Según los denunciantes el Consorcio BOR está inhabilitado por virtud de la Ley 734 lo que implica que entregarle la licitación llevaría a una celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales. Además, de prevaricato.
El contrato por cerca de 200 millones de pesos sería para una nueva cárcel en la ciudad de Barrancabermeja , Santander, en el que se realizaría la construcción, equipamiento y dotación estructural.
Según el abogado Camilo Rodríguez, representante del consorcio Consorcio Tierradentro y uno de los denunciantes, la USPEC habría habilitado para la licitación al consorcio BOR sin tener en cuenta que dicho consorcio ya le había sido adjudicado dos contratos en días anteriores. Por ello, Rodríguez, señaló que el oferente habilitado por la USPEC no podría licitar este contrato dado que con las dos licitaciones entregadas habrían ya copado la capacidad residual de contratación de este grupo.
Adicionalmente, denuncian que toda la experiencia específica exigida en el pliego de condiciones aportada por el Consorcio BOR se hizo con una obra realizada en la ciudad de Valladolid – España, por el grupo CAPITOL S.L., el cual ha sido señalado y declarado fiscalmente responsable por la Contraloría y en consecuencia dicha experiencia no sería valida para tomar posesión de dicha licitación en el país.
Hasta ayer la USPEC al parecer habría habilitado al consorcio BOR para la licitación. Sin embargo, en las últimas horas el proceso de la licitación pública 050-2022 de la USPEC fue suspendido. Por lo cual los dos oferentes descartados por la entidad están a la espera de la revisión e investigación pertinente para una contratación justa y transparente.