Colombia entra en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, y con ello llega una responsabilidad que muchos quieren evitar, pero pocos pueden ignorar: ser jurado de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil designará cerca de 850.000 ciudadanos en todo el país mediante un sorteo electrónico que cruza datos de empresas, entidades públicas y universidades. Desde el 7 de mayo, cualquier persona podrá consultar si fue seleccionada ingresando a la página oficial.
Y aquí viene lo importante: este no es un llamado opcional. Según el Decreto 2241 de 1986, ser jurado es de obligatoria aceptación. No asistir puede salir muy caro: multas de hasta 10 salarios mínimos (más de 17 millones de pesos) para ciudadanos del común, y hasta la destitución si se trata de funcionarios públicos.
El servicio comienza desde las 7:30 de la mañana y termina solo cuando se haya contado el último voto. Es una jornada larga, exigente y clave para la democracia del país.
Pero no todo está perdido. La ley contempla excepciones. Enfermedades graves, la muerte de un familiar cercano, no vivir en el municipio asignado, tener más de 60 años o viajes programados antes del sorteo son algunas de las razones válidas para pedir exoneración, siempre y cuando se demuestren con documentos.
Eso sí, el proceso no es automático. La persona debe acudir directamente a la Registraduría donde fue asignada, presentar una excusa formal por escrito y adjuntar las pruebas necesarias. Hacerlo a tiempo puede evitar sanciones.
En medio de la molestia que genera esta obligación, hay un pequeño alivio: quienes cumplan como jurados recibirán un día de descanso remunerado dentro de los 45 días siguientes.
La pregunta ahora es inevitable: ¿ya revisó si le tocó? Porque en estas elecciones, ignorar el llamado no solo es irresponsable… puede salirle muy caro.