El presidente Gustavo Petro oficializó la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo mediante un decreto de 19 páginas. La medida, que estará vigente por 90 días, busca atender la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a esta región del país.

El documento describe al Catatumbo como un territorio disputado por el ELN, las disidencias de las Farc, los residuos de Los Pelusos y el Clan del Golfo, cuya presencia incrementa las hostilidades. Desde el 15 de enero, el ELN intensificó sus ataques, afectando a la población civil, incluyendo firmantes del acuerdo de paz. Según el Gobierno, estas acciones son financiadas por economías ilegales.

Impacto de la crisis humanitaria

La violencia en el Catatumbo ha dejado al menos 80 muertos, cinco de ellos firmantes del acuerdo de paz, y ha provocado el desplazamiento de 40,000 personas. Muchos se han refugiado en cascos urbanos de Norte de Santander, Santander y Cesar, mientras otros cruzaron la frontera hacia Venezuela.

Los servicios públicos también han sido gravemente afectados. La región enfrenta interrupciones en justicia, educación, acueducto y salud. Además, se reportan amenazas al sistema eléctrico y a la producción de hidrocarburos, lo que agrava la situación económica y social.

Plan de acción del Gobierno

El decreto firmado por el gabinete ministerial establece medidas para restablecer los servicios públicos, recuperar el control territorial y prevenir nuevos desplazamientos forzados. La fuerza pública tendrá un papel clave en la estabilización del orden público.

El Gobierno planea destinar recursos fiscales extraordinarios para financiar proyectos de infraestructura, salud y educación en el Catatumbo. También se realizarán ajustes en el Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de estas metas.

Contexto histórico

La última vez que se declaró conmoción interior en Colombia fue hace 16 años, durante el mandato de Álvaro Uribe. El presidente Petro recurre a esta figura constitucional para intervenir en los municipios más afectados del Catatumbo, incluyendo Ocaña, Tibú, Sardinata y Cúcuta, entre otros.

Con esta medida, el Gobierno busca mitigar la crisis y reconstruir el tejido social de una región golpeada por décadas de conflicto armado.

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