por Konuco | Ene 15, 2025 | Destacadas, Salud
Bogotá, 13 de enero de 2025.
La Superintendencia Nacional de Salud ha revocado la autorización de funcionamiento de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPSI) en ocho de los nueve departamentos en los que opera, debido a incumplimientos en su operación.
Departamentos afectados
La medida afecta a los afiliados de AIC en los departamentos de:
- Antioquia
- Caldas
- Córdoba
- Huila
- La Guajira
- Nariño
- Putumayo
- Valle del Cauca
La Asociación Indígena del Cauca deberá continuar prestando servicios de salud de manera regular hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social complete el proceso de traslado de los usuarios a las EPS receptoras.
Obligaciones de AIC durante el proceso
La Supersalud estableció que AIC debe:
- Garantizar la prestación de servicios: Mantener la atención de sus afiliados de manera presencial, virtual y telefónica.
- Crear un micrositio informativo: Incluir detalles del proceso de asignación de usuarios en su página web.
- Entregar bases de datos: Proveer al Ministerio de Salud la información necesaria para el traslado de afiliados.
Proceso de reasignación de usuarios
El Ministerio de Salud tendrá en cuenta las particularidades de la población indígena para garantizar su derecho fundamental a la salud. Según la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), AIC EPSI tiene 89,152 afiliados, mayoritariamente pertenecientes a comunidades indígenas. Estos usuarios podrán elegir la EPS a la que desean ser trasladados de forma voluntaria.
Resolución oficial
La medida fue formalizada mediante la Resolución 2024310000016804-6 del 31 de diciembre de 2024, notificada el 2 de enero de 2025.
Declaraciones de la Supersalud
La Superintendencia reafirmó su compromiso con la salud de los habitantes del territorio nacional y exigió a AIC garantizar la continuidad de los servicios hasta que el proceso de traslado esté completo.
por Konuco | Ene 14, 2025 | Destacadas, Región, Salud
La Asociación Indígena del Cauca (AIC) enfrenta una difícil situación financiera y administrativa. La Superintendencia Nacional de Salud le revocó el permiso de operación en ocho departamentos debido a incumplimientos en su gestión.
Esta medida entrará en vigor una vez el Ministerio de Salud concrete el traslado de los afiliados a nuevas EPS, garantizando así la continuidad en la atención. En el Huila, AIC tiene 57.000 usuarios, en su mayoría indígenas, que podrían ser trasladados a la EPS Mallamas, respetando sus prácticas culturales.
En el ámbito financiero, AIC deja un déficit de $39.000 millones con hospitales del Huila. El Hospital Universitario Hernando Moncaleano lidera los montos adeudados con $18.800 millones, seguido por el Hospital San Antonio de Padua con $4.500 millones.
Otros 13 hospitales de primer nivel también están afectados. La Superintendencia exigió a la entidad establecer acuerdos de pago para cubrir estas deudas como parte del proceso de liquidación. Según Sergio Mauricio Zúñiga, secretario de Salud del Huila, se espera que estos compromisos sean cumplidos para evitar mayores impactos en la red hospitalaria.
La comunidad indígena, preocupada por la incertidumbre, solicita que los traslados sean colectivos hacia EPS que entiendan sus necesidades culturales. Una reunión clave entre la Superintendencia, AIC y los líderes indígenas está programada para mediados de enero, donde se definirán los pasos finales del proceso.
Durante este periodo de transición, la AIC tiene la obligación de seguir prestando servicios médicos y administrativos a sus usuarios, así como habilitar canales de información para mantenerlos actualizados sobre los cambios.
por Konuco | Ene 13, 2025 | Destacadas, Región
El pasado domingo 12 de enero, un grupo de artistas, líderes sociales y organizaciones comunitarias se reunieron en Medellín para pintar un mural en el viaducto de la Terminal del Norte. Este acto simbólico buscaba rendir homenaje a las buscadoras de La Escombrera, un lugar emblemático en la Comuna 13 que ha sido testigo de una de las fosas comunes más grandes de América Latina. El mural, titulado «Las cuchas tienen razón», fue concebido como un reconocimiento a la lucha de las mujeres que, durante años, han buscado justicia y verdad para las víctimas de desaparición forzada en la ciudad.
La Memoria Pintada y Borrada
La obra fue realizada en el marco de una jornada comunitaria que incluyó una olla popular, música y mensajes de resistencia pacífica. En el mural se plasmó el rostro de Margarita Restrepo, vocera del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, quien lleva más de dos décadas buscando a su hija, desaparecida en el contexto de la violencia en la Comuna 13. El mensaje central de la obra hacía referencia a la valentía y persistencia de estas mujeres, quienes han impulsado el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), logrando encontrar recientemente restos humanos en La Escombrera.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el mural fue cubierto con pintura gris por empleados de la Alcaldía de Medellín, desatando una ola de indignación entre colectivos artísticos, líderes sociales y familiares de víctimas. El alcalde Federico Gutiérrez justificó la acción a través de sus redes sociales, afirmando que «el espacio público es de todos y debe mantenerse limpio y bonito». Su postura generó críticas de diversos sectores que consideran este acto como un intento de silenciar la memoria histórica.
Reacciones y Denuncias
El presidente Gustavo Petro se pronunció en contra de la acción, calificándola como un atentado contra la libertad de expresión y la memoria histórica. Por su parte, el doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Max Yury Gil, señaló que borrar el mural constituye una «revictimización y una violación al derecho humano a la memoria».
La controversia también reavivó debates recientes en Medellín sobre el tratamiento de los murales urbanos. La semana pasada, otro mural emblemático con la frase «Nos están matando», dedicado a denunciar el asesinato de líderes sociales, fue borrado en dos ocasiones. Colectivos grafiteros restauraron la obra, mientras que el concejal del Centro Democrático, Andrés «El Gury» Rodríguez, lideró su eliminación argumentando que promovía «apología a la Primera Línea».
Memoria vs. Censura
La tensión entre el arte urbano como herramienta de denuncia y la supuesta necesidad de mantener el orden estético en la ciudad refleja un conflicto más profundo sobre el papel de la memoria histórica en Medellín. Organizaciones como Fuerza y Graffiti defendieron las acciones de los colectivos artísticos, señalando que estas intervenciones no responden a intereses partidistas, sino a la necesidad de visibilizar el sufrimiento de las víctimas y generar conciencia social.
En un comunicado, el colectivo afirmó: «La memoria no se borra. No permitiremos que el gris del olvido silencie las voces de quienes han luchado por la verdad y la justicia».
Una Ciudad Dividida por el Arte Urbano
En Medellín, los murales se han convertido en un campo de batalla simbólico entre colectivos artísticos y sectores políticos. Mientras algunos defienden el arte urbano como un medio legítimo para expresar la resistencia y recordar a las víctimas, otros, como el concejal Rodríguez, ven estas intervenciones como desordenadas y políticamente cargadas.
La eliminación del mural «Las cuchas tienen razón» no solo ha intensificado este debate, sino que ha puesto de manifiesto la necesidad de políticas públicas claras que reconozcan y protejan el arte urbano como parte fundamental del tejido cultural de la ciudad.
Un Llamado a la Reflexión
Los actos de resistencia, como el mural en honor a las buscadoras de La Escombrera, representan mucho más que una expresión artística: son una lucha por mantener viva la memoria de las víctimas en un país donde la violencia y el olvido han sido recurrentes. Tal como señalaron los organizadores de la jornada: «Solo el pueblo salva al pueblo. La historia no debe ser olvidada, y mucho menos silenciada».
por Konuco | Oct 12, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Óscar Camargo Ríos, alias «Pichi», escapa por catorceava vez de su arresto domiciliario.
La reciente fuga de Óscar Camargo Ríos, conocido como «Pichi» y apodado el «Pablo Escobar de Santander», ha generado un fuerte debate sobre la eficacia del sistema judicial en Colombia. A pesar de múltiples violaciones a su arresto domiciliario, el narcotraficante logró escapar el 10 de octubre.
Óscar Camargo Ríos, alias «Pichi», es un reconocido narcotraficante con un extenso historial delictivo que ha marcado la historia del narcotráfico en Colombia. Su fuga el pasado 10 de octubre ha encendido alarmas no solo por la gravedad del acto, sino porque representa la catorceava vez que el delincuente evade las condiciones de su arresto domiciliario. Desde julio hasta agosto de 2024, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) notificó en varias ocasiones sus escapadas sin que se tomaran acciones efectivas.
A pesar de contar con informes sobre su incumplimiento, el juez tercero de ejecución de penas de Medellín no actuó de manera contundente, permitiendo que «Pichi» continuara disfrutando de su libertad en un inmueble en Medellín. Cuando se confirmó la revocación de su beneficio el 10 de octubre, las autoridades se encontraron con que el narcotraficante había desaparecido.
La fuga de «Pichi» revela las serias fallas en el sistema judicial colombiano y plantea interrogantes sobre el manejo de criminales de alto perfil. Conocido por su liderazgo en la banda Los San Rafa, «Pichi» ha estado en el centro de numerosas investigaciones por tráfico de drogas y violencia. Fue capturado por primera vez en 2015, y tras evadirse de la Penitenciaría de Palogordo, fue recapturado en 2018 en Medellín.
A pesar de su condena, recibió prisión domiciliaria en 2019, lo que le permitió seguir operando y generando ingresos anuales superiores a los 14 mil millones de pesos. Su influencia se mantuvo incluso durante su encarcelamiento en 2021, al continuar disputando el control del microtráfico en Bucaramanga.
La reciente liberación bajo arresto domiciliario en 2024 despertó las alarmas en las autoridades, que temían el impacto de su regreso a la libertad. Su fuga del 11 de octubre demuestra no solo la ineficacia del sistema penitenciario, sino también el desafío que representa su figura en el crimen organizado.
La fuga de Óscar Camargo Ríos pone de manifiesto la urgente necesidad de una reforma en el sistema judicial y penitenciario en Colombia. Las autoridades enfrentan el reto de gestionar a criminales que han demostrado su habilidad para evadir la justicia. La situación demanda una respuesta rápida y efectiva para garantizar la seguridad pública y la integridad del sistema judicial. Mientras la búsqueda de «Pichi» continúa, el debate sobre cómo prevenir futuras escapadas se intensifica, reflejando una preocupación mayor por la seguridad en el país.
por Konuco | Oct 10, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para determinar las causas del naufragio que dejó tres víctimas fatales en el río Casanare.
Este trágico incidente ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las embarcaciones que operan en la región, donde el transporte fluvial es esencial para la vida diaria de sus habitantes.
Uno de los puntos clave en la investigación es la posible sobrecarga de la embarcación, un factor que podría haber contribuido al desastre. Las condiciones de seguridad en el transporte fluvial son críticas, especialmente en regiones vulnerables como los Llanos, donde las comunidades dependen en gran medida de este medio para realizar actividades cotidianas, como ir de compras.
Contexto del accidente
En un trágico incidente ocurrido en el río Casanare, dos adultos y un niño perdieron la vida tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 15 personas.
El fatal suceso tuvo lugar el 6 de octubre, alrededor de las 4:30 de la tarde, en la vereda Santa María, en el sector La Cruces de Hato Corozal.
La embarcación, que regresaba de un viaje de compras a Puerto Rondón, se hundió en aguas turbulentas, resultando en la desaparición de tres de sus ocupantes, mientras que doce lograron llegar a la orilla sanos y salvos.
Foto: Prensa Libre de Casanare
Búsqueda y Rescate
Apenas se reportó el naufragio, las autoridades locales y los organismos de socorro iniciaron una intensa búsqueda para localizar a los desaparecidos.
Tras 38 horas de esfuerzos ininterrumpidos, los cuerpos de los tres fallecidos fueron recuperados en la madrugada del martes.
Según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Hato Corozal, Obder Gutiérrez, los cuerpos fueron encontrados en un área un kilómetro aguas abajo del lugar del accidente.
Las víctimas han sido identificadas como Luis Camejo y Erinson Tabaco, entre otros. Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Paz de Ariporo, donde sus familias dieron su último adiós.
La Urgencia de Revisar Normativas
Este incidente trágico pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y reforzar las normativas de seguridad en el transporte fluvial.
Las autoridades están bajo presión para implementar medidas que no solo investiguen lo sucedido, sino que también establezcan protocolos que prevengan futuros accidentes.
La falta de regulaciones estrictas ha llevado a situaciones de riesgo, poniendo en peligro la vida de quienes dependen de estos servicios.
A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen decisiones que prioricen la seguridad de todos aquellos que utilizan este medio de transporte. Las comunidades locales claman por soluciones efectivas que garanticen su bienestar y protección.
Memoria y Responsabilidad
La tragedia en el río Casanare resalta la fragilidad de la vida en estas comunidades. La memoria de los que perdieron la vida en este accidente permanecerá en el corazón de todos, recordándonos la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el transporte.
Es imperativo que las autoridades actúen con diligencia y compromiso, asegurando que tales tragedias no se repitan.
Este lamentable suceso es una llamada de atención para todos: la seguridad en el transporte fluvial no debe ser una opción, sino una prioridad. Las familias de las víctimas y la comunidad en su conjunto merecen respuestas y, sobre todo, medidas que garanticen un futuro más seguro para todos.
NACIÓN LLANERA – Judicial e Investigación
