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Luego de que la Fiscalía General de la Nación, lograra identificar los principales puntos de tráfico de cargamento de la estructura criminal, en conjunto con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, debido al trabajo en conjunto de las entidades se logró identificar el modo de mecanismo de distribución del cargamento que utilizaba la estructura criminal, quienes enviaban cocaína a España.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó a cinco presuntos integrantes de una red dedicada a enviar clorhidrato de cocaína a España. En diligencias realizadas de manera simultánea en Cali y Tuluá (Valle del Cauca) fueron capturados cuatro hombres, y uno más fue notificado en el lugar donde permanece privado de la libertad por otro proceso. De acuerdo con la investigación, estarían involucrados en el camuflaje de diversas cantidades de estupefaciente en contenedores que salían del puerto de Cartagena (Bolívar) rumbo a las terminales marítimas de España.

Los detenidos son: Jeison Baquero Durango, quien sería uno de los inversionistas del andamiaje ilegal; y Jorge Hernán Doria Medina Sinisterra principal coordinador de las actividades de transporte, logísticas y financieras, junto a Pedro Alberto Bermúdez Prado y Jesús Antonio Rivera Larrota, alias Larrota. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por ultimo, este grupo ilegal sería el responsable de enviar 266 kilogramos de cocaína, los cuales fueron decomisados en Barcelona (España) en 2021, junto con la captura de 8 personas en dicho país. En su momento, se estableció que por el alijo habrían sido pagados más de 1.308 millones de pesos para gastos logísticos, dinero que también fue incautado.

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