por Konuco | Ago 4, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El magistrado Ramiro Riaño Riaño, adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fue quien resolvió la acción de tutela que presentó la defensa del condenado expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba su libertad inmediata. El político fue sentenciado a 12 años y se ordenó prisión domiciliaria.
El magistrado Riaño ya había tomado decisiones referentes en el caso. En febrero de este año presentó un impedimento para analizar la tutela que interpuso la defensa del expresidente, en ese caso por la recusación en contra de la juez Sandra Heredia.
El argumento del abogado Jaime Granados fue que se violaron los derechos fundamentales del exmandatario, por lo que solicitó que se levantara esa decisión hasta tanto se resolviera el recurso de apelación, es decir, aquel que tenía que revisar el Tribunal Superior de Bogotá, con el que confirmaría o desestimaría la condena.
“La jueza Sandra Heredia transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”, argumentó la tutela presentada por la defensa.
La juez en su momento precisó que era necesario privar de su libertad a Uribe dado su gran reconocimiento a nivel internacional, por lo que resultaba fácil que pudiera abandonar el país para eludir la sanción impuesta.
Uribe fue sentenciado tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.
Lo que concluyó la jueza Heredia fue que el expresidente buscó la manipulación de al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias «Víctor», y Euridice Cortés, alias «Diana». Pero también sabía que se estaba engañando a la justicia con cartas falsas.
De Colprensa
por Konuco | Ago 1, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Más de 6.000 adolescentes fueron ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en 2024, con un predominio de jóvenes varones, la mayoría entre los 14 y 17 años. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el hurto es el delito más frecuente en estos casos, con 1.482 incidentes registrados, seguido por el tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y otros crímenes.
El panorama se agrava cuando se observa el contexto familiar y social de los jóvenes. Un alto porcentaje proviene de hogares monoparentales, donde las madres son las principales proveedoras, lo que, según expertos, puede generar un desarraigo emocional en los adolescentes.
Según la última encuesta del ICBF (2019), el 58,2 % de los adolescentes en el SRPA vivieron en familias monoparentales, siendo el 86,3 % de estos hogares encabezados por mujeres. Además, el 51,1 % de los jóvenes involucrados en el sistema tenía, o había tenido, algún familiar privado de la libertad.
En el conversatorio «Más allá del delito: historias, derechos, futuro», organizado por la coalición NiñezYA, varios jóvenes que han sido parte del sistema penal compartieron sus vivencias. María Fernanda, una de las participantes, relató que muchos de ellos nunca consideraron la posibilidad de llegar a la universidad. «Nunca contemplamos estar en la universidad. Eso es para personas millonarias. Y si es en la universidad pública, pues es para los que son muy inteligentes», expresó.
Carlos, Johan y Dairon también compartieron sus historias de vida. En sus barrios predominan hogares donde las madres son las únicas proveedoras y, debido a ello, los jóvenes quedan al cuidado de sus hermanos mayores, lo que a menudo los empuja hacia las calles. “Vengo de una cadena de droga, violencia y delincuencia”, señaló Carlos. Johan explicó que a pesar de ser testigo del daño causado por las drogas y el encarcelamiento de sus familiares, también vio en ello una forma de aprendizaje sobre los errores que podía evitar.
El proceso de reintegración y restauración en el SRPA es clave para evitar que los jóvenes reincidan en conductas delictivas, aunque no siempre resulta efectivo. Durante el conversatorio, los jóvenes compartieron cómo, en algunos casos, el proceso de justicia restaurativa les permitió transformar sus relaciones familiares. “Yo no tenía una buena relación con mi papá. No me decía ni feliz cumpleaños. No había confianza para hablar, pero con el proceso logré tener vínculos con él”, relató Johan.
Por otro lado, Dairon indicó que la justicia restaurativa lo ayudó a reconocer el daño que causaba a su familia y a otros. “En algún momento llegó el arrepentimiento. Pensé: ¿además de dañar a mi familia, por qué lastimar a otra que nunca me hizo nada? No conocía la justicia restaurativa, pero la estaba viviendo”, expresó.
A pesar de los avances, los jóvenes enfrentan grandes desafíos una vez egresan del sistema penal. Según Johan, al salir, es difícil aplicar lo aprendido debido a las barreras sociales y el estigma que siguen enfrentando. «Cuando egreso, un reto difícil es poner en práctica todo lo que me enseñaron durante el proceso y más porque me fui a vivir solo y a otra ciudad», señaló.
Carlos también compartió su frustración por la falta de apoyo luego de cumplir con su proceso. «Yo tenía a la defensora en un pedestal, pero se me cayó cuando le dije que quería ser psicólogo y me contestó: ya no tiene problemas con la ley y se fue», comentó.
La falta de acompañamiento adecuado después de la salida del SRPA es un problema recurrente. Gracy Pelacani, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, concluyó que más allá de superar los prejuicios hacia los adolescentes del sistema penal, la sociedad debe hacer un esfuerzo por conocer más y escuchar las historias de quienes han estado en el sistema. “Más allá de superar los prejuicios sobre los adolescentes del SRPA, la sociedad tiene que conocer más y escuchar a quienes estuvieron en el sistema”, concluyó.
Según un informe del ICBF, el 73 % de los adolescentes en el SRPA reportaron haber sufrido algún tipo de agresión antes de su ingreso, con el 38 % de ellos habiendo experimentado agresiones físicas. Además, el 51,1 % de estos jóvenes proviene de familias con antecedentes de privación de libertad, lo que refleja un ciclo intergeneracional de violencia y exclusión social.
Durante el conversatorio, los jóvenes coincidieron en que la clave para prevenir la reincidencia no está en aumentar las sanciones, sino en crear un entorno de apoyo y prevención. María Fernanda resumió este sentimiento al señalar: “Es triste que se deba pasar por esto para que un joven tenga oportunidades. Si las tuviera antes, ¿no sería prevenir?”
De acuerdo con una caracterización realizada por el ICBF al SRPA en 2019, el 73 % de los adolescentes en el sistema fueron víctimas de agresiones antes de ingresar, mientras que el 12 % vivió con familiares que habían pertenecido a grupos armados o habían enfrentado sanciones penales.
De Colprensa
por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Ejército Nacional negó que exista una estrategia institucional para declarar “loco” a José Leonairo Dorado, exagente de inteligencia y testigo clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo denunció una publicación reciente de la Revista Cambio. Según la institución, el traslado del compareciente a una clínica psiquiátrica fue ordenado por profesionales de la salud y se realizó conforme a la ley penitenciaria.
El Ejército explicó que los procedimientos aplicados en el Establecimiento de Reclusión del Cantón Militar de Puente Aranda (CPAMS EJEPO) se realizaron “conforme a los protocolos y competencias penitenciarias establecidos en la Ley 65 de 1993”. Indicó que, cuando una persona privada de la libertad manifiesta requerir atención médica, se activa el protocolo de manera inmediata.
Añadió que toda atención médica, así como los diagnósticos y epicrisis, están protegidos por una cláusula de reserva y solo pueden ser divulgados mediante orden judicial o solicitud expresa de la familia del recluso.
“El traslado se hizo conforme a lo recomendado por profesionales de la salud”, explicó el Comando del Ejército, al señalar que los dictámenes médicos no fueron emitidos por autoridades penitenciarias sino por personal médico calificado.
En respuesta al artículo titulado “Operación silencio: la macabra estrategia del Ejército para intimidar y declarar loco a uno de los principales testigos de la JEP”, la institución cuestionó que se vincule al Ejército con acciones irregulares, y sostuvo que cumplió exclusivamente con su deber de garantizar atención médica.
“Llama la atención que el medio de comunicación publique una acusación que compromete a una institución que no hizo más que garantizar atención médica a una persona que la requirió”, indicó el comunicado.
Asimismo, concluyó que las disposiciones del Ejército “jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a la ley”, y reiteró que su misión se enmarca en los principios del Estado Social de Derecho y el respeto a la Constitución.
La situación jurídica de Dorado, recordó la institución, está en manos de la jurisdicción competente y no bajo el control del Ejército Nacional.
Según la investigación periodística, el testigo habría sido llevado inicialmente al Hospital Militar para una resonancia por dolores de cabeza, pero fue trasladado a la Clínica Santo Tomás como paciente psiquiátrico sin haber sido evaluado previamente por un especialista en salud mental.
Cambio documentó que el acceso a Dorado fue negado inicialmente a su familia, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, y que solo tras la intervención de estas instituciones se permitió el ingreso de su hija, un funcionario de la Defensoría y un representante del Ministerio Público. En presencia de ellos, Dorado afirmó estar en la clínica en contra de su voluntad y negó padecer problemas psiquiátricos.
La revista también señaló que el exagente ha sido víctima de hostigamientos desde que brindó su testimonio ante la JEP, y que sus declaraciones han sido clave en casos como el ataque al Palacio de Justicia, el genocidio de la Unión Patriótica y el hallazgo de restos humanos en la antigua Brigada 20.
De Colprensa
por Konuco | Jul 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Ministerio de Defensa señaló que el presupuesto del sector alcanzó en 2025 los $60 billones de pesos, lo que equivale al 4,1 % del Producto Interno Bruto. Esta cifra representa un incremento del 18 % respecto al año 2014 y, según el Gobierno, es la más alta registrada hasta la fecha.
En respuesta a cuestionamientos sobre una supuesta desfinanciación de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que durante los últimos tres años el presupuesto aumentó más del 22 %, impulsado en gran parte por gastos de personal y mejoras en las condiciones de los soldados.
El Ministerio informó que en promedio el 79 % del presupuesto de Defensa se destina a gastos de personal, debido a factores como el pago de asignaciones de retiro, mejoras en la remuneración del servicio militar y programas de bienestar.
A partir de 2021, aumentó el gasto asociado a soldados profesionales que cumplieron 20 años de servicio. Además, desde 2023 se incrementó el porcentaje de compensación por prestar servicio militar, que pasó del 30 % a un 70 % del salario mínimo legal vigente, con una proyección del 100 % en 2026.
En 2024 se puso en marcha un plan para incrementar el pie de fuerza con la incorporación de 16.000 militares y 20.000 policías. Asimismo, desde ese año se implementó la política de Matrícula Cero en las escuelas de formación militar y policial.
El Ministerio también resaltó que desde 2022 se viene observando un crecimiento sostenido del presupuesto, que pasó de $53,3 billones en 2021 a $56,7 billones en 2022, $57,1 billones en 2023, $59,3 billones en 2024 y finalmente $60 billones en 2025.
El gasto en defensa se ha mantenido alrededor del 3,5 % del PIB entre 2014 y 2021. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó a subir, llegando al 4,1 % del PIB en 2024 y 2025. Según el Ministerio, este crecimiento refleja no solo el aumento del pie de fuerza, sino también una mayor inversión en bienestar y formación del personal uniformado.
Las cifras del Ministerio fueron presentadas en respuesta a declaraciones que advertían sobre una supuesta falta de recursos en las Fuerzas Militares. La entidad reiteró que «las Fuerzas Militares no están desfinanciadas» y que se mantiene el compromiso con su fortalecimiento operativo y social.
De Colprensa
por Konuco | Jul 11, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Las investigaciones que vincularían a la Segunda Marquetalia con el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay toman cada vez más fuerza. En las últimas horas, se conoció que las autoridades habrían podido identificar a José Aldinever Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, hombre de confianza del exjefe guerrillero ‘Iván Márquez’, como el autor intelectual.
Según reveló el diario El Tiempo, el ‘Zarco Aldinever’ estaría ordenando acciones terroristas desde territorio venezolano, buscando desestabilizar el panorama político colombiano en un año clave de definiciones electorales.
Su nombre no es nada desconocido para las autoridades. Según el prontuario criminal en su contra conocido por Colprensa, ingresó a los 15 años al Frente 53 de las FARC en el municipio de Medina (Cundinamarca), y a pesar de su corta edad ascendió rápidamente en la estructura.
Con tan solo 17 años fue cabecilla principal de la Compañía Móvil “Manuela Beltrán”, con área de influencia en la provincia de Gutiérrez: municipios de Carmen de Carupa, Ubaté, Guachetá, Lenguazaque, Villa Pinzón, Cucunubá, Sutatausa, y Tausa en Cundinamarca. A los 22 años, fue segundo cabecilla del Frente 53, ubicándose en la vereda Canay Medio, municipio del Restrepo (Meta), donde participó en el secuestro del alcalde y dos concejales de Medina.
Años después asumió el mando de ese frente, y también dirigió actividades de narcotráfico en la región del medio y alto Ariari, en municipios como Mesetas, Lejanías, San Juan de Arama, El Castillo y Cubaral (Meta).
Durante las negociaciones de paz con las FARC huyó e ingresó a la Segunda Marquetalia, grupo que sería el responsable del ataque.
La prueba clave de esa conexión sería Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, ya capturado y enviado a la cárcel. Según información militar, habría sido contactado por ese grupo disidente para coordinar y ejecutar el atentado contra el político de 39 años. Se sabe que planeaba asesinar a todos sus cómplices para no dejar rastro.
Lo anterior se suma a las declaraciones de Katherine Andrea Martínez, alias Andrea o Gabriela, joven de 19 años capturada en Florencia (Caquetá), señalada de participar en la ejecución logística del ataque. Dijo que El Costeño, luego del atentado, la envió a esa región con la promesa de que la guerrilla la iba a resguardar, aunque sospechaba que podían matarla o desaparecerla.
“(El Costeño) insistió en que me fuera para Florencia, que allá podía estudiar lo que yo quisiera. Le dije que qué se estudiaba o que qué podía estudiar. Me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que estos cursos iban a ser allá con la guerrilla, pero no me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las FARC o cuál era”, agregó Martínez, según reveló la Revista Semana.
Hasta el momento, van cinco personas capturadas por el atentado. Las autoridades han revisado 89 cámaras, entrevistado 43 testigos, incautado ocho celulares, ejecutado 29 intercepciones telefónicas, y realizado 8 interrogatorios y 7 allanamientos.
Dentro de los hallazgos, se determinó que el celular que usó el menor atacante no era suyo, sino que le fue prestado.
Ese teléfono fue incautado posteriormente por la Fiscalía durante un allanamiento.
La investigación también reveló que los proyectiles del arma utilizada fueron modificados con una aleación de bronce y latón, lo que permitía que el arma disparara en ráfaga.
De Colprensa
