por Konuco | Ago 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgerente del Hospital de Sitionuevo del departamento de Magdalena, Jesús Enrique Rebolledo, por presunta participación irregular en un contrato que iría en detrimento del patrimonio público.
El ente de control informó que hay una investigación en curso para determinar si el entonces ordenador del gasto y supervisor del bilateral habría efectuado el pago correspondiente al contrato de prestación de servicios celebrado entre la Empresa Social del Estado (ESE) y un particular, con el objeto de capacitar al personal asistencial para fortalecer sus competencias en el área de urgencias y consulta externa, sin que este se hubiese ejecutado.
La Procuraduría aseguró que las acciones del exgerente desconocían el principio de responsabilidad.
El Ministerio Público calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, y recordó que el daño patrimonial al Estado es “la lesión del patrimonio público, representada en el (…) perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz (…) e inoportuna (…)”.
De Colprensa
por Konuco | Ago 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Tropas del Ejército y de la Armada fueron blanco de un ataque perpetrado con drones que lanzaron explosivos en un puesto de control ubicado en el río Naya, sector Pastico, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, acción que, según las primeras informaciones, dejó tres uniformados muertos y cuatro heridos. El ataque fue atribuido a las disidencias de las Farc Jaime Martínez.
El Comando de la Brigada 29, adscrito a la Tercera División del Ejército, informó que el ataque indiscriminado iba dirigido contra soldados del Batallón de Infantería N.° 56 y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 24 de la Fuerza Naval del Pacífico, en medio de operaciones de control territorial para brindar seguridad a la población civil.
Como resultado del ataque, el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz, perdieron la vida. Además, dos soldados profesionales y dos infantes de marina resultaron heridos y fueron trasladados a centros hospitalarios de Buenaventura para recibir atención médica.
El Ejército lamentó la pérdida de los tres militares y dispuso de un equipo especializado de la Dirección de Familia para acompañar y brindar apoyo a los allegados de las víctimas.
La institución militar coordinó con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar los actos urgentes. Adicionalmente, señaló que intensificará las operaciones ofensivas en la zona para ubicar, judicializar y capturar a los responsables del acto criminal.
Las autoridades reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del litoral pacífico caucano y vallecaucano.
De Colprensa
por Konuco | Ago 4, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El magistrado Ramiro Riaño Riaño, adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fue quien resolvió la acción de tutela que presentó la defensa del condenado expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba su libertad inmediata. El político fue sentenciado a 12 años y se ordenó prisión domiciliaria.
El magistrado Riaño ya había tomado decisiones referentes en el caso. En febrero de este año presentó un impedimento para analizar la tutela que interpuso la defensa del expresidente, en ese caso por la recusación en contra de la juez Sandra Heredia.
El argumento del abogado Jaime Granados fue que se violaron los derechos fundamentales del exmandatario, por lo que solicitó que se levantara esa decisión hasta tanto se resolviera el recurso de apelación, es decir, aquel que tenía que revisar el Tribunal Superior de Bogotá, con el que confirmaría o desestimaría la condena.
“La jueza Sandra Heredia transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”, argumentó la tutela presentada por la defensa.
La juez en su momento precisó que era necesario privar de su libertad a Uribe dado su gran reconocimiento a nivel internacional, por lo que resultaba fácil que pudiera abandonar el país para eludir la sanción impuesta.
Uribe fue sentenciado tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.
Lo que concluyó la jueza Heredia fue que el expresidente buscó la manipulación de al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias «Víctor», y Euridice Cortés, alias «Diana». Pero también sabía que se estaba engañando a la justicia con cartas falsas.
De Colprensa
por Konuco | Ago 1, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Más de 6.000 adolescentes fueron ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en 2024, con un predominio de jóvenes varones, la mayoría entre los 14 y 17 años. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el hurto es el delito más frecuente en estos casos, con 1.482 incidentes registrados, seguido por el tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y otros crímenes.
El panorama se agrava cuando se observa el contexto familiar y social de los jóvenes. Un alto porcentaje proviene de hogares monoparentales, donde las madres son las principales proveedoras, lo que, según expertos, puede generar un desarraigo emocional en los adolescentes.
Según la última encuesta del ICBF (2019), el 58,2 % de los adolescentes en el SRPA vivieron en familias monoparentales, siendo el 86,3 % de estos hogares encabezados por mujeres. Además, el 51,1 % de los jóvenes involucrados en el sistema tenía, o había tenido, algún familiar privado de la libertad.
En el conversatorio «Más allá del delito: historias, derechos, futuro», organizado por la coalición NiñezYA, varios jóvenes que han sido parte del sistema penal compartieron sus vivencias. María Fernanda, una de las participantes, relató que muchos de ellos nunca consideraron la posibilidad de llegar a la universidad. «Nunca contemplamos estar en la universidad. Eso es para personas millonarias. Y si es en la universidad pública, pues es para los que son muy inteligentes», expresó.
Carlos, Johan y Dairon también compartieron sus historias de vida. En sus barrios predominan hogares donde las madres son las únicas proveedoras y, debido a ello, los jóvenes quedan al cuidado de sus hermanos mayores, lo que a menudo los empuja hacia las calles. “Vengo de una cadena de droga, violencia y delincuencia”, señaló Carlos. Johan explicó que a pesar de ser testigo del daño causado por las drogas y el encarcelamiento de sus familiares, también vio en ello una forma de aprendizaje sobre los errores que podía evitar.
El proceso de reintegración y restauración en el SRPA es clave para evitar que los jóvenes reincidan en conductas delictivas, aunque no siempre resulta efectivo. Durante el conversatorio, los jóvenes compartieron cómo, en algunos casos, el proceso de justicia restaurativa les permitió transformar sus relaciones familiares. “Yo no tenía una buena relación con mi papá. No me decía ni feliz cumpleaños. No había confianza para hablar, pero con el proceso logré tener vínculos con él”, relató Johan.
Por otro lado, Dairon indicó que la justicia restaurativa lo ayudó a reconocer el daño que causaba a su familia y a otros. “En algún momento llegó el arrepentimiento. Pensé: ¿además de dañar a mi familia, por qué lastimar a otra que nunca me hizo nada? No conocía la justicia restaurativa, pero la estaba viviendo”, expresó.
A pesar de los avances, los jóvenes enfrentan grandes desafíos una vez egresan del sistema penal. Según Johan, al salir, es difícil aplicar lo aprendido debido a las barreras sociales y el estigma que siguen enfrentando. «Cuando egreso, un reto difícil es poner en práctica todo lo que me enseñaron durante el proceso y más porque me fui a vivir solo y a otra ciudad», señaló.
Carlos también compartió su frustración por la falta de apoyo luego de cumplir con su proceso. «Yo tenía a la defensora en un pedestal, pero se me cayó cuando le dije que quería ser psicólogo y me contestó: ya no tiene problemas con la ley y se fue», comentó.
La falta de acompañamiento adecuado después de la salida del SRPA es un problema recurrente. Gracy Pelacani, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, concluyó que más allá de superar los prejuicios hacia los adolescentes del sistema penal, la sociedad debe hacer un esfuerzo por conocer más y escuchar las historias de quienes han estado en el sistema. “Más allá de superar los prejuicios sobre los adolescentes del SRPA, la sociedad tiene que conocer más y escuchar a quienes estuvieron en el sistema”, concluyó.
Según un informe del ICBF, el 73 % de los adolescentes en el SRPA reportaron haber sufrido algún tipo de agresión antes de su ingreso, con el 38 % de ellos habiendo experimentado agresiones físicas. Además, el 51,1 % de estos jóvenes proviene de familias con antecedentes de privación de libertad, lo que refleja un ciclo intergeneracional de violencia y exclusión social.
Durante el conversatorio, los jóvenes coincidieron en que la clave para prevenir la reincidencia no está en aumentar las sanciones, sino en crear un entorno de apoyo y prevención. María Fernanda resumió este sentimiento al señalar: “Es triste que se deba pasar por esto para que un joven tenga oportunidades. Si las tuviera antes, ¿no sería prevenir?”
De acuerdo con una caracterización realizada por el ICBF al SRPA en 2019, el 73 % de los adolescentes en el sistema fueron víctimas de agresiones antes de ingresar, mientras que el 12 % vivió con familiares que habían pertenecido a grupos armados o habían enfrentado sanciones penales.
De Colprensa
por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Ejército Nacional negó que exista una estrategia institucional para declarar “loco” a José Leonairo Dorado, exagente de inteligencia y testigo clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo denunció una publicación reciente de la Revista Cambio. Según la institución, el traslado del compareciente a una clínica psiquiátrica fue ordenado por profesionales de la salud y se realizó conforme a la ley penitenciaria.
El Ejército explicó que los procedimientos aplicados en el Establecimiento de Reclusión del Cantón Militar de Puente Aranda (CPAMS EJEPO) se realizaron “conforme a los protocolos y competencias penitenciarias establecidos en la Ley 65 de 1993”. Indicó que, cuando una persona privada de la libertad manifiesta requerir atención médica, se activa el protocolo de manera inmediata.
Añadió que toda atención médica, así como los diagnósticos y epicrisis, están protegidos por una cláusula de reserva y solo pueden ser divulgados mediante orden judicial o solicitud expresa de la familia del recluso.
“El traslado se hizo conforme a lo recomendado por profesionales de la salud”, explicó el Comando del Ejército, al señalar que los dictámenes médicos no fueron emitidos por autoridades penitenciarias sino por personal médico calificado.
En respuesta al artículo titulado “Operación silencio: la macabra estrategia del Ejército para intimidar y declarar loco a uno de los principales testigos de la JEP”, la institución cuestionó que se vincule al Ejército con acciones irregulares, y sostuvo que cumplió exclusivamente con su deber de garantizar atención médica.
“Llama la atención que el medio de comunicación publique una acusación que compromete a una institución que no hizo más que garantizar atención médica a una persona que la requirió”, indicó el comunicado.
Asimismo, concluyó que las disposiciones del Ejército “jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a la ley”, y reiteró que su misión se enmarca en los principios del Estado Social de Derecho y el respeto a la Constitución.
La situación jurídica de Dorado, recordó la institución, está en manos de la jurisdicción competente y no bajo el control del Ejército Nacional.
Según la investigación periodística, el testigo habría sido llevado inicialmente al Hospital Militar para una resonancia por dolores de cabeza, pero fue trasladado a la Clínica Santo Tomás como paciente psiquiátrico sin haber sido evaluado previamente por un especialista en salud mental.
Cambio documentó que el acceso a Dorado fue negado inicialmente a su familia, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, y que solo tras la intervención de estas instituciones se permitió el ingreso de su hija, un funcionario de la Defensoría y un representante del Ministerio Público. En presencia de ellos, Dorado afirmó estar en la clínica en contra de su voluntad y negó padecer problemas psiquiátricos.
La revista también señaló que el exagente ha sido víctima de hostigamientos desde que brindó su testimonio ante la JEP, y que sus declaraciones han sido clave en casos como el ataque al Palacio de Justicia, el genocidio de la Unión Patriótica y el hallazgo de restos humanos en la antigua Brigada 20.
De Colprensa
