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Primer vuelo de deportación desde Panamá bajo acuerdo con EE. UU.

Primer vuelo de deportación desde Panamá bajo acuerdo con EE. UU.

El gobierno de Panamá ha deportado a 29 migrantes colombianos con antecedentes penales que ingresaron al país a través de la selva del Darién, como parte de la implementación de un acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos en julio. Este es el primer vuelo de deportación realizado bajo este convenio, el cual fue financiado por el gobierno estadounidense.

El viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, confirmó que el vuelo chárter partió desde el aeropuerto de Albrook en Ciudad de Panamá con destino a Bogotá. Los deportados, esposados de pies y manos y sin equipaje, fueron revisados con detectores de metal antes de abordar el avión.

Este acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, firmado el 1 de julio, incluye la deportación de migrantes que crucen la peligrosa selva del Darién, un corredor utilizado por quienes buscan llegar a Estados Unidos desde Sudamérica. En esta primera fase, el enfoque está en deportar a aquellos con antecedentes criminales, aunque el convenio permite la deportación de cualquier persona que ingrese ilegalmente al país a través de esta ruta.

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La agregada de Seguridad Interior de Estados Unidos en Centroamérica, Marlene Piñeiro, destacó que el memorándum contempla la deportación de todo tipo de migrantes, no solo aquellos con antecedentes criminales. Panamá ya había deportado a ciudadanos colombianos con antecedentes en vuelos chárter anteriores este año, pero este es el primer grupo bajo el nuevo acuerdo con Estados Unidos.

Más de 230.000 migrantes han cruzado el Darién en 2024, sumándose a los más de 520.000 que lo hicieron en 2023, según datos oficiales panameños. Las deportaciones continuarán, aunque el director de Migración de Panamá, Roger Mojica, aclaró que la frecuencia de los vuelos dependerá del flujo migratorio y de la coordinación con los países de destino. Debido a la crisis diplomática entre Panamá y Venezuela, no es posible deportar a migrantes venezolanos, quienes representan la mayoría de los que cruzan el Darién.

 

OEA exige al CNE de Venezuela mayor transparencia en la publicación de resultados electorales

OEA exige al CNE de Venezuela mayor transparencia en la publicación de resultados electorales

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela la publicación desglosada de las actas correspondientes a la elección presidencial del 28 de julio. La resolución, promovida por el Gobierno de Estados Unidos, busca garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela.

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La medida también exhorta al CNE a respetar el principio de soberanía popular, asegurando una verificación imparcial de los resultados. Esta resolución fue aprobada por consenso, destacando el respaldo de varios países miembros de la OEA.

Este avance se produce dos semanas después de que un proyecto similar no lograra ser aprobado en una votación previa el 31 de julio, donde faltó un voto para alcanzar la mayoría necesaria. En aquella ocasión, el documento obtuvo 17 votos a favor, quedando corto del umbral de 18, con 11 abstenciones y cinco ausencias.

La reciente aprobación refleja el creciente llamado de la comunidad internacional para que el CNE de Venezuela actúe con mayor transparencia en la divulgación de los resultados electorales, a fin de fortalecer la credibilidad y la confianza en los procesos democráticos del país.

 

Represión en Venezuela: más de 1.000 detenidos y 11 muertos en protestas post-electorales

Represión en Venezuela: más de 1.000 detenidos y 11 muertos en protestas post-electorales

Venezuela atraviesa una grave crisis tras las elecciones del 28 de julio que proclamaron a Nicolás Maduro como presidente, marcando casi tres décadas de chavismo en el poder. La proclamación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó a Maduro un 51% de los votos frente al 44% de González Urrutia, ha sido ampliamente cuestionada por ciudadanos y por al menos ocho países que denuncian irregularidades en el proceso electoral.

Desde el 1 de agosto, fuertes manifestaciones han sacudido el país, resultando en la muerte de 11 civiles y la detención de más de 1,000 personas, según informes de organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía. La mayoría de estas detenciones han sido arbitrarias. Además, el régimen de Maduro ha implementado una aplicación para recopilar datos de los manifestantes con el fin de encarcelarlos, lo que ha sido denunciado como una violación a los derechos humanos.

La represión no se ha limitado a los manifestantes. Contendores políticos como Edmundo González y María Corina Machado están en el punto de mira del régimen, con rumores de que se buscaría encarcelarlos. La sede de campaña de su sector político fue asaltada recientemente, aumentando la tensión y el temor entre la oposición.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido criticado por no condenar la situación en Venezuela y, en cambio, exaltar al chavismo, lo que ha generado controversia en Colombia. Mientras tanto, la presión internacional para un escrutinio transparente crece, pero el CNE no ha publicado resultados detallados de los comicios.

María Corina Machado, inhabilitada políticamente y no candidata en estas elecciones, ha lanzado un sitio web con copias de actas de votación que asegura son pruebas de la victoria opositora. Sin embargo, el chavismo ha calificado estas actas de «montaje» y Maduro las ha tachado de «fábrica de actas falsas».

La tensión también se siente en la vida cotidiana de los venezolanos. Aunque Caracas comienza a recuperar algo de normalidad, con comercios y transporte público reanudando sus actividades, el temor persiste. Los ciudadanos temen ser delatados y arrestados, especialmente después de que Maduro ordenara un despliegue de seguridad para prevenir un supuesto golpe de Estado y habilitara una sección en una aplicación para denunciar a «delincuentes fascistas».

La situación sigue siendo tensa y la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos en Venezuela, esperando que se respeten los derechos humanos y se garantice la transparencia electoral.

 

Protestas en Venezuela por el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro

Protestas en Venezuela por el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro

Venezuela atraviesa una crisis social marcada por intensas protestas tras el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en las recientes elecciones. Las manifestaciones, desencadenadas por acusaciones de fraude, han dejado al menos 13 muertos y 84 heridos, incluyendo tres menores de edad. Las fuerzas oficiales y colectivos chavistas han respondido con violencia, disparando contra los manifestantes en un intento de silenciar sus demandas.

Durante la noche del 29 de julio, las calles de Caracas y otras ciudades fueron escenario de enfrentamientos entre manifestantes y grupos progubernamentales. Videos difundidos en redes sociales mostraron a colectivos paramilitares atacando a los manifestantes, incluso en presencia de la Guardia Nacional Bolivariana. La situación ha desbordado las capacidades médicas, con hospitales como el Clínico de Maracay solicitando donaciones para atender a los heridos.

La líder opositora María Corina Machado fue atacada con gases lacrimógenos mientras participaba en las protestas. A pesar de la oferta de asilo político por parte de Costa Rica, Machado decidió permanecer en Venezuela para continuar la lucha junto al pueblo.

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La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación. La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó duramente el proceso electoral, señalando irregularidades como la inhabilitación de candidatos opositores y restricciones a los observadores internacionales. La OEA instó a no reconocer los resultados y propuso nuevas elecciones con veeduría internacional.

El Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, se unió a la condena internacional, solicitando la publicación y auditoría de todas las actas de los resultados electorales. Otros países de la región, como Brasil y Estados Unidos, también han pedido transparencia en el proceso electoral.

Mientras tanto, el presidente Maduro ha ordenado a las fuerzas de seguridad y a sus simpatizantes mantener el control en las calles, calificando las protestas como un intento de golpe de Estado. La situación en Venezuela sigue siendo tensa, reportan más de 13 muertos y decenas de heridos con enfrentamientos continuos y un llamado generalizado a la paz y la democracia.

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La OEA desconoce resultados de las elecciones en Venezuela

La OEA desconoce resultados de las elecciones en Venezuela

El departamento de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha declarado que los resultados electorales anunciados por el Consejo Electoral de Venezuela (CNE) no son válidos debido a la falta de transparencia y pruebas.

En un informe de 23 páginas, la OEA señaló que el CNE no proporcionó detalles sobre las papeletas procesadas al declarar ganador al presidente Nicolás Maduro. Además, mencionaron que otros factores impiden otorgar «reconocimiento democrático» a los resultados oficiales. Estos factores incluyen la resistencia del CNE a permitir la observación nacional e internacional, la negativa a permitir el acceso de testigos de la oposición a los centros de votación y discrepancias entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana.

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El informe también acusó al gobierno de Maduro de persecución política contra líderes de la oposición. Un ejemplo destacado es la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición. «El régimen de Nicolás Maduro ha traicionado una vez más al pueblo venezolano, declarando que respeta la voluntad popular mientras hace todo lo posible por manipularla y desconocerla», concluye el informe.

La OEA afirmó que su informe se basa en fuentes primarias y secundarias, incluidas conversaciones directas con figuras clave del proceso, hallazgos de iniciativas nacionales de observación y organizaciones de la sociedad civil, así como comunicaciones públicas de actores políticos e institucionales.