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Hemisphere Media Group y el control del Canal Uno: Implicaciones para los medios en Colombia

Hemisphere Media Group y el control del Canal Uno: Implicaciones para los medios en Colombia

La concesión del Canal Uno, adjudicada en la licitación 001 de 2017, ha despertado un gran número de críticas y preocupaciones. En el centro de la controversia se encuentra Hemisphere Media Group Inc., un conglomerado estadounidense de medios de comunicación que, según informes, podría estar buscando, presuntamente, ejercer un control total sobre uno de los principales canales públicos de Colombia. Así lo reveló una investigación del Sistema Informativo de Nación Colombia.

Este posible intento de monopolio no es el único tema preocupante. Prisa, grupo al que el Grupo Santodomingo vendió sus emisoras hace más de 20 años, ha estado utilizando la marca Caracol en televisión, algo que el contrato de venta prohibía. Esta situación pone en una posición vulnerable a Santodomingo, que podría enfrentarse a problemas legales por la explotación indebida de la marca fuera del ámbito radiofónico.

Desde que Hemisphere Media Group ingresó a Colombia a través de HMTV UNO SAS, se ha especulado sobre la verdadera intención de esta compañía. A pesar de que la legislación colombiana solo permite un 20% de participación extranjera en medios de televisión, Hemisphere ha utilizado complejas estructuras para, aparentemente, saltarse estas limitaciones y tomar control absoluto del Canal Uno.

Un aspecto clave en esta estrategia fue la utilización de la figura de la «promesa de sociedad futura», que había sido derogada por la Ley 1508 de 2012. Esta herramienta les permitió cumplir formalmente con los requisitos de la licitación, pero dejó abierta la puerta para que Hemisphere aumentara progresivamente su influencia sobre el canal.

La participación de HMTV UNO SAS en PLURAL COMUNICACIONES SAS se incrementó mediante un mecanismo de capitalización de deudas, convirtiendo préstamos en acciones preferentes. Según se informa, para 2022, HMTV UNO SAS habría adquirido el 100% de las acciones, consolidándose como el único propietario de la concesión del Canal Uno.

Falta de acción del MinTIC

El rol del MinTIC ha sido duramente criticado. Pese a que este proceso ha sido señalado por diversos sectores como irregular, el ministerio no ha intervenido ni realizado acciones para ajustar el rumbo de la concesión del Canal Uno, lo que ha generado desconfianza entre la opinión pública.

Otra cuestión preocupante es la integración de HMTV UNO SAS con PRISA MEDIA, líder del mercado radiofónico. Aunque se ha presentado como un avance en la industria, esta operación no cuenta con la autorización del MinTIC ni de la Superintendencia de Industria y Comercio, generando dudas sobre su legalidad. Además, esta fusión podría convertir a Hemisphere en un monopolio que pone en riesgo la diversidad de los medios en Colombia.

El control del Canal Uno por parte de una empresa extranjera no solo podría violar la normativa colombiana, sino que también pone en riesgo la libertad de expresión y el pluralismo mediático. Si un solo operador controla este importante canal, se estarían afectando principios fundamentales como el acceso libre al espectro y la independencia de los medios de comunicación en Colombia.

Caso Álvaro Uribe: ¿Falta de garantías procesales?

Caso Álvaro Uribe: ¿Falta de garantías procesales?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió retirarse de la audiencia judicial en la que se le acusa de presunto soborno a testigos y fraude procesal, argumentando falta de garantías. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Uribe explicó las razones de su decisión en un hilo detallado.

“Sin garantías, ¿Por qué me retiré de la audiencia?”, comenzó el mensaje, indicando que el 30 de septiembre la defensa apenas recibió acceso completo a los dispositivos de Juan Guillermo Monsalve.

¿Uribe tiene razón? ¿A las personas se les debe juzgar por lo que hacen, no por quienes son?

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez ha estado plagado de irregularidades que van más allá de su condición de expresidente. En una democracia sólida, el principio básico de un juicio justo debe estar garantizado para todos, sin importar su posición o influencia. Al rechazar las solicitudes de la defensa para analizar pruebas fundamentales, se está violentando un derecho que es esencial para cualquier acusado: el de la presunción de inocencia y la posibilidad de una defensa plena.

Uribe tiene razón al decir que necesita acceso completo a las pruebas para defenderse apropiadamente. Si bien su caso es complejo y rodeado de una alta carga política, esto no justifica que las reglas del juego cambien según quién esté en el banquillo de los acusados. El problema va más allá del personaje: si las garantías procesales no se respetan para él, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?

Este editorial defiende un punto de vista que debería ser una verdad universal: todos tienen derecho a ser juzgados de manera justa, sin importar su pasado, su reputación o los delitos de los que se les acusa. Al negarse a proporcionar el tiempo necesario para que la defensa evalúe las pruebas, se debilita la credibilidad del sistema judicial colombiano y se envía un mensaje peligroso: que la justicia puede moldearse según convenga a los intereses del momento.

Legalmente, Uribe no pide privilegios, sino un trato justo que respete las garantías fundamentales. Es crucial recordar que a las personas se les debe juzgar por lo que hacen, no por quiénes son. En un Estado de derecho, la imparcialidad del sistema judicial es la única forma de salvaguardar la confianza de los ciudadanos.

Según Uribe, la jueza del caso negó la solicitud de la defensa de extender el plazo para analizar más de 800 gigabytes de información contenida en el teléfono y el computador de Monsalve, dispositivos que permanecían bajo custodia de la Corte Suprema desde su decomiso. “No basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, se necesitan los dispositivos originales”, afirmó, subrayando que incluso la Fiscalía conoce una incongruencia grave entre la copia entregada a la Corte y los dispositivos reales.

Ante la negativa de la jueza de permitir un tiempo adicional, el abogado defensor Jaime Granados también se retiró. Uribe concluyó en su hilo: “Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa no me dejó opción que retirarme de la audiencia”. En la audiencia, la jueza insistió en que su presencia no era obligatoria, y su retirada se interpretó como una declaración de inocencia automática​

Uribe asegura que esta situación afecta su derecho a una defensa adecuada y a un proceso justo, planteando la preocupación de que su estrategia depende de la evaluación completa de las pruebas. La audiencia continúa sin su presencia, a la espera de que el tribunal determine los próximos pasos.

Como ya lo mencionamos, el sistema judicial debe ser garante de imparcialidad y transparencia, no un escenario donde se modifiquen las reglas según el acusado. Álvaro Uribe, independientemente de su papel en la política, tiene derecho a una defensa completa y acceso a las pruebas necesarias. Si las cortes no garantizan este principio, se corre el riesgo de minar la confianza en la justicia. En Colombia, juzgar a alguien por su reputación y no por la evidencia es un retroceso peligroso que afecta a todos los ciudadanos, sin importar quién esté en el estrado.

Gregorio Eljach es elegido Procurador General de la Nación con amplio respaldo del Senado

Gregorio Eljach es elegido Procurador General de la Nación con amplio respaldo del Senado

Bogotá, 2 de octubre de 2024 – Gregorio Eljach ha sido seleccionado como el nuevo Procurador General de la Nación para el periodo 2025-2029 tras obtener 95 votos en la plenaria del Senado. Eljach sustituirá a Margarita Cabello Blanco en el cargo, luego de una votación en la que participaron 103 senadores.

Luis Felipe Henao obtuvo 3 votos, Germán Varón 2 votos, y se registraron 3 votos en blanco. Además, antes de la elección, se rechazaron más de 90 impedimentos presentados por los legisladores, permitiendo que todos los senadores ejercieran su voto.

Un mandato marcado por la lucha contra la corrupción

Gregorio Eljach, abogado con una destacada trayectoria y exsecretario general del Senado, agradeció el respaldo unánime recibido, destacando que su elección refleja la unidad en la diversidad y el fortalecimiento de la democracia. Durante su intervención, subrayó que su gestión en la Procuraduría estará orientada a combatir de manera frontal la corrupción, un problema que ha debilitado la administración pública en el país.

El nuevo Procurador reafirmó también su compromiso de actuar con independencia y autonomía, garantizando que las instituciones del Estado se mantengan fuertes y transparentes.

Toma de juramento

Al finalizar el proceso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tomó el juramento de Gregorio Eljach, quien asumió el compromiso de cumplir con la Constitución y las leyes en su nuevo cargo como Procurador General.

Reflexión sobre el Derecho de Huelga en el Sector Público, por Carlos Roncancio Castillo

Reflexión sobre el Derecho de Huelga en el Sector Público, por Carlos Roncancio Castillo

Reflexión sobre el Derecho de Huelga en el Sector Público: Un Pilar para la Democracia, la Dignidad Humana y la Sostenibilidad Social y Económica.

En un mundo en constante evolución, donde las dinámicas laborales cambian rápidamente, hay un derecho que no podemos olvidar ni relegar: el derecho de huelga. Este derecho es un motor fundamental para la defensa de los intereses de los trabajadores y más allá de ser una herramienta de protesta, es un pilar de las sociedades democráticas y un reflejo del respeto por la dignidad humana. Nos encontramos en un momento crítico, donde el mundo laboral necesita fortalecer los mecanismos que protegen los derechos de quienes son, en esencia, la columna vertebral de nuestras economías: los trabajadores.

La Importancia de la Huelga en la Democracia, la Dignidad Humana y la Sostenibilidad

El Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han sido claros en destacar el derecho de huelga como un componente esencial de la libertad sindical, protegido por el Convenio 87. Estos organismos han señalado que este derecho no solo fortalece la democracia, sino que también permite que los trabajadores, incluidos los empleados públicos, exijan condiciones laborales más justas y equitativas. En otras palabras, el derecho de huelga no es un lujo, sino una necesidad para construir una sociedad verdaderamente democrática. Las huelgas no son sinónimo de caos ni de una amenaza al orden, como muchas veces se percibe erróneamente.

En países altamente industrializados con un Producto Interno Bruto (PIB) superior al nuestro, el derecho de huelga es no solo aceptado, sino también promovido como un medio legítimo de crecimiento social y económico. Alemania, Francia, Canadá, y Suecia, por ejemplo, han permitido que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga, reconociendo que esto impulsa una negociación colectiva más equitativa y mejora las condiciones laborales, lo que, a su vez, fortalece el tejido económico. En Alemania, el respeto a los derechos laborales, incluidos el derecho de huelga y la negociación colectiva, es un pilar fundamental del éxito económico. Las grandes industrias, como Volkswagen y Siemens, han prosperado porque sus modelos de gestión incluyen un enfoque respetuoso y colaborativo con los sindicatos, que son fuertes y representativos. El resultado es un entorno laboral estable, donde la productividad y el bienestar de los trabajadores se entrelazan, contribuyendo al impresionante desempeño económico del país.

En Suecia, un país conocido por su equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social, las huelgas son vistas como una parte natural del diálogo social. Empresas líderes como IKEA y Volvo han sido ejemplos de cómo el respeto por los derechos laborales no solo mejora las condiciones de los empleados, sino que también impulsa la innovación y la productividad. El modelo sueco, que combina la negociación colectiva con un sistema económico competitivo, es prueba de que el respeto por el derecho de huelga contribuye a una sociedad más equitativa y un mercado laboral próspero.

Francia es otro ejemplo clave, donde los sindicatos tienen un papel fuerte y activo. Las huelgas en el sector público y privado son mecanismos legítimos para presionar por mejores condiciones laborales. A pesar de las huelgas frecuentes en sectores como el transporte o la educación, Francia sigue siendo una de las economías más robustas de Europa, gracias a su respeto por los derechos de los trabajadores y su capacidad para generar un diálogo social efectivo. En Canadá, el respeto por los derechos laborales es un principio fundamental en el funcionamiento de su economía. Grandes compañías como Bombardier y TD Bank han construido su éxito sobre la base del respeto por sus empleados y la promoción de relaciones laborales justas.

En el sector público, las huelgas son reconocidas como parte del sistema democrático, y las instituciones trabajan para garantizar que los empleados tengan voz y voto en las decisiones que afectan sus condiciones laborales. La Sostenibilidad de las Empresas y las Instituciones: Un Compromiso con la Transformación Social A menudo se cuestiona la legitimidad del derecho de huelga en el sector público, bajo el argumento de que podría comprometer la prestación de servicios esenciales. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido clara al precisar que no todos los servicios públicos son esenciales en el sentido de poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.

Cuando los empleados públicos ejercen su derecho a la huelga, están defendiendo su dignidad y asegurando que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones que afectan directamente sus condiciones laborales y su bienestar. Este acto, lejos de ser una confrontación, es una forma legítima de negociación democrática que fortalece el diálogo social y promueve la justicia.

La sostenibilidad de las empresas e instituciones no puede ser medida exclusivamente desde una perspectiva financiera.

Aunque el logro de objetivos económicos es vital para la supervivencia de cualquier organización, no puede disociarse de su misión social ni de su responsabilidad en la transformación del individuo y la sociedad. Lejos de ser un obstáculo, el derecho de huelga representa una oportunidad para alinear los intereses económicos con el progreso social y el respeto a la dignidad de los trabajadores. Reconocer este derecho es una inversión a largo plazo en la estabilidad laboral, la productividad y la confianza mutua dentro de la organización. Las organizaciones que promueven un entorno laboral equitativo, donde los derechos laborales son respetados, contribuyen no solo a un crecimiento sostenido, sino también a una justicia social que fortalece su rol en la sociedad.

En este sentido, empresas que ven el derecho de huelga como una herramienta legítima para los trabajadores están construyendo relaciones laborales más sólidas y un futuro económico más estable y justo. Un ejemplo exitoso de esta sinergia entre derechos laborales y crecimiento económico lo encontramos en Noruega, un país que ha integrado el respeto por la dignidad de los trabajadores en su modelo de desarrollo. Empresas como Equinor (anteriormente Statoil), uno de los gigantes del sector energético, han prosperado bajo un marco de diálogo social y negociación colectiva, reconociendo que los derechos de los trabajadores no son un obstáculo, sino un requisito fundamental para garantizar un crecimiento económico sostenible.

Otro caso ilustrativo es el de Japón, donde, aunque la cultura laboral es distinta, las huelgas son respetadas como un medio legítimo para expresar las preocupaciones laborales. Empresas icónicas como Toyota y Sony han sido pioneras en establecer modelos de colaboración donde los trabajadores tienen una voz activa en la empresa y esta cooperación ha sido clave para mantener su competitividad en la economía global. Aquí, el respeto mutuo entre empleadores y empleados ha demostrado ser el motor de su éxito en un mercado cada vez más desafiante.

Huelgas: Un Motor para el Crecimiento, el Respeto a la Dignidad Humana y la Sostenibilidad

El derecho de huelga, cuando se ejerce dentro de un marco legal y democrático, no solo beneficia a los trabajadores, sino que también impulsa el crecimiento económico y fortalece la dignidad de las personas. En muchas ocasiones, las mejoras salariales, la seguridad en el empleo y el fortalecimiento de los derechos laborales han sido el resultado directo de la presión ejercida por los movimientos huelguísticos. Los países más desarrollados han entendido que el respeto por el derecho de huelga no es una amenaza, sino una oportunidad para mejorar las relaciones laborales y aumentar la productividad. El respeto a la dignidad humana implica que cada trabajador debe ser valorado y tratado con justicia, lo que incluye la posibilidad de expresar colectivamente sus demandas mediante la huelga.

Es inaceptable pensar que las huelgas deban ser reprimidas o vistas como una amenaza, ya que negarlas sería también negar la condición humana de los trabajadores, su derecho a una vida digna y a ser parte activa en la mejora de sus condiciones laborales. Por otro lado, las empresas y las instituciones que reconozcan que su sostenibilidad depende de la armonía entre sus objetivos financieros y su responsabilidad social, serán las que mejor se posicionen en el futuro. La transformación social que promueven al respetar los derechos laborales, incluida la huelga, no solo mejora la vida de los trabajadores, sino que también contribuye a una sociedad más justa y equitativa, donde el bienestar económico se comparte de manera equitativa.

El Rol de los Estados en la Promoción del Derecho de Huelga y la Sostenibilidad Social

Para que este equilibrio funcione, es necesario que los Estados no solo reconozcan, sino también promuevan el derecho de huelga, brindando a los trabajadores y empleados públicos el marco legal adecuado para su ejercicio. Al hacerlo, los gobiernos no solo fortalecen el diálogo social, sino también la dignidad humana de sus ciudadanos. La democracia, como sistema, se nutre de la participación activa de sus ciudadanos y los trabajadores, al ejercer su derecho de huelga, están participando activamente en la construcción de un país más justo y equitativo. Negar este derecho sería ir en contra de los principios básicos de nuestra Constitución y de los convenios internacionales que Colombia ha ratificado.

Pero, sobre todo, sería un atentado contra el artículo 1 de nuestra Constitución, que establece que el Estado colombiano debe garantizar el respeto por la dignidad humana. Es crucial que el país laboral no permanezca indolente ante estos derechos tan esenciales para el bienestar de todos.

Reflexión Final: La Estigmatización de la Huelga en el Ministerio de Trabajo

En este contexto, resulta aún más preocupante que los funcionarios públicos del Ministerio de Trabajo, encargados de garantizar los derechos laborales en Colombia, vean estigmatizado y reprimido el ejercicio de su derecho a huelga. Es alarmante que quienes deberían ser los guardianes del diálogo social se enfrenten a persecuciones, represalias y limitaciones en el legítimo ejercicio de sus reivindicaciones. Este fenómeno no solo socava la libertad sindical, sino que envía un mensaje contradictorio al país: ¿cómo podemos exigir respeto por los derechos laborales si desde el propio Ministerio de Trabajo se limita este derecho fundamental? El abandono de la protección de las reivindicaciones de los funcionarios públicos y el estigma que recae sobre sus acciones colectivas no solo vulnera su dignidad como trabajadores, sino que mina la confianza en las instituciones que deben salvaguardar la justicia social. La huelga es y debe ser vista como una herramienta legítima de diálogo, un acto democrático y no una amenaza. Estigmatizarla es silenciar la voz de quienes buscan justicia, es diluir el poder del diálogo en la solución de conflictos.

Hago un llamado urgente a las autoridades, a los líderes sindicales y al país en su conjunto: no podemos permitir que el derecho de huelga sea reducido a un acto de confrontación o de persecución. Abandonar la protección de este derecho es abandonar el diálogo social en su forma más pura. La verdadera paz laboral y la estabilidad democrática solo se alcanzan cuando las instituciones y los gobiernos respetan y promueven los derechos de los trabajadores, especialmente en espacios donde esos derechos deberían ser ejemplares. Es necesario que tanto los trabajadores como los líderes que toman decisiones comprendan que el crecimiento económico y el bienestar social solo se logran cuando el respeto por los derechos fundamentales, como el derecho de huelga, es innegociable. El derecho a la huelga es una manifestación de la dignidad humana, una herramienta de justicia y un pilar de la democracia que debe ser protegido y defendido, no silenciado ni limitado.

 

 

Carlos Roncancio Castillo

Abogado Laboralista y Defensor de Derechos Humanos

Gregorio Eljach No está inhabilitado para ser Procurador, según la Red de Veedurías

Gregorio Eljach No está inhabilitado para ser Procurador, según la Red de Veedurías

Bogotá, D.C., 30 de septiembre de 2024 – La Red de Veedurías de Colombia ha emitido un comunicado en el que respalda la candidatura de Gregorio Eljach para el cargo de Procurador General.

La entidad concluyó que no existe inhabilidad alguna para su postulación, ya que la ley solo aplica restricciones a concejales y no a otros funcionarios.

El informe aclara que las inhabilidades deben ser expresas y no pueden interpretarse de manera extensiva. Eljach, quien renunció a su cargo administrativo en el Senado, fue postulado ante la Corte Suprema de Justicia, que avaló su candidatura.

Asimismo, la Red descarta la existencia de conflicto de intereses en el proceso y afirma que cualquier recusación adicional debe ser rechazada. El organismo insiste en que la elección debe proceder en la fecha establecida, el 2 de septiembre.

 

NACIÓN LLANERA- Política