por Konuco | Sep 8, 2026 | Destacadas, Indígenas
La Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional instalaron una mesa de trabajo para incluir en el Registro Único de Damnificados (Rufe) a habitantes rurales de comunidades afro e indígenas afectados por el sismo.
El encuentro reunió a representantes de pueblos indígenas, consejos comunitarios de Buenaventura y juntas de acción comunal con entidades departamentales y nacionales. La prioridad fue avanzar en la inscripción de población étnica rural que aún permanece en proceso de registro, como parte de las respuestas dirigidas a las comunidades afectadas.
Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca, indicó que la administración trabaja en un procedimiento para incorporar a las ruralidades del departamento. El objetivo es que los grupos étnicos puedan quedar registrados dentro del Rufe como población damnificada.
Durante la jornada se recogieron inquietudes de los consejos comunitarios de Buenaventura y de las juntas de acción comunal de la vía Alterna e Interna. La interlocución con las entidades nacionales busca facilitar la gestión de las necesidades planteadas en esos territorios.
Registro de damnificados étnicos
Jorge Ernesto Roa, viceministro para el Diálogo Social y Derechos Humanos, señaló que el siguiente paso será revisar los compromisos de todas las autoridades y sostener los canales de comunicación mediante mecanismos de diálogo social y garantía de derechos.
La mesa plantea una respuesta al sismo que considere las condiciones de las zonas rurales y las dinámicas propias de cada comunidad. Lenis afirmó que la Gobernación quedó articulada con el Gobierno Nacional para trabajar con las comunidades indígenas y negras del departamento.
En paralelo, la Gobernación anunció estrategias de reactivación para emprendimientos afectados por el terremoto del 10 de agosto. La administración reportó 15.645 unidades de negocios con afectaciones en los 42 municipios del Valle del Cauca y pérdidas económicas estimadas por $313 mil millones.
Entre las medidas previstas figuran $5.250 millones aportados por la Gobernación, a través de Infivalle y Fonder Valle, para una bolsa de créditos con Bancóldex y el Gobierno Nacional. También se contemplan recursos por $9.280 millones con participación de iNNpulsa para créditos condonables e insumos.
La primera etapa de esos apoyos busca alcanzar 1.800 unidades productivas en Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago. Allí se proyecta la entrega de créditos condonables de hasta $5 millones, junto con insumos y apoyo a la reactivación del sector gastronómico.
por Konuco | Oct 30, 2025 | Destacadas, Indígenas
La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, anunció la ampliación del programa Conservar Paga hasta diciembre de 2026.
La jefe de la cartera ambiental también destacó que, actualmente, 5.500 familias participan en el programa en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, recibiendo un incentivo económico por cuidar 240.000 hectáreas de bosque amazónico, en coordinación con el Instituto Sinchi, Corpoamazonia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico (CDA).
“Este programa nació de una convicción profunda: no puede haber justicia ambiental sin justicia social y económica en los territorios. Con esta ampliación buscamos que a diciembre de 2026 tengamos al menos 9.000 acuerdos de conservación suscritos con las familias, cubriendo cerca de 350.000 hectáreas de bosque tropical conservado para la vida”, afirmó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres.
Según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el programa ha tenido un 98% de efectividad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las familias que habitan los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, zonas estratégicas para frenar la deforestación y restaurar el Bioma Amazónico.
Además, el Ministerio del Ambiente destacó que el 95% de los recursos del programa se destina directamente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
“Conservar Paga es mucho más que un programa. Es una apuesta por la justicia social y ambiental, una reivindicación del trabajo comunitario y una forma de reconocer que la selva puede ser la semilla de una nueva economía basada en el cuidado de la naturaleza. Porque cuando el Estado confía en su gente, la selva se revitaliza y el país avanza”, concluyó Vélez Torres.
De Colprensa
por Konuco | Oct 29, 2025 | Destacadas, Indígenas
La situación de seguridad y de Derechos Humanos en el departamento del Cauca sigue siendo crítica. Para 2024, se registraron 827 asesinatos, de los cuales 564 ocurrieron entre enero y agosto. Este año ya van 524.
Pero esa no es la única cifra que preocupa. Entre 2024 y los primeros nueve meses del 2025, 18 masacres ocurrieron en el departamento; asimismo, más de 100 mujeres fueron atendidas por ser víctimas del conflicto armado.
En relación con las desapariciones forzadas, fueron reportados 42 casos, de los cuales 18 corresponden al año 2024 y 24 al año 2025, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Popayán es el municipio donde más casos se registraron, con 31; le siguen Caldono (7) y Miranda, Guapi, Corinto y Caloto (1).
Sobre el desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo identificó que de 105 eventos masivos en todo el país en 2024, 16 se presentaron en el Cauca, afectando a más de 2.650 familias. En lo que va del 2025, la entidad ha registrado 14 eventos, afectando a alrededor de 1.300 familias. A eso se suman más de 100 casos de confinamiento.
“La situación de derechos humanos y del DIH en el Cauca se caracteriza por la continuidad de una grave crisis humanitaria, originada principalmente por la presencia y los enfrentamientos entre distintos grupos armados no estatales, así como la incidencia de la criminalidad organizada. Estas estructuras, que actúan de manera permanente o intermitente, mantienen una disputa por el control de territorios estratégicos y de economías ilícitas, las cuales representan la base de su financiación», dice el informe.
En ese sentido, explica que operan la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —con la que ha habido avances en un diálogo de paz—, la disidencia Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de sus distintos frentes y estructuras. A ello se suma la incursión en el departamento de carteles mexicanos, como Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
“Decidimos profundizar en las realidades del departamento, en su dolor, en las causas profundas de la violencia, y ofrecer un panorama actualizado sobre las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, identificando patrones de violencia, actores armados involucrados y, sobre todo, las respuestas institucionales, las que existen y las que todavía no han llegado”, aseguró la Defensora del Pueblo.
Por eso, la Defensoría pidió acelerar los procesos de titulación y restitución de tierras, respetando los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y consolidar estrategias interinstitucionales para desmantelar las economías ilícitas, con una coordinación efectiva entre el Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las comunidades.
En el ámbito de género y protección, pidió fortalecer la investigación de los casos de violencia sexual y feminicidio, ampliar las rutas de atención psicosocial, así como garantizar un enfoque étnico y diferencial en las políticas públicas, entre otras.
“El informe hace un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar. Esto implica fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales”.
De Colprensa
por Konuco | Oct 28, 2025 | Destacadas, Indígenas
Unidades de la Armada Nacional rescataron a 10 personas de comunidades indígenas del Casiquiare, quienes quedaron a la deriva en aguas del río Negro, cercanas a las riberas de San Felipe, Guainía. La embarcación artesanal presentó fallas técnicas en su motor principal.
El rescate se logró luego de que las unidades navales escucharan el llamado de emergencia proveniente de la embarcación. Inmediatamente, tripulantes de un Elemento de Operaciones Fluviales, que realizaba labores de patrullaje y control sobre el río, iniciaron la operación de búsqueda y rescate.
Ya en el sitio de la emergencia, las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, tras verificar el buen estado de salud de los ocupantes, entre los que se encontraban niños y adultos mayores, procedieron a transportarlos y remolcar la motonave hasta el muelle principal de San Felipe, Guainía.
“La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Orinoquía, continuará garantizando, con medios y talento humano, la seguridad integral fluvial en los diferentes afluentes de la región, con el fin de salvaguardar la vida humana en el río y efectuar control permanente en los espacios asignados bajo su responsabilidad”, informó la institución.
De Colprensa
por Konuco | Oct 27, 2025 | Destacadas, Indígenas
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó este lunes durante el foro «La primera Infancia Indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad», sobre la crítica situación que enfrentan los niños y niñas de pueblos originarios, quienes presentan tasas de mortalidad por desnutrición hasta cuatro veces superiores al promedio nacional debido a problemas estructurales y a la persistencia de brechas en la atención por parte del Estado.
La advertencia se basa en una evaluación realizada por la Contraloría Delegada para Población Focalizada sobre los servicios de atención integral a la primera infancia indígena en pueblos declarados en riesgo de extinción, correspondiente a los años 2023 y 2024. El estudio concluyó que la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces más altas que las del resto del país.
Un diagnóstico previo sobre política pública para la niñez y la adolescencia, realizado por la misma entidad en 2024, ya había identificado estas problemáticas. Dicho análisis reveló que los departamentos con los desempeños más bajos en la garantía de los derechos de los menores son Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo, territorios que coinciden con una alta presencia de comunidades indígenas.
Uno de los mayores obstáculos para atender la crisis, según la Contraloría, es la falta de datos actualizados. El Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE de 2018 registró 250.328 niños y niñas indígenas de 0 a 5 años, de los cuales 205.328 pertenecían a pueblos en riesgo de desaparecer. Sin embargo, el DANE no cuenta con proyecciones recientes y los censos del Ministerio del Interior están incompletos.
Esta carencia de información representa una barrera significativa tanto para formular políticas públicas adecuadas como para medir los resultados de las estrategias actuales en términos de cobertura y universalización de los servicios.
El Contralor señaló que aunque se han realizado esfuerzos importantes, todavía persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos.
La evaluación del organismo de control incluyó un análisis de caso sobre la atención a la primera infancia del pueblo indígena de Pueblo Rico (Risaralda), en seguimiento a la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de estos niños a servicios esenciales como salud, seguridad alimentaria y agua potable.
En este caso particular, la Contraloría identificó avances parciales por parte de las entidades responsables, pero concluyó que persisten fallas estructurales que disminuyen el impacto de las acciones. La desnutrición infantil continúa siendo crítica y existen deficiencias en el seguimiento, la continuidad y la articulación institucional. En este sentido, el contralor Rodríguez señaló que es necesario que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) refuerce su rol como entidad coordinadora.
Por todo lo anterior, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno y a los representantes de los pueblos indígenas para que establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan conocer los efectos de los modelos de atención, con el fin de garantizar los derechos y cerrar las brechas que afectan a la primera infancia indígena.
De Colprensa
