Las autoridades de los pueblos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, que conforman el «Proyecto Nasa», han denunciado públicamente la intensificación de los ataques por parte del grupo armado disidente de las FARC-EP Dagoberto Ramos. La organización indígena, que ha luchado durante más de 50 años por la defensa de la vida, la unidad comunitaria y la autonomía territorial en el Cauca, enfrenta una nueva ola de violencia que pone en peligro tanto su seguridad como la de las futuras generaciones.
En un comunicado difundido el 12 de febrero, las autoridades indígenas alertaron sobre los intentos de este grupo armado por difamar y socavar la estructura organizativa indígena. Según señalan, los ataques forman parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la comunidad y tomar el control de los territorios ancestrales, que han sido protegidos por generaciones de pueblos indígenas.
Los recientes hechos de violencia incluyen el envío de un panfleto amenazante el 3 de febrero, en el cual el grupo armado intentó intimidar a las autoridades de Toribio. Sin embargo, uno de los ataques más alarmantes ocurrió el 9 de febrero, cuando sicarios se hicieron pasar por guardias indígenas para llevar a cabo un atentado en el casco urbano de Toribio, donde resultaron heridos un comunero y una niña de 10 años. Este ataque, junto con el asesinato de Alberto Quitumbo Yatacué, un firme defensor de la paz, ha desbordado la paciencia de las autoridades indígenas.
Estos incidentes no son aislados. De acuerdo con los informes de las autoridades, los grupos armados ilegales están tratando de arrebatar el control de las tierras y recursos naturales en la región, particularmente en relación con el negocio ilícito de la marihuana. En lugar de promover la paz, estos grupos perpetúan la violencia y buscan involucrar a menores de edad en sus actividades ilícitas, utilizando incluso a niños y adolescentes como “carne de cañón” en los enfrentamientos armados.
Las autoridades indígenas también han expresado su preocupación por el regreso de excombatientes que abandonaron sus procesos de reincorporación. Estos excombatientes, que en su momento se comprometieron con la paz, han retomado las armas y están reforzando las estructuras de los grupos armados ilegales, lo que agrava aún más la situación de inseguridad en los territorios indígenas.
En su comunicado, las autoridades del Proyecto Nasa exigieron un respeto absoluto a los territorios originarios y los derechos territoriales de las comunidades. Pidieron el cese inmediato de los ataques, el reclutamiento forzado de menores y el uso indebido de los símbolos de la organización indígena. Estas acciones, según denuncian, constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que representan un ataque directo a la población civil, lo cual es considerado como un delito de lesa humanidad.
A pesar de la creciente violencia, las autoridades indígenas ratificaron su disposición al diálogo. Insistieron en la necesidad de un proceso de paz estructural que permita la protección de los territorios y la garantía de la vida en armonía, como un derecho fundamental de las comunidades indígenas. La organización también destacó que, a pesar de los desafíos, las comunidades indígenas siguen luchando por su supervivencia y por el respeto de sus espacios vitales.