En las últimas horas, la Procuraduría ha confirmado la implicación del ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en un caso de presunto favoritismo en la adjudicación de un contrato para la gestión de residuos. Según la entidad acusadora, Hernández habría utilizado su posición para asegurar la asignación del manejo de desechos en Bucaramanga a la Unión Temporal Vitalogic RSV.
El ex mandatario seleccionó personal para elaborar los términos del contrato y dio instrucciones para que la empresa de aseo de Bucaramanga contratara a esta persona, pagándole por sus servicios sin contar con respaldo documental. Como consecuencia de estas acciones, Rodolfo Hernández fue sancionado con una inhabilitación general de 12 años para ocupar cargos públicos.
Caso #Vitalogic: La @PGN_COL ha confirmado la destitución e inhabilitación por 12 años del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Aquí se explican las razones detrás de la decisión 🕵️👊 pic.twitter.com/fOcsVX7dBT
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) 2 de enero de 2024
Es relevante mencionar que en agosto de 2023, la Procuraduría ratificó la sanción impuesta a Hernández Suárez, exalcalde de Bucaramanga (2016-2019), por su conducta irrespetuosa hacia un veedor ciudadano durante un evento público en el parque Solón Wilches, en Santander. La sanción incluyó una suspensión e inhabilitación especial de cuatro meses.
En una segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular afirmó que no había dudas sobre las palabras despectivas de Hernández hacia el veedor Fernando Martínez Arenas, en respuesta a un reclamo por la poda de árboles realizada por funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo en octubre de 2018.
Para el Ministerio Público, los servidores públicos tienen la obligación de tratar a la ciudadanía con respeto, y el exalcalde, al no hacerlo, violó este principio. Subrayó que cualquier persona tiene el derecho de dirigirse a la autoridad sin temor a ser insultada o menospreciada.
El órgano de control señaló que, al no ocupar el cargo actualmente, la sanción se traduce en salarios mensuales devengados al momento de la falta, equivalentes a poco más de 62 millones de pesos.