por Konuco | May 6, 2026 | Destacadas, Política
Colombia entra en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, y con ello llega una responsabilidad que muchos quieren evitar, pero pocos pueden ignorar: ser jurado de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil designará cerca de 850.000 ciudadanos en todo el país mediante un sorteo electrónico que cruza datos de empresas, entidades públicas y universidades. Desde el 7 de mayo, cualquier persona podrá consultar si fue seleccionada ingresando a la página oficial.
Y aquí viene lo importante: este no es un llamado opcional. Según el Decreto 2241 de 1986, ser jurado es de obligatoria aceptación. No asistir puede salir muy caro: multas de hasta 10 salarios mínimos (más de 17 millones de pesos) para ciudadanos del común, y hasta la destitución si se trata de funcionarios públicos.
El servicio comienza desde las 7:30 de la mañana y termina solo cuando se haya contado el último voto. Es una jornada larga, exigente y clave para la democracia del país.
Pero no todo está perdido. La ley contempla excepciones. Enfermedades graves, la muerte de un familiar cercano, no vivir en el municipio asignado, tener más de 60 años o viajes programados antes del sorteo son algunas de las razones válidas para pedir exoneración, siempre y cuando se demuestren con documentos.
Eso sí, el proceso no es automático. La persona debe acudir directamente a la Registraduría donde fue asignada, presentar una excusa formal por escrito y adjuntar las pruebas necesarias. Hacerlo a tiempo puede evitar sanciones.
En medio de la molestia que genera esta obligación, hay un pequeño alivio: quienes cumplan como jurados recibirán un día de descanso remunerado dentro de los 45 días siguientes.
La pregunta ahora es inevitable: ¿ya revisó si le tocó? Porque en estas elecciones, ignorar el llamado no solo es irresponsable… puede salirle muy caro.
por Konuco | Oct 21, 2025 | Destacadas, Política
El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, revocó la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe, en el caso en su contra por supuesto soborno de testigos y fraude procesal.
Previamente, el tribunal declaró ilegales la interceptación al celular del expresidente, que se produjo supuestamente por error porque se confundió con el celular de otro congresista. Esa interceptación había sido avalada en múltiples instancias judiciales, incluso por la Corte Suprema de Justicia.
Con esa decisión, el magistrado le dio la razón al defensor de Uribe, Jaime Granados. El abogado decía que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que se escucharon conversaciones sin orden judicial. Pero que también se violó el secreto profesional.
“Cualquier intento de convalidarla la ilicitud fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pesquizas indiscriminadas. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad”, dijo el magistrado.
En ese contexto, determinó también que no existe ninguna prueba, ni ningún testigo que permita comprobar que el expresidente Uribe indujo a terceros, entre ellos al abogado Cadena, a conseguir testigos y retractaciones a su favor. Lo que contradice el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, que sostiene que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos: Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’, a través del abogado Cadena. Por eso fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.
Para el magistrado no se trata de presiones para incriminar a Cepeda y que no hay ninguna prueba en contra de Uribe, dijo que se aplicó rigor desigual descalificando testigos afines a la defensa.Agregó que Cadena actuó solo “no hay instrucciones del acusado”. Esa declaración la hizo sobre Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’. Además, ordenó compulsar que se investigue a Carlos Enrique Vélez.
Concretamente, sobre el testigo estrella, es decir, Juan Guillermo Monsalve, el magistrado dijo que no practicó prueba que permitiera darle prueba a su declaración, porque para el magistrado ha entregado varias versiones.
Agregó que su declaración está motivada a buscar beneficios jurídicos.
“No puede asumirse que la retractación buscaba alterar una versión auténtica ni que la primera declaración representara una verdad judicial. El interés del testigo exige escrutinio riguroso”, dijo el magistrado.
Agregó que tampoco se le puede dar credibilidad a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y quien llevó el reloj con el que se grabaron las supuestas presiones a favor de Monsalve. Por eso, reiteró que no hay pruebas que indiquen que Uribe haya ordenado nada.
“No se demostró su intervención directa ni la existencia de un determinador intermediario. Las pruebas no vinculan al acusado con el actuar final”, dijo el magistrado, que agregó que el hecho de que estuviera informado no es un delito.
El magistrado dijo también que no hay pruebas de que Cadena le hubiera informado sobre el contenido de las cartas o las declaraciones con las que buscaba retractaciones.
«Las conversaciones entre Cadena y el expresidente reflejan que el expresidente fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve quería retractarse«.
Sobre el caso de fraude procesal, el magistrado desestimó la intervención de Uribe en la elaboración y envío, a través de su abogado Diego Cadena, de un conjunto de cartas firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia reabriera una investigación ya archivada contra el senador Iván Cepeda.
En esas cartas se afirmaba que Iván Cepeda los había contactado en 2012 para ofrecerles beneficios a cambio de declarar que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena.
Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
(Colprensa)
Foto: Colprensa – Cristian Bayona
por Konuco | Oct 16, 2025 | Destacadas, Política
La marea política al interior del Pacto Histórico no para, sumado a las decisiones de los dos máximos organismos electorales de no permitir el logo del partido y no reimprimir los tarjetones, los ánimos políticos al interior de sus filas siguen al rojo.
En lo político, el ambiente sigue caldeado. El exprecandidato presidencial Daniel Quintero vaticinó que, si la consulta del 26 de octubre sigue en firme, el que sea su ganador quedará impedido por mandato de la ley para ir en marzo a la llamada consulta del Frente Amplio, es decir, la consulta interpartidista de la izquierda.
Según Quintero, “participar en la consulta del 26 de octubre me habría impedido participar en las elecciones que vamos a realizar en marzo del 2026. Las razones son varias: al no ser una consulta partidista, la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año y con la que vamos a construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta”.
Precisa además que “esto se agrava porque redactaron mal la pregunta ‘VOTO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA’. Al ganar la consulta, quedaba obligado a cumplir lo estipulado en el tarjetón como si fuera un contrato. Es decir, tenía que ir directamente a mayo o me tocaría pagar los más de 200 mil millones que vale la consulta”.
Cuestiona que “la decisión del CNE de pedir la reimpresión de los tarjetones sin el logo del Pacto Histórico, y la negativa de la Registraduría a hacerlo, hacen que los tarjetones sean ilegales. Mantenerse implicaría soportar una cascada de demandas a mi elección que contaminarían la campaña”.
Respecto a las críticas que le han hecho a él porque se retiró pese a que no podría, Quintero manifestó que “dado que la consulta ahora es entre tres partidos: el Polo, Comunistas y la UP, a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos, quedo en libertad para aspirar en marzo o en mayo del próximo año en las elecciones presidenciales”.
Sin embargo, lo dicho por el excandidato lo rechaza la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien considera que, al haberse inscrito oficialmente como precandidato presidencial en la consulta de esos tres partidos, eso le genera consecuencias jurídicas que no se pueden desconocer tras su decisión de no participar el 26 de octubre en la misma.
Para Barrios, “de acuerdo con la Ley 1475, él no podría ser candidato a la Presidencia en 2026. Sin embargo, es una decisión definitiva que toma la autoridad electoral. Pero si la autoridad electoral se remite a la ley, él ya es precandidato de una consulta, así se retire, y ese resultado es de obligatorio cumplimiento para él y no podrá inscribirse por ninguna otra organización política”.
Barrios recordó que “esa inscripción ya había quedado en firme. Se hicieron reuniones para aprobar las tarjetas electorales, definir los puestos y las mesas de votación. Todo estaba listo para seguir adelante. Legítimamente un candidato puede retirarse, pero eso no significa que no tenga que cumplir con las reglas de la consulta.”
Lo dicho por Barrios va en tono con el planteamiento de la Registraduría Nacional sobre la consulta. “La Registraduría Nacional cumple una labor de organización y dirección del proceso electoral, de manera que no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”, indicó una declaración de la entidad.
Tras recordar un cronograma que se cumplió paso a paso para las consultas, la Registraduría indicó también que “finalizado el periodo de modificaciones (3 de octubre), la Registraduría socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas. La entidad no recibió objeción alguna. El 100 % del material electoral se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional. Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta”.
De esa manera, la entidad le respondió a la candidata Carolina Corcho, quien pidió reimprimir los tarjetones, como también a las acusaciones de Quintero, quien reclama que no ha habido garantías suficientes en el proceso electoral.
De Colprensa
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Política
El expresidente César Gaviria, en una carta publicada en sus redes sociales, rechazó que los miembros del grupo ilegal del Tren de Aragua puedan ser incluidos en la política de Paz Total y como consecuencia de ello puedan evitar su extradición o recibir algún tipo de beneficios.
Gaviria dice que con la inclusión, «se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas, quienes, según información de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir esas extradiciones por parte del Gobierno».
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Carlos Felipe Córdoba suspende gira tras amenazas contra su vida
En su carta, el expresidente y líder del Partido Liberal critica que el presidente Petro haya intentado justificar las actividades criminales del Tren de Aragua en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. «¡Qué despropósito! ¡Qué error monumental!«, dice.
Y destaca que el Tren de Aragua es una de las organizaciones delincuenciales más peligrosas del mundo, con actividades ilícitas que no se limitan al narcotráfico, declarada organización terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos.
Señaló que de concretarse la posibilidad de que los miembros del Tren de Aragua sean cobijados por la Paz Total, el país debe entrar en alerta máxima, porque sería una señal de que el Gobierno intencionalmente busca causarle daño al país en beneficio de organizaciones criminales extranjeras.
«Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia», agregó.
(Colprensa)
por Konuco | Oct 10, 2025 | Destacadas, Política
Las amenazas siguen rondando la actividad política de los candidatos presidenciales. En esta ocasión, el afectado es el excontralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien en la tarde de este jueves informó que, por motivos de seguridad, tuvo que suspender su gira por el Huila, debido a que recibió amenazas contra su vida.
Según Córdoba, “esta madrugada, informes de inteligencia nos advirtieron sobre un posible riesgo de atentado contra mí y mi equipo en el municipio de Pitalito, Huila, derivado de los recientes golpes propinados a estructuras criminales y de la presencia de bandas armadas en la zona”.
Ante el riesgo, señaló: “Por responsabilidad con nuestro equipo y con la ciudadanía, hemos decidido suspender toda la agenda prevista para los próximos tres días en el departamento del Huila. Agradecemos profundamente el esfuerzo de los cientos de voluntarios y colaboradores que durante semanas prepararon con entrega las actividades programadas.”
El aspirante presidencial aseveró que “nuestra campaña sigue adelante, sin miedo y con más fuerza que nunca. Ninguna amenaza podrá detener este proyecto que nació para defender a los colombianos, devolverles la seguridad y acabar con la robadera. Nos vemos muy pronto, huilenses.”
Esta semana se conoció que el también candidato, exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, recibió una corona fúnebre enviada a su padre, Óscar Tulio Lizcano. Incluso, cuestionó al alto gobierno por no haber recibido una llamada de apoyo de parte del Ejecutivo.
Las amenazas igualmente en esta campaña han marcado la actividad política, en particular el asesinato del precandidato uribista Miguel Uribe, quien en un acto público de campaña el 7 de junio sufrió un atentado que le causó la muerte tres meses después.
De Colprensa
