La Corte Constitucional reiteró este viernes su exhorto al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidan, sin más dilaciones, un estatuto de educación para las comunidades indígenas. Según concluyó la Sala Sexta de Revisión, persiste un vacío normativo que afecta el ejercicio pleno de los derechos a la participación y a la identidad cultural de estos pueblos.
La decisión se dio al revisar una tutela presentada por la comunidad indígena Totarco, ubicada en el sur del Tolima, la cual alegó vulneración de sus derechos por parte de la Secretaría de Educación Departamental al no concertar las reglas del proceso para seleccionar el personal administrativo de una institución educativa.
Es decir, la comunidad indígena Totarco presentó esta tutela porque la Secretaría de Educación Departamental designó personal administrativo sin consultar ni acordar con la comunidad, lo que consideraron una violación de sus derechos.
El problema principal radica en que en Colombia no existe una ley o reglamento claro que establezca cómo deben seleccionarse las personas que trabajan en las escuelas indígenas, no solo docentes y directivos, sino también el personal administrativo.
Esta falta de regulación impide que las comunidades indígenas participen activamente en la elección de estos empleados y que se respeten criterios que garanticen su identidad cultural y formas propias de organización.
La Corte concluyó que, además del vacío normativo en la designación de docentes y directivos docentes en contextos indígenas, también existe una falta de regulación en cuanto al nombramiento del personal administrativo. Indicó que, aunque su naturaleza es distinta, su designación también debe garantizar el acceso a los cargos públicos con enfoque étnico y concertación previa con las autoridades indígenas.
La Sala, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la exmagistrada Cristina Pardo Schlesinger, recordó que el exhorto para crear un estatuto de etnoeducación se formuló por primera vez hace más de diez años y fue reiterado en 2021, sin que hasta ahora se haya dado respuesta normativa.
Según explicó el tribunal, la ausencia de este marco legal impide establecer reglas claras y concertadas para procesos de selección en instituciones educativas indígenas, lo que termina afectando el derecho a preservar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios.
En este caso concreto, la Corte ordenó al departamento del Tolima adelantar una nueva convocatoria pública para cubrir el cargo de auxiliar administrativo en la institución educativa Totarco Dinde. El proceso deberá concertarse previamente con las autoridades de la comunidad y garantizar criterios de mérito, preferencia por personas pertenecientes a la comunidad y conocimientos básicos sobre su cultura.
De Colprensa para Konuco.