La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Plataforma para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial (Piaci) rechazaron este jueves un proyecto de ley que promueve el genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
En un comunicado, las organizaciones precisaron que el proyecto de ley No. 3518/2022-CR fue presentado en noviembre pasado por un congresista fujimorista, Jorge Marante, y denunciaron que actores estatales y privados se aprovechan de la crisis y las protestas en el país para auparlo sin que despierte oposición.
Aseguraron que, de aprobarse, generaría el exterminio de los Piaci, pues entregaría a gobiernos regionales la facultad de revocar o extinguir las reservas indígenas existentes y evitar la creación de nuevas, y les permitiría anular el reconocimiento oficial de estas comunidades.
Consideraron que esta iniciativa legislativa es anticonstitucional, por su carácter regresivo en materia de derechos humanos.
Alertaron que actores estatales y empresariales montaron una campaña de información espuria para hacer creer que abrir reservas indígenas para los Piaci quitará el territorio y las fuentes de subsistencia a otras comunidades originarias, así como para desprestigiar a Aidesep.
Señalaron que detrás de la divulgación de falsedades están grupos con fuertes intereses económicos, deseosos de explotar los recursos naturales de los territorios indígenas y destruir la Amazonía.
Aidesep y Plataforma Piaci recordaron que el Estado peruano ha reconocido hasta el momento la existencia de 25 Piaci, que viven en la Amazonía desde antes de la creación del Estado actual, y se opusieron a que les sean negados sus derechos “a la vida, integridad, salud y territorio”.
Además, instaron a sus bases, a la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil, la iglesia e instancias tutelares de derechos humanos a impedir la aprobación de ese proyecto de ley y no abrir paso al enriquecimiento de unos pocos “a costa de las vidas de miles de compatriotas más vulnerables”.
Por otra parte, recalcaron a las autoridades y funcionarios públicos que “su principal obligación constitucional es la defensa de la persona humana y su dignidad, en especial de los grupos más vulnerables de la población”.
Adesep representa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades de pueblos originarios. Por su parte, la Plataforma Piaci está conformada por la ORAU y Orpio (representaciones de Aidesep en Ucayali y el Oriente peruano, respectivamente), la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (Corpiaa).
Telesur