por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Nacional
La reubicación temporal de la comunidad Embera a una sede del Instituto Distrital de la Participación (Idpac) en la localidad de Fontibón continúa en proceso de concertación mientras persisten las reuniones entre la Secretaría de Gobierno de Bogotá y habitantes del sector Salitre. La medida obedece a una orden judicial que exige garantizar condiciones más dignas para esta población indígena desplazada.
Durante una reunión reciente, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se reunió con líderes comunitarios del Salitre para escuchar sus preocupaciones y explicar que el traslado es transitorio. En el encuentro se reiteró el compromiso institucional de mantener el diálogo abierto y brindar información clara sobre cada etapa del proceso.
La Secretaría señaló que uno de los principales objetivos es asegurar condiciones de bienestar para la comunidad Embera sin afectar la tranquilidad de los vecinos del área de recepción. Las autoridades también explicaron que el proceso busca proteger a la niñez y la primera infancia Embera, en línea con los principios de derechos humanos.
En las mesas de trabajo han participado asociaciones barriales, organizaciones sociales y representantes de los sectores aledaños. Según la Alcaldía, estos espacios han permitido despejar dudas y construir estrategias conjuntas.
“El objetivo es avanzar progresivamente hacia el retorno digno de la comunidad indígena”, explicó el secretario Quintero, quien aseguró que Bogotá se caracteriza por su vocación solidaria y su respeto por la diversidad.
La Secretaría de Gobierno concluyó que no se implementará ninguna decisión definitiva sin la participación activa de los habitantes del Salitre. Al cierre del encuentro, la entidad agradeció la disposición de las comunidades y reiteró que actuará con transparencia y respeto hacia todos los actores involucrados.
De Colprensa
por Konuco | Jul 12, 2025 | Destacadas, Nacional
Las fuertes lluvias registradas desde la madrugada del 11 de julio obligaron al Ministerio de Transporte a desplegar acciones de emergencia para atender varios puntos críticos en el corredor vial Bogotá–Villavicencio. Actualmente, se mantienen restricciones en al menos tres tramos por deslizamientos y obstrucciones en la vía.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, encabezó este sábado una reunión de seguimiento con las entidades del sector para fortalecer la respuesta frente a la emergencia. El Puesto de Mando Unificado (PMU) continúa activo, en coordinación con los alcaldes locales, las gobernaciones de Cundinamarca y Meta, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la concesión Coviandina.
Rojas explicó que el Gobierno mantiene su compromiso con la seguridad de los usuarios de la vía y con el acompañamiento a las comunidades afectadas. “Nuestra tarea es clara: atender la emergencia, restablecer la movilidad y acompañar a las familias afectadas. No vamos a dejar sola a la comunidad”, afirmó la funcionaria.
Actualmente se reportan cierres parciales en el kilómetro 36+900, sentido Villavicencio–Bogotá, por material pendiente de retiro, y en el kilómetro 36+600, sentido Bogotá–Villavicencio, debido a una obstrucción en un box culvert. Además, el tránsito en el túnel de Quebrada Blanca, en dirección hacia Villavicencio, y en el punto PR 69+350 permanece restringido a un solo carril durante las 24 horas.
Las lluvias continúan en algunos sectores del corredor vial, con un flujo vehicular que se mantiene moderado, según los reportes más recientes de las autoridades.
El Ministerio de Transporte recomendó a los usuarios acatar las instrucciones de las autoridades viales y mantenerse informados a través de los canales oficiales, con el fin de evitar riesgos y facilitar las labores de intervención en la zona.
La ministra concluyó que se mantendrán reuniones técnicas permanentes con el sector transporte para monitorear el estado de la vía y orientar las intervenciones necesarias que garanticen la movilidad segura.
De Colprensa
por Konuco | Jul 11, 2025 | Destacadas, Nacional
Durante la conmemoración de los diez años del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, instó a la Corte Constitucional a actuar “sin tener en cuenta los debates cotidianos de la política a ocho meses de elecciones” al momento de decidir sobre la entrada en vigencia de la reforma pensional.
“Espero que la Corte Constitucional no actúe con la división política de Colombia”, dijo, al advertir que su función es vigilar el cumplimiento de los procedimientos legislativos, no intervenir en disputas partidistas.
Dussán explicó que tras el fallo que ordenó repetir el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, el Congreso cumplió con cada uno de los requerimientos.
“Estuve presente durante los dos días de debate. Se cumplieron todos los requerimientos planteados por la Corte”, indicó, y añadió que ahora le corresponde al alto tribunal “decir cuándo entra en vigencia la ley”.
Según señaló, la Ley 2381 —como fue numerada la reforma— solo tiene vigentes dos artículos por decisión de la Corte: el que permite el traslado de recursos al nuevo sistema (artículo 76) y el que habilita la creación de las Administradoras Colombianas de Ahorro Individual (ACAI). El resto del articulado aún está pendiente de entrada en vigor.
Pese a ello, el presidente de Colpensiones afirmó que la entidad ya está preparada para asumir el reto:
“Tenemos toda nuestra infraestructura tecnológica, puntos de atención, personal capacitado y recursos presupuestales. Los 17 millones y medio de colombianos pueden empezar a venir desde ya, con o sin vigencia de la ley”.
Durante su intervención, Dussán defendió el funcionamiento del pilar solidario de la reforma pensional, que agrupará a adultos mayores que no lograron reunir las semanas necesarias para pensionarse. Explicó que este componente será financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación y con los aportes de los actuales pensionados a Colpensiones.
Indicó que este bono pensional reemplaza el antiguo programa “Colombia Mayor” y que el subsidio fue incrementado a $225.000 pesos para personas mayores de 80 años.
“A partir del pago de enero del próximo año se espera que 2.800.000 personas reciban un bono de $230.000 pesos cada dos meses”, señaló. También precisó que hoy se benefician más de 1 millón de personas y que ese número seguirá creciendo.
“El bono pensional y el aporte pensional han sacado a más de 2 millones y medio de colombianos de la pobreza”, concluyó.
El evento fue también la ocasión para presentar el balance de los diez años del programa BEPS, creado para quienes no tienen la posibilidad de cotizar de manera constante al sistema de pensiones. Según Colpensiones, 1.619.328 personas cuentan con una cuenta activa en el programa. De ese total, 1.029.744 han logrado ahorrar voluntariamente.
A lo largo de la última década, 543.736 personas recibieron un seguro de vida sin costo. Actualmente, 54.672 beneficiarios reciben un ingreso vitalicio bimensual con un incentivo adicional del 20 % otorgado por el Estado. Además, 273 personas lograron pensionarse usando el sistema de equivalencias de BEPS.
Dussán destacó que
“la tarea de nosotros es proteger a quienes nunca cotizaron, pero han hecho el esfuerzo de ahorrar”.
En el evento, se entregaron $181 millones de pesos a ocho familias que, gracias a su ahorro en BEPS, pudieron acceder a una vivienda. También anunció que a partir del próximo año los premios y sorteos para ahorradores se ampliarán y podrán ser usados para estudios, arreglos locativos o compra de vivienda.
El presidente de Colpensiones también respondió a las críticas sobre el trámite legislativo de la reforma pensional. Señaló que quienes se oponen lo hacen con fines electorales y no han propuesto una alternativa para atender a millones de adultos mayores sin protección.
“Hay una campaña electoral para Cámara y Senado. La oposición no votó la reforma y ahora busca que la Corte la tumbe”, afirmó.
Dussán insistió en que la ley fue aprobada conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley Quinta, y que la Corte debe limitarse a verificar que se haya cumplido el procedimiento.
“La Corte no es legisladora. Tiene que custodiar la Carta del 91 y no dejarse arrastrar por divisiones políticas”, expresó.
Advirtió además que
“los magistrados que quieran hacer política, como algunos ministros, debieron haber renunciado”,
y manifestó su confianza en que la Corte actuará conforme al mandato constitucional.
En el cierre de su intervención, Dussán hizo un llamado a los precandidatos al Congreso y a la Presidencia para que se comprometan con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
“Lo que se necesita no es confrontación, sino responsabilidad política. La Constitución dice que hay que proteger a los viejos y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno”, concluyó.
por Konuco | Jul 10, 2025 | Destacadas, Nacional
Una alerta por la baja cobertura en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) lanzó este martes la Alianza Nacional Abrázame, conformada por varias organizaciones comprometidas con la eliminación del cáncer de cuello uterino en el país.
Según la Alianza, solo el 19,5 % de niñas y niños de 9 años, en promedio, han sido vacunados, lo que equivale a un déficit del 20 % en la cobertura esperada para mayo de este año.
«Las cifras son alarmantes y nos enfrentan a una realidad inaceptable: niñas, niños y adolescentes están creciendo sin una vacuna que puede salvarles la vida. Esta situación representa no solo una falla institucional, sino también un reflejo de la deuda histórica del Estado con el derecho a la salud, particularmente en zonas rurales, marginadas y con poblaciones vulnerables», afirmó la alianza.
En el mundo, se calcula la aparición anual de 662.301 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y más de 348 mil muertes, con base en cifras de Globocan de 2022.
En Colombia, hay una mortalidad de 2.435 mujeres y 4.570 casos detectados. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno aumenta las posibilidades de supervivencia en un 91 %.
«Hacemos un llamado a todos los actores del sistema de salud en el país, a las autoridades territoriales, para que contribuyan, apoyen y prioricen la implementación de estrategias urgentes, sostenidas y con enfoque diferencial que permitan cerrar las brechas de cobertura de la vacunación contra el VPH, especialmente en contextos donde la vacunación ha sido históricamente más baja», agregó la alianza.
De Colprensa
por Konuco | Jul 9, 2025 | Destacadas, Nacional
La Contraloría General de la República revisó las cuentas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y encontró que se perdieron casi $8.000 millones por errores en el manejo del dinero y en la administración de la institución.
Según la Contraloría, la universidad no hizo a tiempo los trámites necesarios para recuperar unos recursos que otras entidades públicas del Chocó habían recogido por concepto de la estampilla Pro UTCH. Esta estampilla es un dinero que deben entregar entidades como la Gobernación del Chocó, el Hospital San Francisco de Asís, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Alcaldía de Quibdó.
Entre los años 2018 y 2020, esas entidades reunieron más de $7.000 millones para la universidad, pero esta no actuó a tiempo para exigirlos. Como pasó mucho tiempo sin reclamar ese dinero, ya no se puede cobrar legalmente. Por eso, ese dinero se perdió y eso afectó las finanzas de la universidad.
La Contraloría también revisó algunos pagos que hizo la universidad en 2024 por servicios contratados. Detectó que en tres contratos (números 0004, 0006 y 0009) se pagó el valor total sin tener pruebas suficientes de que los servicios se cumplieron. Por eso, se presume que el Estado perdió $480 millones.
También se encontraron irregularidades con los viáticos, que son dineros que se entregan a los funcionarios para cubrir gastos cuando viajan por trabajo. La universidad no tiene soportes claros de cómo se gastaron los viáticos en 36 casos. Tampoco se hicieron descuentos de nómina o acuerdos de pago. Esto representa una pérdida de más de $380 millones.
Otro hallazgo es que la universidad pagó $11 millones por intereses, porque presentó tarde las declaraciones de retención en la fuente, que son pagos obligatorios al Estado. Esto pasó, según el órgano fiscal, por falta de organización en la entrega de documentos.
En total, la Contraloría encontró 21 hallazgos. Seis tienen posible daño al dinero público, 14 podrían tener consecuencias disciplinarias para funcionarios, cuatro podrían ir a la justicia penal, dos están en indagación preliminar y uno se envió a la Contaduría General de la Nación.
La Contraloría explicó que seguirá revisando que la universidad cumpla con las correcciones necesarias para que estos errores no se repitan y que el dinero público se maneje correctamente.
Foto: Colprensa – Álvaro Tavera
(Colprensa)
