por Konuco | Jul 8, 2026 | Judicial e Investigación
La extinción de dominio contra René Higuita avanzó en Medellín con una orden judicial que dispone que una casa en El Poblado quede transferida a nombre del Estado mientras sigue el trámite. La defensa del exarquero, a través de su abogado, anunció que apelará la decisión.
La decisión: el inmueble pasa al Estado y lo administrará la SAE
El fallo lo emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras respaldar una solicitud de la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso patrimonial. La medida se concentra en establecer el origen y la trazabilidad del predio.
Además de poner el bien a nombre del Estado durante el trámite, el juzgado ordenó que la administración quede en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En este tipo de procesos, esa entidad se encarga de gestionar los bienes sometidos a extinción de dominio. El expediente, según lo expuesto en la audiencia, no implica una nueva condena penal contra Higuita.
La hipótesis de la Fiscalía: traspasos, presuntos testaferros y una firma falsa
En el expediente, la Fiscalía planteó que la propiedad habría sido comprada inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, a quien ubica como presunto testaferro de William Moncada y de Gerardo “Kiko” Moncada. Ambos aparecen mencionados en el proceso como integrantes del Cartel de Medellín.
De acuerdo con esa hipótesis, después de la compra se habría presentado una cadena de transferencias hasta que el inmueble terminó registrado a nombre de José René Higuita Zapata y un familiar. Para el ente acusador, esa secuencia habría buscado ocultar activos y un eventual origen ilícito.
Entre los elementos valorados se mencionó un estudio grafológico que concluyó que una firma en una escritura pública era falsa. Con soportes documentales, testimoniales y periciales, el juzgado concluyó que el predio habría servido para lavar u ocultar bienes provenientes de actividades del narcotráfico.
La apelación de la defensa: “buena fe” y una compraventa de 1992
Tras conocerse la orden, el abogado Luis Fernando Giraldo anunció que presentará recurso de apelación para que una segunda instancia revise lo resuelto por el juzgado. Según su planteamiento, el debate debería centrarse en la diligencia aplicada para verificar antecedentes al momento del negocio, y no únicamente en la procedencia del dinero.
El defensor sostuvo que la compraventa se realizó en 1992 y que incluyó la entrega de dos inmuebles: un apartamento en el sector del Velódromo, en Medellín, y otro en Cartagena. También afirmó que el negocio se pactó por cerca de 60 millones de pesos y que, en su versión, siguió los protocolos vigentes en ese momento. Añadió que con el tiempo se conocieron presuntas irregularidades, como la posibilidad de que Cuartas Rendón hubiera fallecido para la fecha de la compraventa, algo que —según dijo— Higuita desconocía.
por Konuco | Jul 6, 2026 | Región
La revisión de la SIC a Amarilo se concentra en presuntas fallas asociadas a un conjunto residencial ubicado en Villavicencio. El caso pone bajo escrutinio a la constructora y abre un nuevo frente de seguimiento institucional sobre las condiciones del proyecto.
Qué se conoce del caso que examina la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició actuaciones de revisión sobre Amarilo por señalamientos de presuntas fallas en un conjunto residencial en Villavicencio, según el caso reportado en el artículo base.
El punto central es el control que ejerce la entidad frente a posibles incumplimientos que afecten a compradores y residentes. Por ahora, lo confirmado es que la SIC “puso la lupa” sobre la compañía a partir de las presuntas fallas mencionadas.
En este tipo de procesos, la autoridad suele verificar información y antecedentes antes de tomar decisiones de fondo. Sin embargo, el artículo base no precisa alcances, medidas concretas ni un cronograma público asociado a la revisión.
Amarilo, bajo observación por presuntas fallas en Villavicencio
La señalada en el caso es Amarilo, una de las constructoras con presencia nacional. El foco del asunto está en un conjunto residencial de Villavicencio y en fallas que, por ahora, permanecen en el terreno de lo presunto, tal como lo presenta la información base.
La intervención de la SIC se lee como un movimiento institucional relevante porque traslada el asunto del plano de la queja o el reclamo a un escenario de vigilancia administrativa. Ese paso puede impactar la relación entre la empresa y quienes adquirieron vivienda en el proyecto.
Para los residentes y compradores, el hecho noticioso es la entrada de la autoridad al caso: la revisión busca establecer si los hechos denunciados encajan en conductas que ameriten actuaciones adicionales dentro de las competencias de la SIC.
Por qué la revisión de la SIC a Amarilo importa para compradores y el sector vivienda
El caso se vuelve de interés público por el tipo de bien involucrado —la vivienda— y porque el control de calidad y cumplimiento en proyectos residenciales suele tener efectos directos en seguridad, habitabilidad y patrimonio familiar, aunque el artículo base no detalla la naturaleza exacta de las fallas.
También tiene una lectura sectorial: cuando la SIC interviene, el mensaje para el mercado es que los reclamos sobre proyectos inmobiliarios pueden escalar a revisiones formales, con consecuencias reputacionales y potenciales obligaciones administrativas.
En lo inmediato, el eje sigue siendo el mismo: la SIC examina a Amarilo por presuntas fallas en un conjunto residencial de Villavicencio, y el desenlace dependerá de lo que la entidad encuentre y determine dentro del trámite correspondiente.
por Konuco | Jul 6, 2026 | Judicial e Investigación
La suspensión de auditoría a la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia ) quedó en firme por orden del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, que adoptó una medida cautelar dentro de una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión congela provisionalmente la inspección mientras avanza el trámite constitucional.
Qué ordenó el juzgado de Itagüí y por qué suspendió la diligencia
El despacho judicial ordenó detener, de manera provisional, la auditoría que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), tras admitir una medida cautelar solicitada por la empresa. El juzgado sustentó que se trata de una determinación preventiva, orientada a evitar un “riesgo cierto e inminente” sobre garantías fundamentales antes de que haya un fallo de fondo.
Con esa orden, la inspección queda congelada hasta que se resuelva la acción de tutela presentada por la licorera departamental. En ese recurso, la FLA sostiene que la Supersalud sobrepasó sus facultades legales en el marco de las actuaciones de inspección, vigilancia y control.
La Gobernación de Antioquia respaldó la medida cautelar. La secretaria general, Martha Patricia Correa, dijo que con la suspensión se protege el derecho fundamental al debido proceso frente a la tutela instaurada por la FLA y sostuvo que las diligencias de la entidad nacional excedieron sus competencias.
La disputa por la información solicitada y la recusación contra Daniel Quintero
El choque se centra en el alcance de la información requerida por funcionarios de la Superintendencia durante la auditoría. La FLA advirtió que le exigieron datos protegidos por reserva industrial, financiera y comercial. Además, según su gerente, Esteban Ramos Maya, también se solicitaron soportes que no existen en su estructura administrativa, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor.
La empresa cuestionó que los cuestionarios estuvieran enfocados en asuntos de gobierno corporativo, contratación y finanzas que, en su criterio, no guardan relación directa con el objetivo de la vigilancia: supervisar los recursos del monopolio rentístico de los licores que se destinan al sistema de salud.
En paralelo, el caso tiene una arista política e institucional. Antes de acudir a la tutela, la FLA presentó una recusación contra Daniel Quintero, director de la Supersalud, y contra Juan David Duque, superintendente delegado. La licorera argumentó dudas sobre su imparcialidad y aludió a la confrontación política entre Quintero y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Denuncias penales y auditorías en Antioquia: la Supersalud mantiene su ofensiva
La tensión se acentuó cuando la Superintendencia anunció denuncias penales contra directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar la auditoría iniciada el 26 de junio de 2026. Quintero afirmó entonces que el equipo auditor no recibió documentación y anunció actuaciones ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. La FLA negó haber impedido el ingreso o la revisión y dijo que detuvo temporalmente la entrega de información mientras se resolvían recursos sobre los funcionarios.
En su versión oficial, la Supersalud sostuvo que ese día el equipo auditor llegó a las instalaciones para reanudar las actuaciones y que la empresa impidió continuar con el procedimiento. La entidad afirmó que atender los requerimientos es una obligación para los vigilados y señaló que la conducta podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, con base en el artículo 429D del Código Penal.
Según la Superintendencia, la recusación contra Quintero y Duque mantuvo suspendida la diligencia mientras se resolvía el recurso, y luego el Ministerio de Salud y Protección Social declaró que la recusación no estaba probada, lo que permitió continuar con la auditoría antes de la suspensión judicial.
En ese mismo frente regional, la Supersalud anunció otra denuncia penal, esta vez por presunta obstrucción durante una auditoría a la Alcaldía de Medellín. La entidad aseguró que un equipo de 13 auditores realiza inspecciones en la secretaría de Salud de la Gobernación y en la Alcaldía, y dijo que enfrentó situaciones de maltrato en las actuaciones. También informó que puso esos hechos en conocimiento de la Procuraduría y presentó denuncia ante la Fiscalía por presunta violencia contra servidor público y obstrucción.
Ramos defendió la recusación y afirmó que la presentó para evitar que se instrumentalice la entidad en disputas personales. Además, señaló que en 2025 la FLA transfirió $1,4 billones por impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional, recursos que, según explicó, se destinaron a fortalecer salud, educación e infraestructura.
por Konuco | Jul 6, 2026 | Política
El decreto del 7 de agosto de 2026 es la fecha que el presidente electo Abelardo de la Espriella fijó para formalizar el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una coordinación anunciada con cinco alcaldías para enfrentar la criminalidad en grandes ciudades. La idea ya suma respaldos locales, pero también advertencias en el Legislativo sobre su alcance y las reglas con las que empezaría a operar.
Una mesa con cinco capitales y foco en extorsión, atracos y homicidios
De la Espriella dio a conocer el plan el 5 de julio de 2026. En su anuncio, planteó instalar una mesa de trabajo con mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para coordinar esfuerzos entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales frente a la inseguridad urbana.
Según explicó, el bloque buscaría enfrentar estructuras delincuenciales y contener delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios. También dijo que llamará a los alcaldes para acordar medidas “efectivas y acordes con las necesidades” de las ciudades incluidas, como punto de partida de su arranque de gobierno.
El presidente electo vinculó su anuncio a un reporte de El Heraldo sobre extorsiones en el comercio de Soledad, Atlántico. En ese contexto, cuestionó al gobierno saliente de Gustavo Petro por una “presunta inacción en seguridad”, una afirmación enmarcada en su mensaje político de transición.
Galán y Asocapitales respaldan el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó la iniciativa como una “noticia muy importante” y afirmó que la ciudad está lista para un trabajo coordinado con el nivel nacional. En su pronunciamiento, sostuvo que el objetivo debe ser “desarticular las bandas delincuenciales” que operan en la capital.
Galán agregó que el Distrito requiere más apoyo del orden nacional para golpear esas organizaciones. Además, propuso redefinir la política criminal con un enfoque que, según dijo, debe endurecer penas y evitar beneficios que favorezcan la reincidencia, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen.
Por su parte, Asocapitales —entidad que preside Galán— reiteró su disposición a trabajar con el nuevo gobierno en proyectos de seguridad. Otros alcaldes también expresaron respaldo: Federico Gutiérrez (Medellín) habló de un viraje; Alejandro Eder (Cali) pidió coordinación “con autoridad”, y Alejandro Char (Barranquilla) dijo que la propuesta coincide con amenazas de extorsionistas a comerciantes.
El decreto del 7 de agosto de 2026 pone la lupa en facultades y controles del bloque
El anuncio llegó al Congreso con posiciones encontradas. El representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) respaldó la iniciativa y pidió priorizar la seguridad “por encima de cualquier consideración”, con un llamado a actuar contra extorsiones, atracos y homicidios.
En contraste, sectores alternativos y movimientos sociales expresaron reparos por el enfoque. Óscar Benavides, representante electo a la Cámara por las negritudes, comparó la propuesta con experiencias del pasado y advirtió: “Ayer las Convivir, hoy bloques de defensa para la seguridad urbana”.
Desde el Pacto Histórico, el senador Alejandro Ocampo planteó interrogantes y habló del riesgo de un “paramilitarismo 2.0”. Con el decreto anunciado para el 7 de agosto, el punto crítico del debate queda concentrado en qué facultades tendría el bloque y bajo qué reglas empezaría a operar desde el inicio del nuevo gobierno.
por Konuco | Jul 2, 2026 | Política
El apoyo del BID al empalme anunciado por el presidente electo Abelardo de la Espriella USD 60 millones, que calificó como no reembolsables, abrió un debate sobre el destino de los recursos y su naturaleza mientras sectores del Centro Democrático lo defienden como cooperación técnica, congresistas electas del Pacto Histórico piden claridad y advierten riesgos de endeudamiento.
Qué dijo De la Espriella sobre los USD 60 millones y el “Empalme Anticorrupción”
De la Espriella informó en la red social X que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 60 millones de dólares no reembolsables para respaldar el proceso de empalme con el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro. En el mensaje, el mandatario electo destacó el trabajo conjunto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
Según De la Espriella, más de 400 personas han trabajado por más de seis meses en la preparación del empalme. En su mensaje describió el estado que recibiría su administración como “el desastre que nos están dejando” y presentó el empalme como un mecanismo “anticorrupción” orientado a garantizar transparencia en la transferencia de mando.
En una comunicación posterior, fechada el 1 de julio y divulgada por el movimiento Defensores de la Patria, el presidente electo fijó ejes para la transición, con énfasis en la lucha anticorrupción, la reconstrucción institucional y el rediseño del Estado. “Aquí nadie tiene corona”, afirmó, al prometer acciones contra cualquier acto de corrupción.
De la Espriella también anunció que el 30 de junio de 2026 instaló el “Empalme Anticorrupción” con el liderazgo de Restrepo. Indicó que el trabajo se organiza en 22 mesas técnicas con más de 1.200 especialistas y facilitadores y que busca “conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”.
Cruce por la naturaleza del apoyo del BID al empalme: donación o deuda
El anuncio derivó en críticas desde el Pacto Histórico. La representante a la Cámara electa Aida Quilcué cuestionó que “un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación” y sostuvo que esos recursos “no son un regalo”, sino fondos que podrían convertirse en deuda y abrir la puerta a condicionamientos para el país.
La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respondió que se trata de recursos “no reembolsables” y que, por tanto, no constituyen deuda ni generan intereses. “Esta cooperación técnica no es un préstamo, no engañe”, afirmó al refutar la interpretación de Quilcué.
En otro frente del debate, en 6AM W de Caracol Radio, el representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta señaló que no hace parte del equipo oficial de empalme y que sus opiniones previas en redes corresponden a posturas personales. Aun así, dijo que, según la información que conoce, el apoyo se concentraría en herramientas tecnológicas para revisar la información entregada por la administración saliente.
Arizabaleta sostuvo que el empalme se aborda en 22 sectores con más de mil personas ad honorem y que “lo que cuesta ahí es el software que va a arrojar las irregularidades que ha habido y los presuntos casos de corrupción”. También afirmó que, según su conocimiento, el BID lo donaría y “no es reembolsable”.
Piden más claridad sobre el uso de los recursos
La representante electa del Pacto Histórico Ana Erazo cuestionó la cifra anunciada y pidió mayor claridad sobre su destino. Recordó que en la transición entre el gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro participaron miles de profesionales voluntarios sin un presupuesto similar y planteó dudas sobre el tamaño del monto: “¿Qué software vale todo ese dinero?”.
En el mismo espacio radial, Erazo también defendió la desobediencia civil como una figura pacífica y legítima dentro de la democracia, frente a los cuestionamientos que surgieron por declaraciones del líder de la oposición, Iván Cepeda. Por ahora, la controversia principal se mantiene en torno a la justificación y el uso de los USD 60 millones anunciados para el empalme.
