por Konuco | Sep 4, 2026 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional ordenó garantizar, en 48 horas, un suministro temporal de agua apta para consumo humano en comunidades wayuu de Uribia, con especial protección para la niñez ante un riesgo sanitario en su fuente de abastecimiento.
Agua potable para niños wayuu
La medida cautelar dispone que la Alcaldía de Uribia y Esepgua implementen un esquema transitorio mediante carrotanques y tanques de almacenamiento. El suministro deberá operar bajo protocolos permanentes de calidad, limpieza y desinfección, mientras se adoptan decisiones de mayor alcance.
La orden fue impartida en el Auto 1201 de 2026 por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017. La providencia se produjo después de una inspección judicial en el corregimiento de Jojoncito, en Uribia, con apoyo técnico de la Universidad del Magdalena.
Durante la visita del 27 de agosto se revisaron las condiciones de abastecimiento en Waimpiralein y otros asentamientos cercanos. Las comunidades toman el agua de un reservorio de escorrentía superficial donde se detectaron condiciones que podrían afectar su aptitud para el consumo humano.
El magistrado ponente Carlos Camargo señaló la posible presencia de heces fecales de animales y una coloración verdosa asociada a microorganismos acuáticos. Las muestras recogidas durante la inspección permanecen en trámite de análisis de laboratorio.
La Corte reportó que 8 de cada 10 niños wayuu no acceden al mínimo de agua potable requerido para consumo humano. En los testimonios recogidos durante el recorrido, familias de la zona relataron el paso de recolectar agua lluvia a excavar el subsuelo junto al arroyo para encontrarla.
Plazos para tratamiento y solución
El Ministerio de Vivienda tendrá 15 días hábiles para presentar una alternativa temporal de tratamiento o purificación ajustada a las condiciones encontradas y con participación de la comunidad wayuu. Entre las opciones planteadas figura la posible instalación de filtros de purificación.
En 30 días hábiles, el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Uribia, Esepgua y las demás entidades técnicamente competentes deberán entregar una propuesta preliminar de solución sostenible para Waimpiralein y las comunidades directamente afectadas.
La providencia también ordenó al Ministerio de Vivienda evaluar, en 60 días hábiles, la existencia de situaciones semejantes en comunidades wayuu de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. La Procuraduría vigilará el cumplimiento de las órdenes.
El Ministerio del Interior deberá traducir la parte resolutiva al wayuunaiki y divulgarla a través de mecanismos culturalmente adecuados. El esquema de suministro dispuesto para Uribia fue definido como cautelar, transitorio y revisable.
por Konuco | Sep 2, 2026 | Destacadas, Judicial e Investigación
Catorce personas fueron capturadas en Líbano, Tolima durante un operativo contra la estructura ‘Los Químicos’. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, ante la que avanzan audiencias para definir su situación jurídica.
Allanamientos y órdenes judiciales
El operativo incluyó 12 allanamientos en los barrios Primero de Mayo, Luz del Sol y Las Ferias, además de la invasión San José. En las diligencias participaron la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, tras un año de investigación.
Las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué. Las órdenes corresponden al delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Entre los detenidos figuran los alias ‘Terigio’, ‘La Crespa’, ‘Saya’, ‘Diomedez’ y ‘Cúcuta’. También fueron capturados ‘Chupo’, ‘Abuelo’, ‘Pipo’, ‘Conejo’, ‘Paty’, ‘Capera’, ‘Wili’, ‘Toño’ y ‘La Gorda’.
Investigación sobre Los Químicos
‘Los Químicos’ es una estructura investigada por tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en el norte del Tolima. Las labores de inteligencia e investigación criminal señalan a ‘Terigio’ y ‘La Crespa’ como presuntos líderes y les atribuyen la coordinación de los demás integrantes.
El coronel Ferney Martín, comandante de la Policía en Tolima, indicó que los otros miembros presuntamente cumplían distintas funciones relacionadas con actividades ilícitas y el tráfico local de estupefacientes en varios sectores de Líbano.
Durante los procedimientos fueron incautados un teléfono celular y tres cartuchos para revólver calibre 38 milímetros. Los capturados y los elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía Octava Especializada Antinarcóticos de Ibagué, ante la cual se desarrollan audiencias virtuales con un juez de la República.
por Konuco | Jul 9, 2026 | Judicial e Investigación
La captura de alias Bendito Menor será una de las primeras tareas de seguridad del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien aseguró que ya ordenó a su ministro de Defensa designado estructurar un plan operativo para ejecutarlo desde el inicio del mandato, el 7 de agosto.
La captura de alias Bendito Menor, como prioridad desde el arranque
De la Espriella afirmó que impartió la instrucción el 9 de julio y que el documento debe quedar listo antes de la posesión. En su mensaje, enmarcó la directriz en una estrategia para anticipar operaciones contra estructuras armadas ilegales en la región Caribe.
El presidente electo sostuvo que el señalado será tratado como objetivo de alto valor y lo describió como una amenaza para La Guajira. Bajo esa línea, planteó que su persecución debe ponerse al frente de las prioridades desde el comienzo del nuevo gobierno.
De la Espriella señaló que el mayor general Jorge Mora asumirá como ministro de Defensa a partir del 7 de agosto. Con base en esa designación, dijo que ya le solicitó preparar las acciones para concretar la captura y divulgó una directriz operativa en la que, si hay resistencia, se proceda a “capturar o dar de baja” al señalado.
Video en Riohacha y verificación anunciada por la Policía
El anuncio del presidente electo se conoció después de que circulara en redes sociales un video en el que se ve al señalado en una caravana de motocicletas por calles de Riohacha. Las imágenes reactivaron preguntas sobre su paradero y sobre la respuesta de las autoridades en la zona.
En ese contexto, se informó que la Policía anunció una verificación del material difundido. Sobre el momento en que habría ocurrido el episodio, los reportes periodísticos hicieron referencias distintas: Semana lo ubicó tras el partido que marcó la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, mientras El Tiempo lo situó después de un encuentro contra Suiza.
El señalado, su presunta identidad y la recompensa en el Caribe
El Tiempo identificó al hombre señalado como Nain Pérez Toncel y lo ubicó como uno de los principales comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura conocida también como Los Pachenca. Según ese reporte, el grupo disputa la región y ejerce control criminal en el Caribe.
De acuerdo con esa misma información, las autoridades lo mantienen entre los más buscados en la región Caribe y ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita su captura.
En paralelo, Semana reportó que De la Espriella envió un mensaje a cabecillas del ELN y disidencias de las Farc en Norte de Santander, con un plazo de un mes para someterse a la justicia y la advertencia de aplicar “todo el peso de la ley” si no lo hacen. Ese enfoque se suma a la prioridad anunciada sobre Bendito Menor, mientras se acerca la fecha de posesión.
por Konuco | Jul 8, 2026 | Judicial e Investigación
La extinción de dominio contra René Higuita avanzó en Medellín con una orden judicial que dispone que una casa en El Poblado quede transferida a nombre del Estado mientras sigue el trámite. La defensa del exarquero, a través de su abogado, anunció que apelará la decisión.
La decisión: el inmueble pasa al Estado y lo administrará la SAE
El fallo lo emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras respaldar una solicitud de la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso patrimonial. La medida se concentra en establecer el origen y la trazabilidad del predio.
Además de poner el bien a nombre del Estado durante el trámite, el juzgado ordenó que la administración quede en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En este tipo de procesos, esa entidad se encarga de gestionar los bienes sometidos a extinción de dominio. El expediente, según lo expuesto en la audiencia, no implica una nueva condena penal contra Higuita.
La hipótesis de la Fiscalía: traspasos, presuntos testaferros y una firma falsa
En el expediente, la Fiscalía planteó que la propiedad habría sido comprada inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, a quien ubica como presunto testaferro de William Moncada y de Gerardo “Kiko” Moncada. Ambos aparecen mencionados en el proceso como integrantes del Cartel de Medellín.
De acuerdo con esa hipótesis, después de la compra se habría presentado una cadena de transferencias hasta que el inmueble terminó registrado a nombre de José René Higuita Zapata y un familiar. Para el ente acusador, esa secuencia habría buscado ocultar activos y un eventual origen ilícito.
Entre los elementos valorados se mencionó un estudio grafológico que concluyó que una firma en una escritura pública era falsa. Con soportes documentales, testimoniales y periciales, el juzgado concluyó que el predio habría servido para lavar u ocultar bienes provenientes de actividades del narcotráfico.
La apelación de la defensa: “buena fe” y una compraventa de 1992
Tras conocerse la orden, el abogado Luis Fernando Giraldo anunció que presentará recurso de apelación para que una segunda instancia revise lo resuelto por el juzgado. Según su planteamiento, el debate debería centrarse en la diligencia aplicada para verificar antecedentes al momento del negocio, y no únicamente en la procedencia del dinero.
El defensor sostuvo que la compraventa se realizó en 1992 y que incluyó la entrega de dos inmuebles: un apartamento en el sector del Velódromo, en Medellín, y otro en Cartagena. También afirmó que el negocio se pactó por cerca de 60 millones de pesos y que, en su versión, siguió los protocolos vigentes en ese momento. Añadió que con el tiempo se conocieron presuntas irregularidades, como la posibilidad de que Cuartas Rendón hubiera fallecido para la fecha de la compraventa, algo que —según dijo— Higuita desconocía.
por Konuco | Jul 6, 2026 | Judicial e Investigación
La suspensión de auditoría a la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia ) quedó en firme por orden del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, que adoptó una medida cautelar dentro de una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión congela provisionalmente la inspección mientras avanza el trámite constitucional.
Qué ordenó el juzgado de Itagüí y por qué suspendió la diligencia
El despacho judicial ordenó detener, de manera provisional, la auditoría que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), tras admitir una medida cautelar solicitada por la empresa. El juzgado sustentó que se trata de una determinación preventiva, orientada a evitar un “riesgo cierto e inminente” sobre garantías fundamentales antes de que haya un fallo de fondo.
Con esa orden, la inspección queda congelada hasta que se resuelva la acción de tutela presentada por la licorera departamental. En ese recurso, la FLA sostiene que la Supersalud sobrepasó sus facultades legales en el marco de las actuaciones de inspección, vigilancia y control.
La Gobernación de Antioquia respaldó la medida cautelar. La secretaria general, Martha Patricia Correa, dijo que con la suspensión se protege el derecho fundamental al debido proceso frente a la tutela instaurada por la FLA y sostuvo que las diligencias de la entidad nacional excedieron sus competencias.
La disputa por la información solicitada y la recusación contra Daniel Quintero
El choque se centra en el alcance de la información requerida por funcionarios de la Superintendencia durante la auditoría. La FLA advirtió que le exigieron datos protegidos por reserva industrial, financiera y comercial. Además, según su gerente, Esteban Ramos Maya, también se solicitaron soportes que no existen en su estructura administrativa, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor.
La empresa cuestionó que los cuestionarios estuvieran enfocados en asuntos de gobierno corporativo, contratación y finanzas que, en su criterio, no guardan relación directa con el objetivo de la vigilancia: supervisar los recursos del monopolio rentístico de los licores que se destinan al sistema de salud.
En paralelo, el caso tiene una arista política e institucional. Antes de acudir a la tutela, la FLA presentó una recusación contra Daniel Quintero, director de la Supersalud, y contra Juan David Duque, superintendente delegado. La licorera argumentó dudas sobre su imparcialidad y aludió a la confrontación política entre Quintero y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Denuncias penales y auditorías en Antioquia: la Supersalud mantiene su ofensiva
La tensión se acentuó cuando la Superintendencia anunció denuncias penales contra directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar la auditoría iniciada el 26 de junio de 2026. Quintero afirmó entonces que el equipo auditor no recibió documentación y anunció actuaciones ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. La FLA negó haber impedido el ingreso o la revisión y dijo que detuvo temporalmente la entrega de información mientras se resolvían recursos sobre los funcionarios.
En su versión oficial, la Supersalud sostuvo que ese día el equipo auditor llegó a las instalaciones para reanudar las actuaciones y que la empresa impidió continuar con el procedimiento. La entidad afirmó que atender los requerimientos es una obligación para los vigilados y señaló que la conducta podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, con base en el artículo 429D del Código Penal.
Según la Superintendencia, la recusación contra Quintero y Duque mantuvo suspendida la diligencia mientras se resolvía el recurso, y luego el Ministerio de Salud y Protección Social declaró que la recusación no estaba probada, lo que permitió continuar con la auditoría antes de la suspensión judicial.
En ese mismo frente regional, la Supersalud anunció otra denuncia penal, esta vez por presunta obstrucción durante una auditoría a la Alcaldía de Medellín. La entidad aseguró que un equipo de 13 auditores realiza inspecciones en la secretaría de Salud de la Gobernación y en la Alcaldía, y dijo que enfrentó situaciones de maltrato en las actuaciones. También informó que puso esos hechos en conocimiento de la Procuraduría y presentó denuncia ante la Fiscalía por presunta violencia contra servidor público y obstrucción.
Ramos defendió la recusación y afirmó que la presentó para evitar que se instrumentalice la entidad en disputas personales. Además, señaló que en 2025 la FLA transfirió $1,4 billones por impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional, recursos que, según explicó, se destinaron a fortalecer salud, educación e infraestructura.
