Piden a candidato a Contralor General que aclare posibles nexos con narcotráfico: Red de Veedurías emitió alerta

Piden a candidato a Contralor General que aclare posibles nexos con narcotráfico: Red de Veedurías emitió alerta

La Red de Veedurías de Colombia le solicitó a las autoridades pertinentes que se aclaren supuestas relaciones de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, candidato a ocupar el cargo de Contralor General, con lo que serían conocidos narcotraficante del Valle del Cauca.

De acuerdo con la denuncia dada a conocer por Pablo Bustos, presidente de la Red, estos presuntos vínculos ponen en duda la honorabilidad del cargo a contralor, «pues estos grupos delincuenciales le han hecho mucho daño a Colombia».

«Ahora también saltan a la vista los presuntos amigos y aliados políticos de su esposa, Lina María Bedoya, exgerente del Aereopuerto de Cartago, conocido por el mar de turbulencias frente a los posibles nexos con el narcotráfico de esa era oscura del norte del Valle», indicó Bustos.

Y es que de acuerdo con la información revelada por el presidente de la Red de Veedurías, Bedoya llegó al cargo -al parecer- de la mano de Luis Carlos Restrepo, conocido como alías ‘El mudo Restrepo’, condenado por parapolítica y por homicidios de líderes sindicales de la época.

A su vez, de acuerdo con Bustos, la llegada de la esposa de Rodríguez Becerra a la cartera de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle, en el Gobierno de Angelino Garzón, pareciera que fue el resultado de un acuerdo político.

«Que habría contado con el aval de Ariel Rodríguez, alías ‘El Diablo’, jefe de sicarios de alias ‘Rasguño’, también judicializado por delitos de narcotráfico y crimen organizado, y la exrepresentante a la Cámara María Nancy Montoya, sindicada por los mismos delitos», señaló el denunciante.

«Estos hechos preocupan y deben ser aclarados por el mismo candidato», concluyó Bustos, quien elevó esta petición a un día de efectuarse la elección del nuevo contralor, por parte del Congreso de la República.

Según la Red de Veedurías, desacatos de ordenes judiciales de Supersalud favorecen cartel de venta de pacientes

Según la Red de Veedurías, desacatos de ordenes judiciales de Supersalud favorecen cartel de venta de pacientes

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, se pronunció este martes sobre lo dicho por la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional Eva Carrascal, quien le confesó a la justicia que recibieron importantes sumas de dinero para favorecer el traslado de pacientes entre EPS.

Lo que afectó a cerca de cinco entidades: Entre ellas la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS (AMBUQ), con medidas que en su concepto vulneran la afrocolombianidad.

De acuerdo con Bustos, es evidente el sesgo del superintendente Fabio Aristizábal, quien según su postura estaría tomando represalias por las decisiones judiciales falladas y en firme proferidas por varios tribunales en su contra, a las que incluso hoy en día se ilegalmente se rehusa a dar cumplimiento.

Los hechos denunciados afectan a más de 760.000 usuarios cuyos recursos de salud terminaron en las arcas de distintas EPS, según la denuncia de la Red de Veedurías. Y recursos del orden de los 60.000 millones de pesos.

Este proceso cursa en la Fiscalía General de la Nación, en donde ya hay una condena que pesa sobre Carrascal, quien indicó en su confesión que José Oswaldo Bonilla, actual superintendente delegado para las supervisión de instituciones en la Supersalud sería una ficha clave en el entramado de corrupción del traslado de pacientes.

Y quien, según la Red de Veedurías de Colombia, curiosamente fue promovido y se desempeña actualmente en el cargo que en su momento ocupó la condenada Carrascal.

«Las denuncias radicadas ante la Fiscalía contemplan los presuntos y reiterados punibles en concurso de prevaricato por acción y fraude procesal, entre otros y quejas ante la Procuraduría General contra el Superintendente Nacional del Salud, Fabio Aristizábal, y otros, derivados de sus múltiples, abiertos e ilegales desacatos durante mas de 20 meses», expresó Bustos.

Lo anterior «De dos ordenes judiciales impartidas, que se hallan en firme, por dos tribunales diferentes por la manifiesta violación a los derechos a la salud, igualdad, trabajo, vida y a la no discriminación de una EPS de asociados. afrocolombianos a la cual el Supersalud en abierto desacato les arrebató mas de 760.000 de sus afiliados», agregó el presidente de la Veeduría.

Paradójicamente, según Bustos, cuando la EPS ostentaba uno de los mejores estándares de desempeño a nivel nacional, certificado por Minsalud. Además, tal incumplimiento a las decisiones judiciales habría sido, según el Tribunal Superior, una retaliación de Supersalud contra la EPS AMBUQ.

«Dado que se puso al descubierto que esa intervención se produjo a cambio de dinero para favorecer otras EPS con base en graves actos de corrupción, según confesión de Eva Carrascal, la exfuncionaria de esta Superintendencia condenada por tal hecho», refirió Bustos.

La red remarcó que Aristizábal, actual Superintendente de Salud en dos ocasiones, ha desacatado órdenes judiciales que le obligan a él y a la Entidad, suspender la intervención irregular que realiza sobre los afectados que pertenecen a la comunidad afro en lo que sería un claro acto de racismo y acto corrupción.

«En un Estado de Derecho nadie puede desacatar las órdenes judiciales y menos quién está obligado a hacerlas cumplir, como es el Superitendente de Salud, llamado a dar ejemplo y más en recursos públicos y el derecho a la salud», indicó Bustos.

Difunden falso rumor con fines electorales en el que se dice que se habría sobornado al Tribunal de Cundinamarca

Difunden falso rumor con fines electorales en el que se dice que se habría sobornado al Tribunal de Cundinamarca

La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de su presidente Pablo Bustos alertó y puso en conocimiento las denuncias anónimas que recibió el Organismo ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, la Fiscalía y demás organismos adscritos en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral URIEL,  tras recibir información en la que se precisan detalles que extrañamente puntualizan acciones judiciales con fecha y hora contra el candidato que encabeza las encuesta en ese municipio de Cundinamarca  y en favor del candidato y cuñado del actual burgomaestre de esa municipalidad, que más allá de su certeza o veracidad minan gravemente de manera desleal, ilegal y antidemocrática la confianza de la ciudadanía de cara al certamen electoral y en el sistema judicial

“Las denuncias anónimas que nos envían aseguran que la próxima semana y a menos de 15 días para las elecciones se expediría una orden de captura “fletada” con fines electorales imputación de cargos y medida de aseguramiento para generar una afectación reputacional sin importar que pase luego en el proceso y para tal fin se estaría haciendo una colecta o “vaca “ cercana a los 2000 millones de pesos, rumor que se esparció por todo el municipio  donde se dice que incluso se estarían feriando propiedades para recoger la plata del supuesto pago” Aseguró Pablo Bustos Presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

 

Por lo anterior el organismo veeduríal envió un escrito en el que le pide a las autoridades competentes hacer pedagogía para que la ciudadanía no sea engañada y brinden las garantías en el certamen democrático que se avecina para el ejercicio del voto libre.

 

“Estos rumores con supuestos datos precisos causan sobre la población una desafortunada y grave desconfianza de cara al comportamiento de la institucionalidad, por eso deben ser investigados juiciosamente, nuestro deber como veedores es advertir y denunciar, y por su parte el de las autoridades competentes investigar y actuar de manera inmediata” preciso Bustos “Este es un claro ejemplo de la deformación del limpio juego electoral en el país”.

Po último cabe resaltar que este rumor tomó fuerza tras hechos pasados en el que las autoridades lograron determinar que se realizó un soborno en el Tribunal de Cundinamarca, que en ese momento pretendía favorecer a un alcalde del municipio de Cota. Y haciendo uso de ese nefasto antecedente, corre nuevamente en el municipio de Cota, Cundinamarca, un rumor similar en el que se asegura que se habría sobornado a funcionarios del Tribunal de Cundinamarca, versión en la que involucran al alcalde de esta municipalidad, Carlos Moreno, de quien se asegura estaría haciendo una “vaca” supuestamente para pagar el favor y de esta manera, inclinar la balanza electoral que incluye a su cuñado como candidato a sucederlo.

Esta falsa noticia ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes quienes investigan su origen. Un rumor que pretende desfavorecer al candidato aquí involucrado y que bien una vez se logre establecer los autores intelectuales de la calumnia, los involucrados como las autoridades, podría iniciar un proceso judicial para castigar este delito.