El Consejo Superior de la Judicatura continuará con sus funciones de gobierno y administración de la Rama Judicial

El Consejo Superior de la Judicatura continuará con sus funciones de gobierno y administración de la Rama Judicial

Este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura confirmó que seguirá ejerciendo sus funciones de gobierno y administración de la Rama Judicial, conforme a la sentencia sobre el proyecto de Ley que modifica la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la cual fue parcialmente declarada exequible por la Corte Constitucional.

En consecuencia, el órgano de gobierno de la Rama Judicial seguirá tomando decisiones sobre políticas que aseguren la autonomía e independencia judicial, el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial y la tutela judicial efectiva.

Además, se informó que se declaró constitucional la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para crear, modificar y eliminar despachos judiciales, considerando los territorios con relaciones funcionales, sociales, económicas y ambientales más allá de la organización política, así como la coordinación con autoridades administrativas y otros actores en la resolución de conflictos.

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Por otro lado, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las funciones de definición de políticas de la Rama Judicial, emisión de conceptos vinculantes y elección del director ejecutivo de administración judicial, asignadas en el trámite legislativo a la Comisión Interinstitucional, ya que estas competencias fueron otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura por la Carta Política.

Sin embargo, la Corte aclaró que la administración y el gobierno de la Rama Judicial deben considerar y responder a las necesidades de las corporaciones, funcionarios, empleados judiciales y la ciudadanía.

La sentencia también establece que la Rama Judicial debe diseñar e implementar un plan estratégico para superar barreras y mejorar el acceso a la justicia, especialmente para poblaciones rurales, vulnerables y personas con discapacidad.

En cuanto a la conformación de listas del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el criterio de equidad de género del proyecto de ley garantizará al menos la paridad entre hombres y mujeres en estas instituciones.

El Consejo Superior de la Judicatura también deberá elaborar un Plan de Transformación Digital para la Rama Judicial cada cuatro años, identificando las necesidades en el uso de TIC y los cambios de modelo necesarios para asegurar el acceso a la justicia. Además, tendrá la responsabilidad de establecer lineamientos y contenidos mínimos para que las cortes, tribunales superiores y administrativos, y juzgados rindan cuentas a la ciudadanía y a los servidores judiciales, promoviendo así la rendición de cuentas y el seguimiento ciudadano de la gestión judicial.

En relación con el acceso a la carrera judicial, se estipula la realización de concursos de ascenso para funcionarios o empleados escalafonados en el grado salarial inferior, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones para los cargos convocados.

Finalmente, sobre el presupuesto de la Rama Judicial, la sentencia declaró constitucional el mandato de que este sea equivalente al 3% del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro nacional, entendiéndose como una realización gradual e incremental.

Congresistas a responder por aporte a «Vaca por Antioquia»

Congresistas a responder por aporte a «Vaca por Antioquia»

El Consejo de Estado ha citado a varios congresistas de la oposición a una audiencia el próximo 19 de junio para examinar una solicitud de pérdida de investidura. Esta acción se deriva del apoyo y promoción de estos legisladores a la iniciativa conocida como la «vaca por Antioquia», destinada a recaudar fondos para la finalización de las vías 4G en el departamento. La demanda fue presentada por Carlos Mario Patiño, quien argumenta que estas donaciones representan una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ya que se tratan de aportes a una entidad pública, lo cual está prohibido por la Constitución.

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Entre los congresistas implicados en la demanda se encuentran Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, todos senadores del Centro Democrático, así como Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado, representantes a la Cámara. La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado marca el inicio de un proceso que podría prolongarse, durante el cual estos legisladores deberán defender sus acciones ante la justicia. Además, el Ministerio Público emitirá un concepto sobre el caso, lo cual podría influir en la decisión final.

Este procedimiento subraya la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito político colombiano y destaca el papel crucial de las instituciones judiciales en la supervisión de la función pública. La resolución de este caso no solo afectará a los congresistas implicados, sino que también podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país, especialmente en la región de Antioquia, donde la iniciativa de la «vaca» ha sido un tema controversial.

 

Consejo de Estado rechaza solicitud de libertad a Mancuso

Consejo de Estado rechaza solicitud de libertad a Mancuso

El Consejo de Estado desestimó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, que buscaba su liberación y la anulación de las órdenes de arresto en su contra.

El tribunal rechazó el recurso después de estudiar el caso, ya que según los magistrados, los habeas corpus no son procedentes cuando se trata de sentencias ejecutoriadas. Así mismo, declararon que este tipo de acción no procede para solicitar la libertad cuando la detención se basa en una sentencia penal firme.

«Considera que la acción de hábeas corpus no es procedente para solicitar la libertad en aquellos eventos en que la privación de la libertad se fundamenta en una sentencia penal ejecutoriada, por cuanto las peticiones de libertad de quien se encuentra privado de la libertad, en virtud de una sentencia condenatoria vigente», afirmó uno de los apartes del auto.

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Para los magistrados de la Sección Primera, Mancuso aún tiene vías legales para solicitar su liberación ante el juez competente, ya que estos recursos no reemplazan los procedimientos ordinarios.

«Se considera que la acción no sustituye los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales se debe formular la petición de libertad ni desplaza al funcionario judicial competente, evidenciando que el actor dispone de otros medios para solicitar la libertad ante el juez natural», añadió la decisión de la sala.

Recientemente, el magistrado José Manuel Bernal Parra suspendió condicionalmente cuatro sentencias contra Mancuso por su participación en crímenes como masacres y desplazamientos forzados. Actualmente, Mancuso está detenido en la cárcel de máxima seguridad de la Picota, y aunque se emitió una orden de liberación, esta está sujeta a que no haya otros procesos judiciales en su contra.

 

Wadith Manzur vinculado en escándalo de la UNGRD

Wadith Manzur vinculado en escándalo de la UNGRD

En una entrevista exclusiva con Vicky Dávila, Olmedo López reveló que Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador, se vendió al gobierno de Gustavo Petro. López indicó que Manzur habría recibido importantes sumas de dinero a cambio de su apoyo a proyectos legislativos impulsados por el Ejecutivo, en particular relacionados con la crisis energética y los altos costos de las tarifas de energía en la Costa Caribe.

López, quien está colaborando con la Fiscalía en el marco de las investigaciones por corrupción en la adquisición de carrotanques para La Guajira, detalló que Manzur fue uno de los funcionarios que participaron en negociaciones secretas. Según López, estos acuerdos incluían la aprobación de reformas y la facilitación de contratos gubernamentales a cambio de sobornos, afectando la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

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Estas revelaciones tienen un impacto significativo en el panorama político actual, poniendo en tela de juicio la integridad de varios miembros del Congreso y las prácticas del gobierno de Petro. El Ejecutivo, que ha defendido una postura firme contra la corrupción, ahora enfrenta el reto de investigar a fondo estas acusaciones y tomar medidas contundentes para restaurar la confianza pública en sus instituciones y procesos legislativos.

 

Con inteligencia militar estarían persiguiendo a Sneyder Pinilla

Con inteligencia militar estarían persiguiendo a Sneyder Pinilla

Mediante un comunicado de prensa a la opinión pública, el reconocido abogado Gustavo Moreno Rivera, como defensa jurídica del señor Sneyder Pinilla Álvarez, hizo una grave denuncia sobre el escándalo de los carrotanques de La Guajira:

“Fui advertido sobre la presunta existencia de dos grupos especializados en inteligencia y contrainteligencia con experiencia militar y armados, dotados de los más altos recursos tecnológicos, y humanos, que estarían haciendo seguimientos e interceptaciones ilícitas, con el ánimo de informar cada movimiento que hace el   testigo clave en el escándalo de los carrotanques y mi prohijado, Sneyder Pinilla, estos seguimientos y perfilamientos incluirían a sus asesores, esposa, hijos, padres y a mí, su abogado defensor”.

Asegura que el único objetivo es entorpecer el proceso ante la justicia y conocer en detalle la estrategia de defensa y el proceso que sea adelantará ante las altas cortes, ya que las denuncias incluyen a poderosos nombres de la política colombiana:

“El objetivo presuntamente es infiltrar y conocer la estrategia de litigio para crear montajes y distractores con el ánimo de desviar el debate frente a los señalamientos que se espera haga ante la Honorable Corte Suprema de Justicia el señor Pinilla Álvarez”.

Esto haría parte de una campaña de desprestigio y de interceptación de comunicaciones:

“Además, la información recopilada por la fuente de alta credibilidad y quien pide la no revelación de su identidad para salvaguardar su integridad, precisa que: Asesores externos han sido convocados para hacer campañas de desprestigio al interior de Entes regulatorios y de vigilancia, para ello también se habría puesto en funcionamiento casas de interceptación”.

Gustavo Moreno pide a las autoridades competentes garantizar el derecho a la legítima defensa y que cesen las interceptaciones ilegales que solo buscan entorpecer el proceso judicial:

“Es mi responsabilidad como defensa técnica del señor y testigo clave, Sneyder Pinilla, preguntarle públicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia antiguo DAS, a la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia militar que laboran en las distintas fuerzas militares como el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y demás agencias o entidades de supervisión control y vigilancia si esta información es cierta, dado que de ser así se estarían violando varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Colombia y las normas que rigen en el territorio nacional, frente a persecuciones o seguimientos ilegales”

Además, Gustavo Moreno aseguró que estos hechos serán puestos en conocimiento de la comunidad internacional y autoridades pertinentes dentro y fuera del país.

“Ejercer el derecho a la defensa no se puede convertir de ninguna manera en un delito, sin abogados es difícil que se garantice el ejercicio de la democracia, reiteramos que no es sano para Colombia que se inicie el perfilamiento de abogados que ejercen sus funciones de manera legal. Califico de muy grave, que grupos élite de seguimiento busquen atacar y desprestigiar con montajes o cortinas de humo a mi prohijado, quien repito es testigo clave de la Fiscalía para desmantelar una red de corrupción con alcance nacional”, puntualizó el exfiscal anticorrupción.