El pueblo u’wa, que habita en el noreste de Colombia, está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) fije la fecha de la audiencia en la que estudiará una demanda contra el Estado para que les reconozca el control sobre su territorio atravesado por la extracción de petróleo y gas.
El pueblo u’wa considera que sus derechos territoriales y culturales fueron violados por el Estado colombiano como consecuencia de la falta de reconocimiento y protección de su territorio con la promoción e implementación de proyectos extractivos en sus tierras.
Este pleito, que lleva más de 20 años, «es muy significativo» porque nunca antes una comunidad indígena había logrado llegar a la CorteIDH, dijo en una entrevista con EFE la directora de la Oficina de Amazonía de la ONG internacional Earth Rights International (ERI), Juliana Bravo, que acompaña a los u’wa en su demanda.
«La Corte Interamericana ha fallado muchas veces contra Colombia pero nunca ha analizado un caso como este y por supuesto no ha declarado la responsabilidad de ningún caso en el que se traten cuestiones relacionadas con temas territoriales y temas de derechos culturales de pueblos indígenas en Colombia», puntualizó Bravo.
La funcionaria explicó que los u’wa llegaron a estas instancias internacionales porque consideran que pese a que hay legislación y fallos de tribunales colombianos «no han encontrado justicia».
La problemática
El pueblo u’wa, compuesto por casi 13.000 personas, habita principalmente en el departamento de Boyacá, aunque también en Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander.
Su disconformidad con el Estado colombiano comenzó hacia 1998 cuando se autorizó que empresas extranjeras hicieran exploraciones para encontrar petróleo y gas en sus tierras ancestrales.
Pese a que los Gobiernos de turno dijeron en su momento que todo fue ajustado a la ley, los indígenas reclaman que no fueron consultados y se violó su territorio.
También alegan que sus derechos culturales fueron vulnerados y que todo ello ha afectado la integridad étnica y cultural del pueblo, poniendo en riesgo su posibilidad de sobrevivir.
Adicionalmente, en 1999, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, tres estadounidenses que trabajaban con los u’wa, fueron secuestrados y asesinados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de una visita a territorios de los indígenas.
Desde ese entonces los u’wa han pedido que el Estado les reconozca el derecho a su territorio y a disponer de todos los recursos y también que tome las medidas necesarias para evitar su extinción porque el conflicto armado interno los ha afectado.
Las peticiones
Según la abogada, los indígenas esperan ser escuchados y que en el fallo, que puede demorar otros meses, el Estado colombiano sea declarado por la CorteIDH responsable por las violaciones que han sufrido.
También esperan que el alto tribunal «ordene al Estado colombiano una serie de reparaciones que les permitan a ellos gozar libremente del territorio y puedan tener el control y la posibilidad de autodeterminarse de acuerdo a sus usos y sus costumbres».
Y que se defina mejor lo relacionado con el tema de los Parques Naturales Nacionales, pues en varias ocasiones estas denominaciones se solapan con sus territorios ancestrales.
Eso ocurre, por ejemplo, con el Parque Nacional Natural El Cocuy, ubicado entre Boyacá, Casanare y Arauca, y sobre el cual ellos no tienen control.
La audiencia de los u’wa ante la CorteIDH ocurrirá después de que ese tribunal condenara al Estado colombiano por el «plan de exterminio» del cual fueron víctimas unos 6.000 militantes del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) a lo largo de dos décadas.
EFE