por Konuco | Jul 9, 2026 | Política
El jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella será Nicolás Gómez Arenas, politólogo y comunicador que entrará a coordinar el equipo más cercano del presidente electo. El nombramiento se conoció tras versiones divulgadas por medios y, según otra información, fue confirmado por el propio mandatario entrante.
Un cargo clave en el Dapre y en la coordinación del Gobierno
De acuerdo con lo que se ha informado sobre su llegada al gobierno entrante, Gómez Arenas asumirá como jefe de despacho, un rol que forma parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que se encarga de coordinar el equipo más cercano al presidente.
Entre sus funciones están acompañar la formulación de políticas públicas y hacer seguimiento a la agenda legislativa del gobierno. También coordina la agenda presidencial y apoya la articulación entre la Presidencia y las entidades del Ejecutivo.
La designación fue anticipada por reportes periodísticos y un trino con la noticia fue compartido por Rodrigo Lara, designado ministro del Interior. En paralelo, otra publicación señaló que De la Espriella confirmó el nombramiento. SEMANA, por su parte, indicó que la designación aún no se había oficializado.
Quién es Nicolás Gómez Arenas y el peso de Salvación Nacional
Gómez Arenas es hijo del senador electo Enrique Gómez Martínez, líder de Salvación Nacional y quien fue jefe de debate de De la Espriella en campaña. Ese partido fue el único por el que el presidente electo se dejó arropar durante las elecciones y se declaró de gobierno en el Congreso.
En diciembre de 2021, Nicolás Gómez asumió la Secretaría Política de Salvación Nacional. En 2020 integró la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora María Fernanda Cabal.
El nuevo jefe de gabinete también es sobrino de Miguel Gómez Martínez, designado ministro de Hacienda. La misma información que dio cuenta del nombramiento resaltó la presencia de más integrantes de la familia en el equipo entrante y ubicó a Gómez Arenas como bisnieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado.
Tras conocerse la designación, sectores del petrismo plantearon críticas por un presunto nepotismo. Entre las voces mencionadas están el senador Ariel Ávila y el exministro de Minas Andrés Camacho. Desde el entorno de De la Espriella se ha sostenido que su llegada responde a criterios de trayectoria política y confianza.
Empalme territorial: Cúcuta como primer escenario de trabajo
Más allá del anuncio, Gómez ya empezó a aparecer en actividades del gobierno electo. Desde Cúcuta acompañó la primera de 32 reuniones del empalme territorial anunciado por De la Espriella con autoridades locales y mandatarios regionales.
En ese encuentro participaron, entre otros, los ministros designados Rodrigo Lara (Interior), Jorge Mora (Defensa), Mauricio Gómez (Comercio) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda). Con estos movimientos, el presidente electo sigue completando su gabinete antes de la posesión prevista para el 7 de agosto.
En medio de esa transición, SEMANA también reportó que De la Espriella ha dicho que no despachará desde la Casa de Nariño y que su sede principal estaría en Barranquilla, con desplazamientos a distintas regiones, en línea con su énfasis en la descentralización.
por Konuco | Jul 9, 2026 | Judicial e Investigación
La captura de alias Bendito Menor será una de las primeras tareas de seguridad del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien aseguró que ya ordenó a su ministro de Defensa designado estructurar un plan operativo para ejecutarlo desde el inicio del mandato, el 7 de agosto.
La captura de alias Bendito Menor, como prioridad desde el arranque
De la Espriella afirmó que impartió la instrucción el 9 de julio y que el documento debe quedar listo antes de la posesión. En su mensaje, enmarcó la directriz en una estrategia para anticipar operaciones contra estructuras armadas ilegales en la región Caribe.
El presidente electo sostuvo que el señalado será tratado como objetivo de alto valor y lo describió como una amenaza para La Guajira. Bajo esa línea, planteó que su persecución debe ponerse al frente de las prioridades desde el comienzo del nuevo gobierno.
De la Espriella señaló que el mayor general Jorge Mora asumirá como ministro de Defensa a partir del 7 de agosto. Con base en esa designación, dijo que ya le solicitó preparar las acciones para concretar la captura y divulgó una directriz operativa en la que, si hay resistencia, se proceda a “capturar o dar de baja” al señalado.
Video en Riohacha y verificación anunciada por la Policía
El anuncio del presidente electo se conoció después de que circulara en redes sociales un video en el que se ve al señalado en una caravana de motocicletas por calles de Riohacha. Las imágenes reactivaron preguntas sobre su paradero y sobre la respuesta de las autoridades en la zona.
En ese contexto, se informó que la Policía anunció una verificación del material difundido. Sobre el momento en que habría ocurrido el episodio, los reportes periodísticos hicieron referencias distintas: Semana lo ubicó tras el partido que marcó la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, mientras El Tiempo lo situó después de un encuentro contra Suiza.
El señalado, su presunta identidad y la recompensa en el Caribe
El Tiempo identificó al hombre señalado como Nain Pérez Toncel y lo ubicó como uno de los principales comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura conocida también como Los Pachenca. Según ese reporte, el grupo disputa la región y ejerce control criminal en el Caribe.
De acuerdo con esa misma información, las autoridades lo mantienen entre los más buscados en la región Caribe y ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita su captura.
En paralelo, Semana reportó que De la Espriella envió un mensaje a cabecillas del ELN y disidencias de las Farc en Norte de Santander, con un plazo de un mes para someterse a la justicia y la advertencia de aplicar “todo el peso de la ley” si no lo hacen. Ese enfoque se suma a la prioridad anunciada sobre Bendito Menor, mientras se acerca la fecha de posesión.
por Konuco | Jul 8, 2026 | Judicial e Investigación
La extinción de dominio contra René Higuita avanzó en Medellín con una orden judicial que dispone que una casa en El Poblado quede transferida a nombre del Estado mientras sigue el trámite. La defensa del exarquero, a través de su abogado, anunció que apelará la decisión.
La decisión: el inmueble pasa al Estado y lo administrará la SAE
El fallo lo emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras respaldar una solicitud de la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso patrimonial. La medida se concentra en establecer el origen y la trazabilidad del predio.
Además de poner el bien a nombre del Estado durante el trámite, el juzgado ordenó que la administración quede en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En este tipo de procesos, esa entidad se encarga de gestionar los bienes sometidos a extinción de dominio. El expediente, según lo expuesto en la audiencia, no implica una nueva condena penal contra Higuita.
La hipótesis de la Fiscalía: traspasos, presuntos testaferros y una firma falsa
En el expediente, la Fiscalía planteó que la propiedad habría sido comprada inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, a quien ubica como presunto testaferro de William Moncada y de Gerardo “Kiko” Moncada. Ambos aparecen mencionados en el proceso como integrantes del Cartel de Medellín.
De acuerdo con esa hipótesis, después de la compra se habría presentado una cadena de transferencias hasta que el inmueble terminó registrado a nombre de José René Higuita Zapata y un familiar. Para el ente acusador, esa secuencia habría buscado ocultar activos y un eventual origen ilícito.
Entre los elementos valorados se mencionó un estudio grafológico que concluyó que una firma en una escritura pública era falsa. Con soportes documentales, testimoniales y periciales, el juzgado concluyó que el predio habría servido para lavar u ocultar bienes provenientes de actividades del narcotráfico.
La apelación de la defensa: “buena fe” y una compraventa de 1992
Tras conocerse la orden, el abogado Luis Fernando Giraldo anunció que presentará recurso de apelación para que una segunda instancia revise lo resuelto por el juzgado. Según su planteamiento, el debate debería centrarse en la diligencia aplicada para verificar antecedentes al momento del negocio, y no únicamente en la procedencia del dinero.
El defensor sostuvo que la compraventa se realizó en 1992 y que incluyó la entrega de dos inmuebles: un apartamento en el sector del Velódromo, en Medellín, y otro en Cartagena. También afirmó que el negocio se pactó por cerca de 60 millones de pesos y que, en su versión, siguió los protocolos vigentes en ese momento. Añadió que con el tiempo se conocieron presuntas irregularidades, como la posibilidad de que Cuartas Rendón hubiera fallecido para la fecha de la compraventa, algo que —según dijo— Higuita desconocía.
por Konuco | Jul 6, 2026 | Región
La revisión de la SIC a Amarilo se concentra en presuntas fallas asociadas a un conjunto residencial ubicado en Villavicencio. El caso pone bajo escrutinio a la constructora y abre un nuevo frente de seguimiento institucional sobre las condiciones del proyecto.
Qué se conoce del caso que examina la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició actuaciones de revisión sobre Amarilo por señalamientos de presuntas fallas en un conjunto residencial en Villavicencio, según el caso reportado en el artículo base.
El punto central es el control que ejerce la entidad frente a posibles incumplimientos que afecten a compradores y residentes. Por ahora, lo confirmado es que la SIC “puso la lupa” sobre la compañía a partir de las presuntas fallas mencionadas.
En este tipo de procesos, la autoridad suele verificar información y antecedentes antes de tomar decisiones de fondo. Sin embargo, el artículo base no precisa alcances, medidas concretas ni un cronograma público asociado a la revisión.
Amarilo, bajo observación por presuntas fallas en Villavicencio
La señalada en el caso es Amarilo, una de las constructoras con presencia nacional. El foco del asunto está en un conjunto residencial de Villavicencio y en fallas que, por ahora, permanecen en el terreno de lo presunto, tal como lo presenta la información base.
La intervención de la SIC se lee como un movimiento institucional relevante porque traslada el asunto del plano de la queja o el reclamo a un escenario de vigilancia administrativa. Ese paso puede impactar la relación entre la empresa y quienes adquirieron vivienda en el proyecto.
Para los residentes y compradores, el hecho noticioso es la entrada de la autoridad al caso: la revisión busca establecer si los hechos denunciados encajan en conductas que ameriten actuaciones adicionales dentro de las competencias de la SIC.
Por qué la revisión de la SIC a Amarilo importa para compradores y el sector vivienda
El caso se vuelve de interés público por el tipo de bien involucrado —la vivienda— y porque el control de calidad y cumplimiento en proyectos residenciales suele tener efectos directos en seguridad, habitabilidad y patrimonio familiar, aunque el artículo base no detalla la naturaleza exacta de las fallas.
También tiene una lectura sectorial: cuando la SIC interviene, el mensaje para el mercado es que los reclamos sobre proyectos inmobiliarios pueden escalar a revisiones formales, con consecuencias reputacionales y potenciales obligaciones administrativas.
En lo inmediato, el eje sigue siendo el mismo: la SIC examina a Amarilo por presuntas fallas en un conjunto residencial de Villavicencio, y el desenlace dependerá de lo que la entidad encuentre y determine dentro del trámite correspondiente.
por Konuco | Jul 6, 2026 | Judicial e Investigación
La suspensión de auditoría a la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia ) quedó en firme por orden del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, que adoptó una medida cautelar dentro de una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión congela provisionalmente la inspección mientras avanza el trámite constitucional.
Qué ordenó el juzgado de Itagüí y por qué suspendió la diligencia
El despacho judicial ordenó detener, de manera provisional, la auditoría que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), tras admitir una medida cautelar solicitada por la empresa. El juzgado sustentó que se trata de una determinación preventiva, orientada a evitar un “riesgo cierto e inminente” sobre garantías fundamentales antes de que haya un fallo de fondo.
Con esa orden, la inspección queda congelada hasta que se resuelva la acción de tutela presentada por la licorera departamental. En ese recurso, la FLA sostiene que la Supersalud sobrepasó sus facultades legales en el marco de las actuaciones de inspección, vigilancia y control.
La Gobernación de Antioquia respaldó la medida cautelar. La secretaria general, Martha Patricia Correa, dijo que con la suspensión se protege el derecho fundamental al debido proceso frente a la tutela instaurada por la FLA y sostuvo que las diligencias de la entidad nacional excedieron sus competencias.
La disputa por la información solicitada y la recusación contra Daniel Quintero
El choque se centra en el alcance de la información requerida por funcionarios de la Superintendencia durante la auditoría. La FLA advirtió que le exigieron datos protegidos por reserva industrial, financiera y comercial. Además, según su gerente, Esteban Ramos Maya, también se solicitaron soportes que no existen en su estructura administrativa, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor.
La empresa cuestionó que los cuestionarios estuvieran enfocados en asuntos de gobierno corporativo, contratación y finanzas que, en su criterio, no guardan relación directa con el objetivo de la vigilancia: supervisar los recursos del monopolio rentístico de los licores que se destinan al sistema de salud.
En paralelo, el caso tiene una arista política e institucional. Antes de acudir a la tutela, la FLA presentó una recusación contra Daniel Quintero, director de la Supersalud, y contra Juan David Duque, superintendente delegado. La licorera argumentó dudas sobre su imparcialidad y aludió a la confrontación política entre Quintero y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Denuncias penales y auditorías en Antioquia: la Supersalud mantiene su ofensiva
La tensión se acentuó cuando la Superintendencia anunció denuncias penales contra directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar la auditoría iniciada el 26 de junio de 2026. Quintero afirmó entonces que el equipo auditor no recibió documentación y anunció actuaciones ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. La FLA negó haber impedido el ingreso o la revisión y dijo que detuvo temporalmente la entrega de información mientras se resolvían recursos sobre los funcionarios.
En su versión oficial, la Supersalud sostuvo que ese día el equipo auditor llegó a las instalaciones para reanudar las actuaciones y que la empresa impidió continuar con el procedimiento. La entidad afirmó que atender los requerimientos es una obligación para los vigilados y señaló que la conducta podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, con base en el artículo 429D del Código Penal.
Según la Superintendencia, la recusación contra Quintero y Duque mantuvo suspendida la diligencia mientras se resolvía el recurso, y luego el Ministerio de Salud y Protección Social declaró que la recusación no estaba probada, lo que permitió continuar con la auditoría antes de la suspensión judicial.
En ese mismo frente regional, la Supersalud anunció otra denuncia penal, esta vez por presunta obstrucción durante una auditoría a la Alcaldía de Medellín. La entidad aseguró que un equipo de 13 auditores realiza inspecciones en la secretaría de Salud de la Gobernación y en la Alcaldía, y dijo que enfrentó situaciones de maltrato en las actuaciones. También informó que puso esos hechos en conocimiento de la Procuraduría y presentó denuncia ante la Fiscalía por presunta violencia contra servidor público y obstrucción.
Ramos defendió la recusación y afirmó que la presentó para evitar que se instrumentalice la entidad en disputas personales. Además, señaló que en 2025 la FLA transfirió $1,4 billones por impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional, recursos que, según explicó, se destinaron a fortalecer salud, educación e infraestructura.
