Bogotá D.C., 8 de abril de 2014. El gobierno de Colombia solicito a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocar a una reunión extraordinaria para abordar la incursión de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones de Colombia señaló que “Ante la urgente situación ocurrida en la Embajada de México en Quito, Colombia solicitó formalmente a Honduras, presidencia pro tempore de la CELAC, convocar a una reunión extraordinaria para abordar este grave asunto relacionado con la ruptura de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
Adicionalmente, Colombia condenó la violación de las normas de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, que “son base de las relaciones entre estados”.
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“América Latina y el Caribe es una región de paz y las diferencias entre los estados deben resolverse por vías pacíficas y de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas», dijo la Cancillería.
«Las sedes de las misiones diplomáticas son santuarios en donde los países anfitriones no tienen jurisdicción, por lo que hechos como el ocurrido anoche en Quito son una clara violación de la soberanía de México. El entendimiento en la región exige que todos los estados respeten las normas del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, entre otras la Convención sobre Asilo Territorial de 1954”, agregó el comunicado.
En el mismo sentido, el Gobierno pedirá, a través de las instancias del sistema interamericano de derechos humanos, medidas cautelares para proteger a Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, quien se encontraba en la sede de la Embajada de México.
“Colombia está presta a propiciar espacios de diálogo que contribuyan a superar las diferencias entre países hermanos y ser garante de paz en la región”, puntualizó la Cancillería.
Por su parte, la Secretaría General de la OEA rechazó cualquier acción violatoria o “que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados, de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.