Santa Marta, mayo 20 de 2025. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el grave riesgo de extinción física y cultural que enfrentan los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: los Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka. Esta advertencia se produjo tras una visita de campo realizada los días 13 y 14 de mayo a la región.
“El riesgo es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, afirmó Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Campbell hizo un llamado urgente a los gobiernos nacional, departamental y local para que adopten medidas coordinadas y efectivas de protección, ante el alarmante aumento de la violencia y la presencia de grupos armados no estatales en los territorios indígenas.
Ataques sistemáticos y control social
La ONU ha documentado desde 2022 un preocupante incremento de la violencia en la Sierra Nevada, abarcando los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Esta violencia está ligada al control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas por parte de actores armados ilegales, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.
Según el informe, los grupos armados ejercen control social mediante restricciones a la movilidad, toques de queda, limitaciones a la reunión, e incluso presencia en encuentros comunitarios indígenas, afectando profundamente su autonomía, espiritualidad y sistemas de justicia propia.
Mujeres y niñas indígenas, en mayor vulnerabilidad
Uno de los puntos más sensibles abordados por la delegación de la ONU fue la situación de las mujeres y niñas indígenas, quienes enfrentan riesgos persistentes de violencia sexual, falta de acceso a la justicia, pobreza, barreras lingüísticas y ausencia de rutas de atención con enfoque étnico.
“Algunas mujeres describieron su acceso a los derechos humanos como si vivieran en el siglo X”, señaló Campbell, al destacar los testimonios recogidos durante la visita.
Las comunidades urgieron al Estado garantizar el acceso a educación, salud y empleo para las nuevas generaciones dentro de sus propios territorios.
Masacres, desplazamientos y asesinatos
Durante 2024 y lo corrido de 2025, la Oficina ha documentado múltiples violaciones de derechos humanos en la región, entre ellas:
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Desplazamiento forzado de al menos 600 personas del Pueblo Wiwa.
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Asesinato de líderes sociales como Wilfrido Segundo Izquierdo Torres (indígena arhuaco) y Manuel Moya, en el Magdalena.
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Tres masacres en 2024 en Magdalena, con víctimas halladas desmembradas y con signos de tortura.
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Reclutamiento forzado de jóvenes, incluidos indígenas, afrodescendientes y campesinos, utilizados incluso para el transporte de armamento.
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Compra irregular de tierras para turismo, generando despojo territorial.
Los homicidios también se incrementaron de manera alarmante: en Santa Marta pasaron de 242 en 2022 a 311 en 2024; en Riohacha, de 47 a 113 en el mismo periodo.
Llamado a la justicia y al respeto de los derechos humanos
La ONU instó a avanzar en el cumplimiento de sentencias de restitución de tierras y en una participación efectiva de las víctimas en los mecanismos de justicia transicional, incluida la búsqueda de personas desaparecidas.
Además, reconoció los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación con la implementación del plan de priorización de casos, y destacó la participación de funcionarios indígenas en las investigaciones, lo cual fortalece la legitimidad de las instituciones en estos territorios.
La delegación también resaltó el programa Futuro Colombia, que busca mejorar la respuesta institucional frente a la violencia sexual y de género contra mujeres indígenas en la región.
Recomendaciones y compromiso de la ONU
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado reiteró su llamado a que el Estado colombiano adopte medidas urgentes y estructurales para proteger a las comunidades de la Sierra Nevada, y a que el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario sea una prioridad en los diálogos con actores armados.
“La tragedia que enfrentan estos pueblos aún puede ser contenida. El Estado colombiano debe actuar, y nuestra Oficina seguirá apoyando los esfuerzos de protección y justicia”, concluyó Scott Campbell.
Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con autoridades locales, entidades del sistema de justicia transicional, organizaciones de derechos humanos y representantes de los pueblos indígenas.
Foto: Colprensa