencia.