Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, logró un principio de oportunidad con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Así lo determinó el juzgado 79 de Garantías, quien explicó que Barreto es un testigo clave dentro del caso por la información que conoce y que le permitiría ser testigo en 16 procesos penales contra otras personas involucradas.
Esa es la razón principal por la que se firmó el acuerdo, en la que se comprometió también a reconocer públicamente su arrepentimiento y la garantía de no repetición. Como reparación a las comunidades indígenas afectadas en La Guajira ofrecerá capacitaciones para asesorar la formulación de proyectos en temas de aguas, residuos sólidos, y energía solar y eólica.
Barreto, según la Fiscalía, tuvo relación con la reducción de 101.584 millones de pesos de un convenio que tenía la Unidad Riesgo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Lo anterior en presunta coordinación con su jefe político, quien para la época de los hechos ejercía como director
de una entidad pública.
El dinero fue utilizado para el direccionamiento de ocho contratos y órdenes de proveeduría para el suministro de 35 carrotanques de agua, tanques plásticos de 5.000 litros, plantas desalinizadoras con componente solar, adecuación de pozos subterráneos y una interventoría. Los contratistas favorecidos fueron designados por Barreto Gantiva a cambio de una coima del 12% del total de cada orden de proveeduría.
Lo que resta ahora en su contra es la aprobación por parte de un juez de un preacuerdo que fija una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación y soborno en la actuación penal. Además, del reintegro de 150 millones de pesos.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de la Guajira. Hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.
En ese contexto, el 25 de septiembre de 2023, Olmedo López asistió con Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) a la que también concurrió el entonces director Gerardo Vega y sus asesores, para acordar la modificación del convenio para la reducción de su valor en 100.000 millones de pesos.
De Colprensa para Konuco