por Konuco | Ene 14, 2025 | Destacadas, Región, Salud
La Asociación Indígena del Cauca (AIC) enfrenta una difícil situación financiera y administrativa. La Superintendencia Nacional de Salud le revocó el permiso de operación en ocho departamentos debido a incumplimientos en su gestión.
Esta medida entrará en vigor una vez el Ministerio de Salud concrete el traslado de los afiliados a nuevas EPS, garantizando así la continuidad en la atención. En el Huila, AIC tiene 57.000 usuarios, en su mayoría indígenas, que podrían ser trasladados a la EPS Mallamas, respetando sus prácticas culturales.
En el ámbito financiero, AIC deja un déficit de $39.000 millones con hospitales del Huila. El Hospital Universitario Hernando Moncaleano lidera los montos adeudados con $18.800 millones, seguido por el Hospital San Antonio de Padua con $4.500 millones.
Otros 13 hospitales de primer nivel también están afectados. La Superintendencia exigió a la entidad establecer acuerdos de pago para cubrir estas deudas como parte del proceso de liquidación. Según Sergio Mauricio Zúñiga, secretario de Salud del Huila, se espera que estos compromisos sean cumplidos para evitar mayores impactos en la red hospitalaria.
La comunidad indígena, preocupada por la incertidumbre, solicita que los traslados sean colectivos hacia EPS que entiendan sus necesidades culturales. Una reunión clave entre la Superintendencia, AIC y los líderes indígenas está programada para mediados de enero, donde se definirán los pasos finales del proceso.
Durante este periodo de transición, la AIC tiene la obligación de seguir prestando servicios médicos y administrativos a sus usuarios, así como habilitar canales de información para mantenerlos actualizados sobre los cambios.
por Konuco | Nov 15, 2023 | Nacional
En una carta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, y el Director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar en Bogotá D.C., Luis Fernando Correa Serna, diversos departamentos de Colombia han solicitado recursos adicionales para la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2024.
La solicitud busca alcanzar una cobertura universal del 76% al 95%, impactando el acceso y la permanencia escolar. El objetivo es extender el programa más allá del periodo escolar, convirtiéndolo en una estrategia integral de seguridad alimentaria.
Desde la implementación de la Ley 1450 de 2011, que estableció la concurrencia entre el Ministerio de Educación Nacional y las Entidades Territorialespara la ejecución del PAE, los departamentos han asumido la corresponsabilidad en su financiación. Sin embargo, los recursosasignadosdurante el año 2023, que ascendieron a $1.58 billones por parte del Gobierno nacional y $1.75 billones por las entidades territoriales, no fueron suficientes para cubrir la meta de cobertura nacional.
Los esfuerzos presupuestales de los departamentos para ampliar la atención y cumplir con las metas propuestas, comprometiendo recursos del Sistema General de Regalías, fondos propios y crédito público, reflejan la prioridad dada al PAE. No obstante, la situación se ha vuelto insostenible, llevando a la solicitud de un aumento significativo en la participación financiera del Gobierno nacional.
La carta señala la disposición de los departamentos para priorizar el Programa, pero enfatiza en la necesidad de duplicar la participación de la nación en su financiación. Esto permitiría equilibrar la asignación de recursos y atender otras necesidades fundamentales, como la seguridad humana y la justicia social.
La petición se fundamenta, además, en la obligación legal establecida en la Ley 2200 de 2022 Régimen Departamental, que requiere al Gobierno Nacional identificar competencias descentralizadas sin asignación de recursos y garantizar asignaciones presupuestales para su cumplimiento.Se espera que esta solicitud sea considerada en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, «Colombia, Potencia Mundial de la Vida», con el fin de cerrar brechas en territorios y mejorar las oportunidades educativas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.
