El Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón, ubicado en el Guainía, se enfrenta a una controversia legal con el Gobierno de Colombia tras aprobar la explotación minera en su territorio. Esta decisión se tomó sin la autorización del Ministerio de Ambiente, lo que dio lugar a un conflicto por la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus recursos naturales.
La disputa comenzó tras la aprobación del Decreto 1275 de 2024, que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios. A pesar de las advertencias de expertos sobre posibles conflictos, el resguardó decidió, el 22 de enero de 2025, aprobar la sustracción de 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia para realizar actividades mineras. Esta sustracción fue solicitada en junio de 2023, y la decisión se tomó amparada en el Decreto 1275.
Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio de Ambiente bloqueó la aprobación, señalando que el decreto no otorga a los resguardos indígenas la facultad para autorizar actividades como la minería sin su consentimiento. La Resolución 0078, emitida el 23 de enero, rechaza la sustracción y subraya que la autorización para modificar la reserva solo puede provenir del ministerio.
El desacuerdo ha generado un fuerte enfrentamiento jurídico. Mientras que el Gobierno considera que la comunidad no tiene base legal para sus decisiones, los líderes del Resguardado Indígena defienden su derecho a gestionar sus recursos sin intervención estatal. El gobernador del resguardado, César Florez Clarín, ha anunciado que, de ser necesario, recurrirán a los tribunales para resolver la disputa.
A pesar del rechazo del ministerio, la comunidad indígena mantiene firme su proyecto de minería. Florez Clarín subrayó que la minería es la principal fuente de ingresos para la región y que, sin ella, la economía de Guainía colapsaría. El líder indígena argumentó que la minería ilegal ha dominado el territorio durante años y que su propuesta busca formalizar la actividad minera bajo estándares ambientales sostenibles.
El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería también están al tanto del conflicto. Los líderes del resguardado han presentado un Plan de Trabajo Ambiental para regularizar la actividad minera y asegurar su ejecución de manera responsable.
El caso resalta la falta de regulación efectiva sobre la minería en la región, un problema reconocido por organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según un informe de 2021, toda la minería en Guainía se realiza de manera ilegal, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de regular la actividad para garantizar su sostenibilidad y reducir sus impactos negativos.
El conflicto continúa, con ambos lados firmes en sus posturas, lo que podría desencadenar un largo proceso judicial.