En abril de 2024, en el cálido y seco municipio de Taganga, Magdalena, una niña wayúu de 13 años desapareció. Durante su desaparición, un ciudadano canadiense la mantenía cautiva y sometía a torturas en la habitación de un hostal de su propiedad. El suceso pasó desapercibido para la comunidad fuera del municipio y no fue tratado como una emergencia por las autoridades.
Un año después, el canadiense identificado como Andy Asselin fue capturado el 12 de enero en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena cuando intentaba huir del país. Sin embargo, la Fiscalía solo le imputó el delito de secuestro agravado, a pesar de las pruebas de tortura física y emocional que presentaba la menor.
La activista y abogada wayúu Estercilia Simanca, quien asumió la representación de la familia de la niña sin haberla encontrado inicialmente, luchó por que el caso recibiera la atención adecuada. Simanca fue quien alertó a las autoridades y exigió un seguimiento más estricto de la situación. Sin embargo, su frustración creció al enterarse del caso diez meses después de los hechos.
Simanca ha sido clara al afirmar que la imputación actual no refleja la gravedad de los hechos. Por esta razón, recientemente envió una carta a la Fiscalía General de la Nación solicitando que se le imputara a Asselin el delito de tortura. La activista sostiene que la niña fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, lo cual está documentado en las pruebas reunidas.
Además, la abogada señaló que la niña, siendo indígena wayúu, debe recibir un tratamiento especial por parte de las autoridades, basándose en la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, los niños y niñas wayúu son reconocidos como sujetos de atención prioritaria debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan.
Simanca también expresó su preocupación por la falta de información sobre la situación de la menor, su familia y su comunidad. Temiendo que Asselin quede libre, la activista aseguró que continuará vigilando el caso para garantizar que se haga justicia y se proteja a la víctima, quien, según ella, debe recibir una atención especial por su condición de niña indígena.
Antes de ser detenido, Asselin viajaba entre Santa Marta y Cartagena, promoviendo actividades turísticas para atraer clientes a su hostal en Taganga. La comunidad indígena y las autoridades siguen esperando que el proceso judicial avance y que el responsable reciba la condena correspondiente por los daños causados a la niña wayúu.