Duro golpe a red criminal señalada de obtener documentos y permisos falsos para enviar irregularmente migrantes desde la costa atlántica hacia Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.
En uno de los eventos que se le atribuye a la organización murieron cinco ciudadanos, venezolanos y, por lo menos, 24 más resultaron heridos, luego de que se accidentara el bus
en el que eran transportados ilegalmente a Guayaquil (Ecuador) Nueve personas fueron judicializadas, entre ellas dos funcionarios de Migración Colombia
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió judicializar a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que estarían involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con
destino final a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.
Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesia Sanjuan, sería el principal articulador del andamiaje criminal. Al parecer, desde su puesto de
trabajo en Paraguachón (La Guajira), contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para
ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico).
El otro servidor público, identificado como Rafael Púa Ríos, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la
terminal aérea que sirve a Barranquilla. Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.
En el curso de la investigación fueron detectados varios eventos en los que habría participado la organización delictiva.
Las personas que harían parte de la estructura fueron capturadas en un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia, en diligencias realizadas en distintos
municipios de Atlántico, Córdoba y La Guajira. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público. Cinco de los procesados aceptaron cargos.