El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha emitido una alerta humanitaria tras una serie de ataques y amenazas que afectan a las comunidades indígenas del Cauca. Estos hechos, protagonizados por actores armados, ponen en peligro la vida y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la región, quienes se enfrentan a la violencia y la persecución como parte de un intento de controlar el territorio.
Según las autoridades locales, los primeros incidentes ocurrieron el 11 de febrero en Caldono, donde la comunidad de Pueblo Nuevo, junto con la guardia indígena, fue atacada con disparos de armas de fuego de largo alcance mientras realizaban labores de control territorial. Este ataque se enmarca en una serie de agresiones que ya han comenzado a preocupar a las autoridades.
En Toribio, el 12 de febrero, las autoridades denunciaron nuevos actos de hostigamiento, incluida la estigmatización, asesinatos y el uso de símbolos organizativos indígenas para sembrar dudas y justificar actos violentos. Estas acciones se consideran una estrategia para despojar a las comunidades de su sistema de gobierno y control territorial. Frente a ello, las comunidades exigen el cese inmediato de los ataques.
Ese mismo día, en Morales, tres guardias indígenas fueron amenazados de muerte. Pese a los intentos de asesinato, la guardia indígena regional logró rescatar y evacuar a los afectados. Sin embargo, durante este proceso, fueron detenidos por miembros del grupo armado Jaime Martínez, quienes amenazaron al equipo de derechos humanos del CRIC.
El 14 de febrero, en el municipio de Suárez, la comunidad indígena del territorio de Cerro Tijeras alertó sobre los impactos negativos de la guerra y el narcotráfico. Además de los ataques armados, denunciaron la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales, incluyendo el reclutamiento forzado de menores de edad y la colocación de propaganda relacionada con la violencia en su territorio. Exigieron la devolución inmediata de los niños reclutados y el respeto a las normas territoriales.
Recientemente, en los municipios de Corinto y Toribio, la violencia dejó nuevas víctimas. El asesinato de un ciudadano ecuatoriano y del comunero indígena Nelson Eduardo Scuit, ocurridos el 15 de febrero, ha generado una creciente alarma. Estos hechos, sumados a los ataques previos, evidencian un patrón sistemático de exterminio físico, social, cultural y organizativo contra los pueblos indígenas del Cauca.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC reportó 987 víctimas indígenas en la región, un claro indicio de la violencia que azota a estos pueblos. La denuncia de estos ataques revela una contradicción de los actores armados, que intentan ocultar la realidad de los hechos a través de sus comunicaciones.
Ante esta situación, el CRIC ha convocado a las comunidades indígenas a mantenerse unidas en defensa de la vida, el territorio y la justicia propia. El organismo también ha hecho un llamado al Estado colombiano y al gobierno nacional para que tomen medidas urgentes para proteger a las comunidades del Cauca, cumpliendo con las órdenes de tribunales nacionales e internacionales.