La extinción de dominio contra René Higuita avanzó en Medellín con una orden judicial que dispone que una casa en El Poblado quede transferida a nombre del Estado mientras sigue el trámite. La defensa del exarquero, a través de su abogado, anunció que apelará la decisión.
La decisión: el inmueble pasa al Estado y lo administrará la SAE
El fallo lo emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras respaldar una solicitud de la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso patrimonial. La medida se concentra en establecer el origen y la trazabilidad del predio.
Además de poner el bien a nombre del Estado durante el trámite, el juzgado ordenó que la administración quede en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En este tipo de procesos, esa entidad se encarga de gestionar los bienes sometidos a extinción de dominio. El expediente, según lo expuesto en la audiencia, no implica una nueva condena penal contra Higuita.
La hipótesis de la Fiscalía: traspasos, presuntos testaferros y una firma falsa
En el expediente, la Fiscalía planteó que la propiedad habría sido comprada inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, a quien ubica como presunto testaferro de William Moncada y de Gerardo “Kiko” Moncada. Ambos aparecen mencionados en el proceso como integrantes del Cartel de Medellín.
De acuerdo con esa hipótesis, después de la compra se habría presentado una cadena de transferencias hasta que el inmueble terminó registrado a nombre de José René Higuita Zapata y un familiar. Para el ente acusador, esa secuencia habría buscado ocultar activos y un eventual origen ilícito.
Entre los elementos valorados se mencionó un estudio grafológico que concluyó que una firma en una escritura pública era falsa. Con soportes documentales, testimoniales y periciales, el juzgado concluyó que el predio habría servido para lavar u ocultar bienes provenientes de actividades del narcotráfico.
La apelación de la defensa: “buena fe” y una compraventa de 1992
Tras conocerse la orden, el abogado Luis Fernando Giraldo anunció que presentará recurso de apelación para que una segunda instancia revise lo resuelto por el juzgado. Según su planteamiento, el debate debería centrarse en la diligencia aplicada para verificar antecedentes al momento del negocio, y no únicamente en la procedencia del dinero.
El defensor sostuvo que la compraventa se realizó en 1992 y que incluyó la entrega de dos inmuebles: un apartamento en el sector del Velódromo, en Medellín, y otro en Cartagena. También afirmó que el negocio se pactó por cerca de 60 millones de pesos y que, en su versión, siguió los protocolos vigentes en ese momento. Añadió que con el tiempo se conocieron presuntas irregularidades, como la posibilidad de que Cuartas Rendón hubiera fallecido para la fecha de la compraventa, algo que —según dijo— Higuita desconocía.
