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El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias fue condenado por corrupción del programa Agro Ingreso Seguro y estaba detenido en el Cantón Norte del Ejército en Bogotá. Tiene una condena de 17 años y cuatro meses de prisión emitida en julio del año 2014. La Corte Suprema de Justicia consideró que era responsable por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Ahora es beneficiario de la prisión domiciliaria gracias a que la ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá determinó que puede terminar de pagar su pena en casa, una solicitud en la que Arias ha insistido desde el año pasado. Arias desde el año 2021 había accedido a beneficios como el permiso de 72 horas por orden judicial, mientras al tiempo estudiaba y trabajaba en el edificio de la Fuerza Pública.

El exministro de Agricultura, que fue precandidato presidencial por el Partido Conservador, se vio implicado en unos convenios que se firmaron con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), no obstante, una investigación de Cambio, en la que profundizó la Procuraduría, reveló que los subsidios de AIS quedaron en manos de acaudalados empresarios. Además, beneficiarios fraccionaron sus predios para obtener mayores beneficios.

El exministro desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Al escoger de manera discrecional al IICA como cooperante, soslayó la regla según la cual la escogencia del contratista debe efectuarse a través de licitación o concurso público, agregó la Corte Suprema en 2014.  Trató de conseguir asilo político –petición huyendo a Estados Unidos en 2014, situación que no se logró y en agosto de 2016 fue detenido en Miami, pues la Corte Suprema había radicado una solicitud de extradición para que él volviera a Colombia.

Posteriormente, presentó varios recursos ante la jurisdicción estadounidense alegando ser un perseguido político y que no había tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, pero, al final, la justicia de ese país denegó sus peticiones y lo envió de regreso a Bogotá. Fue exministro de Agricultura durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y también logró, vía tutela, por orden de la Corte Constitucional, que todos los aforados como ministros o congresistas tengan derecho a una segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia.

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