La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dau, debido a irregularidades en la contratación de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en 2020. Estas irregularidades comprometen la ética y la legalidad en el manejo de recursos públicos.
El fallo determina que Dau no podrá ejercer cargos públicos durante este periodo, buscando garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. La decisión se basa en denuncias sobre la adquisición de 10,000 pruebas rápidas, las cuales presentaron inconsistencias en su contratación.
La Procuraduría encontró que la administración de Dau cometió faltas graves que justifican esta medida, orientada a prevenir actos de corrupción y promover una gestión pública responsable. Esta decisión también incluye al exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Álvaro José Fortich, quien estuvo involucrado en la firma del contrato con Ventas, Marketing y Distribución Ltda., una empresa que no tenía la capacidad para cumplir con el contrato, lo que llevó a su incumplimiento.
El fallo destaca que, aunque la entidad no estaba obligada a realizar estudios previos, sí tenía la responsabilidad de proteger los intereses de la población beneficiaria de las pruebas COVID-19. Los kits adquiridos por $72,500 tenían precios significativamente mayores comparados con otros laboratorios acreditados, que ofrecían precios desde $21,500.
Además, la Procuraduría ratificó en segunda instancia la sanción contra Dau por llamar «nido de ratas» y «malandrines» a los directivos de la Universidad de Cartagena durante el proceso de selección del contralor distrital en 2020.
Esta sanción forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Procuraduría para asegurar que los funcionarios públicos en Colombia cumplan con los estándares éticos y legales en su gestión.
El Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá ha fallado a favor de Juancho Dique, exparamilitar desmovilizado que perteneció al bloque de los Héroes de los Montes de María, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El caso, con número de referencia 110016000050202327960, involucra al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamad, quien es acusado de coaccionar e inducir a Juancho Dique a ofrecer falso testimonio, además de otros delitos relacionados con la manipulación de pruebas y la presentación de acusaciones falsas. Los documentos del proceso incluyen grabaciones de una conversación en la que, supuestamente, Dau habría presionado a Dique para testificar en contra de ciertos empresarios a cambio de beneficios para las víctimas del conflicto armado.
El juez de Bogotá ha decidido archivar el proceso contra Dau y proteger los derechos de Dique. Además, el caso ha sido reasignado a la Fiscalía 50 especializada en delitos contra la administración pública en Bogotá, que ahora deberá investigar a fondo las pruebas aportadas por Dique para determinar si se puede formular una acusación formal contra el exalcalde.
Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación, ha reiterado su determinación de combatir a los falsos testigos, quienes han desviado investigaciones y facilitado la impunidad en casos importantes.
Hasta la fecha, silencio total por parte del señor exalcalde William Dau frente a este caso en los medios de comunicación.
Cartagena, viernes 12 de abril de 2024. | Por sus beneficios competitivos y ambientales; además de su disponibilidad y capacidad de contribuir a la calidad de vida de la gente, el gas natural ha sido catalogado en este momento histórico como un energético clave que contribuye al crecimiento económico, acelera la transición energética y satisface las demandas energéticas de los colombianos.
Sobre este tema se refirió John Maya Salazar, gerente general de EPM, durante su intervención en el panel “Revolución energética: alternativas para enfrentar el cambio climático” que tuvo lugar este viernes 12 de abril en el Congreso de Arpel Naturgas 2024 en Cartagena.
“En nuestro país, la transición requiere una diversificación de la matriz energética con fuentes de energías renovables, para lo cual, es imprescindible un energético limpio y económicamente viable que sirva como respaldo, y como Organización, le apostamos aquellas energías alternativas que contribuyan al bienestar de la gente y al cuidado del ambiente como lo son el hidrógeno verde, el biometano y el biogás”, indicó el gerente Maya Salazar.
Colombia es un país con un alto potencial de biomasa residual disponible, generada en diferentes procesos productivos como el pecuario, agrícola, forestal, agroindustrial y los residuos sólidos urbanos que han sido identificados como posibles generadores de biogás.
“Nosotros estamos convencidos de que el gas natural es un energético indispensable para apalancar toda esta transición, en particular con la amplísima gama de actividades que todavía no son electrificables y que requieren atención urgente, pues están siendo atendidas con combustibles de altas emisiones y es preciso que evolucionen al gas natural, el mejor combustible disponible para actividades térmicas cotidianas. En otras palabras, tanto la producción como la demanda deben tener canastas energéticas limpias y sostenibles. No es posible depender únicamente de una sola fuente, por lo que debemos aprovechar las fortalezas que tenemos como país en términos de recursos energéticos para ofrecer servicios que sean pagables por nuestros usuarios”, destacó el gerente general de EPM.
El país requiere un abastecimiento competitivo de gas natural
Los recientes descubrimientos que se han anunciado de pozos de gas natural confirman que Colombia mantiene un potencial de reservas costa afuera que deben aprovecharse para garantizar el abastecimiento del energético y su confiabilidad para todo el país en el largo plazo.
«Para garantizar el abastecimiento en el corto plazo de esta nueva demanda y a la existente, es necesario que tanto productores, transportadores y comercializadores, así como los consumidores, hagan parte de la transición energética, entendiéndola como un proceso o camino que se debe recorrer juntos y no como una meta con una fecha determinada», explicó el gerente Maya Salazar.
La demanda de gas natural en Colombia crecerá. En la transición energética, el gas natural tendrá crecimientos importantes en varios sectores como la industria, la movilidad y la generación de energía. En la demanda residencial, habrá un gran impacto social al llegar a los usuarios más vulnerables. Para estos mercados es necesario ofrecer tarifas justas y competitivas.
“En este sentido los esfuerzos del Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), son determinantes para que sea posible el incremento de la oferta del gas nacional en el proceso de comercialización de este año, privilegiando la demanda residencial, vehicular y comercial de gas natural. Además, es necesario que se creen las condiciones flexibles para que los distribuidores que representan la demanda del país puedan importar gas, y, para que se establezca la “estampilla” nacional al transporte de gas. De lo contrario, el gas natural llegará a precios demasiado altos para nuestros usuarios”, enfatizó el gerente John Maya Salazar.
Actualmente, los agentes del sector están llevando a cabo una serie de acciones para asegurar un abastecimiento competitivo de gas natural: esto incluye desde inversiones en infraestructura de transporte y almacenamiento, hasta en tecnologías de producción más eficientes y sostenibles. Sin embargo, es necesario una actuación más decidida por parte de los productores para garantizar el suministro en el corto y mediano plazo, esfuerzos que se vean reflejados en precios justos y accesibles para los consumidores y que no los lleven al uso de sustitutos que podrían ser más perjudiciales para el medio ambiente y a la pérdida de competitividad de la industria.
Hitos con sello EPM
1. Primera planta de biometano de Colombia: con la operación de esta planta, en la PTAR San Fernando, que requirió una inversión aproximada de 5 millones de dólares, EPM le apunta al aprovechamiento de aproximadamente 1.200 m3/h de biogás. Con el biometano producido alcanzaría para la atención de 40 mil hogares. Todo un modelo de economía circular.
2. Producción de hidrógeno verde: EPM, en equipo con Aguas Nacionales, filial del Grupo EPM, inició la producción a pequeña escala de hidrógeno verde, a través de un piloto en su PTAR Aguas Claras. El hidrógeno lo obtiene en proceso de electrólisis o descomposición del agua en sus componentes básicos: hidrógeno y oxígeno, utilizando la energía eléctrica autogenerada en la misma planta, la cual se obtiene por medio de la combustión del biogás en motogeneradores.
Cartagena, 29 de febrero de 2024. Hoy empezó formalmente el desmonte de la torre Aquarela, ubicada en inmediaciones del Castillo de San Felipe, en Cartagena. La decisión obedece a la amenaza que esta edificación representa para la conservación por parte de la ciudad del título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Unesco en 1984.
El acuerdo de demolición progresiva se logró en enero pasado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía de Cartagena, quienes coincidieron en que el desmonte debe hacerse de forma manual, piso a piso.
La operación tendrá un costo de 11 mil millones de pesos, asumidos en su totalidad por la Alcaldía, luego de una demanda interpuesta por el Ministerio de las Culturas, como resultado de una acción popular, por la violación a las disposiciones del POT que limita el número de pisos, en el sector.
La Procuraduría General de la Nación coadyuvó en esta demanda. La sentencia del Ministerio público expresa que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, su utilización y defensa, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas. Igualmente declara amenazados los derechos colectivos del patrimonio público y cultural de la Nación.
Inicio de la demolición
En la mañana de hoy la inspectora de Policía procedió a realizar el secuestro del inmueble, para darle vía, a partir de ese momento, al proceso de desmonte.
“Estamos hablando de la recuperación de 619 metros de espacio público que invade la que ha sido considerada una mole”, precisó Luisa Trujillo, secretaria general del Ministerio de las Culturas, en declaraciones a Avanza el Cambio, programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.
La funcionaria explicó que “el Ministerio está acompañando este proceso, porque tenemos como objetivo fundamental proteger el patrimonio de todos los colombianos y, por supuesto, la declaratoria de patrimonio de la humanidad de Cartagena, por parte de la Unesco”.
Patrimonio mundial
Colombia ha presentado informes bianuales (2019 – 2021 – 2023), notificando los avances jurídicos en torno al proyecto de demolición, para que Cartagena siga siendo parte de la lista de patrimonio mundial.
Sin embargo, el Ministerio advierte que se debe entregar un informe actualizado ante la Unesco el 1 de diciembre de 2024 para que la ciudad siga conservando ese título. Para esa fecha, el edificio debe estar fuera de la zona de protección patrimonial.
“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, vamos a adelantar siempre todas las acciones de prevención y supervisión para proteger el patrimonio cultural de los colombianos”, aseveró la viceministra Trujillo.
Trujillo pidió a los curadores rigurosidad en el cumplimiento de las normas nacionales y territoriales, con el fin de que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir: “que nunca más tengamos que devolver una construcción que afecte el patrimonio de todos”, concluyó la viceministra.
Un exjuez de la República y ahora abogado litigante, denuncia la existencia de un presunto cartel al interior de la Fiscalía seccional Cartagena.
Uno de los fiscales denunciados, fue mencionado por el exrector de la Universidad de Córdoba, quien hace unas semanas se sometió para contarle toda la verdad a la JEP
Se trata Un fiscal Especializado de Cartagena quien fue relacionado con un presunto entramado de corrupción en la ciudad heroica.
Su nombre es Pedro Manuel Diaz Pacheco Fiscal Primero Especializado, quien hace más de tres años fue denunciado por los delitos de fraude procesal y falsedad. A la fecha ese proceso permanece engavetado sin que nada pase.
“Lo curioso y llamativo es que algunas de las denuncias se hicieron en Bogotá, pero fueron trasladadas a la seccional Bolívar es decir ellos mismos se investigan” precisó el denunciante quien además señaló que:
“Ni siquiera, la Fiscalía se ha dignado en citarme para rendir una declaración bajo juramento (…) esa denuncia precisamente fue porque ese fiscal uso en el curso de una investigación penal un documento falso y eso le sirvió para tener presa a mi clienta”, dijo el abogado denunciante y ex juez Bonifacio Corrales.
Cabe señalar que el nombre del fiscal denunciado aparece mencionado en el auto de la JEP que, en diciembre pasado, admitió el sometimiento del Víctor Hugo Hernández Pérez, el exrector de la Universidad de Córdoba, hoy condenado por nexos con los paramilitares.
En ese documento se indica que, presuntamente, el fiscal Pedro Manuel Díaz Pacheco, haría parte de una red de corrupción que utilizaría falsos testigos, versión que será analizada por los magistrados del tribunal de Paz.
El documento de la JEP entre otros puntos precisa que; “Además, arguyó que si bien se inició una investigación contra Fabio Severiche Mercado por, supuestamente, haber inducido falsos testimonios, también es cierto que en el marco del proceso adelantado en contra de Hernández Pérez, el testimonio de Mejía López no solo fue recibido por el fiscal cuestionado, sino también por otros funcionarios, tales como, Myriam Martínez, Fiscal Tercera Especializada de Cartagena; Pedro Manuel Díaz Pacheco, Fiscal Primero Especializado de Cartagena; Álvaro Lara Herrera, Fiscal Especializado encargado de Cartagena; Claudia Marcela Martínez Murillo, encargada de la Fiscalía 84 Especializada Proyecto OIT Cartagena; entre otros.
Por lo visto, encuentra esta magistratura que, al igual que lo que sucede con el eventual aporte a la verdad sobre el homicidio de Hugo Iguarán Cotes, la información allegada deberá ser evaluada en el marco de la acción de revisión que sea presentada ante la sección competente del Tribunal para la Paz”. Se lee en el auto de la JEP.
Finalmente es de señalar que el denunciante le reiteró a la justicia la necesidad de investigar los hechos señalados.
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