La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante el incremento de casos de reclutamiento infantil que está presentando en el país.
Luego de su visita a Tibú y Cúcuta, en Norte de Santander, del 5 al 7 de mayo, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó la alerta ante la crisis humanitaria.
“Me alarma cada vez más la tendencia creciente del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Me conmovieron profundamente los testimonios en el Catatumbo sobre el uso de las redes sociales (como TikTok y Facebook) para reclutar, engañar y persuadir a los niños, a las niñas y a los adolescentes más vulnerables para que se unan a la guerra, comprometiendo a una futura generación de colombianos, prolongando y acentuando la crueldad del conflicto armado”, dijo.
En su informe, el representante también alerta por la constante violación de derechos humanos y la situación de riesgo en que se encuentran las comunidades. «Quedo profundamente preocupado, no solo por los testimonios que conocí, sino también por la verificación de casos de vulneraciones a los derechos humanos realizada por nuestra Oficina”.
El reporte da cuenta de que solo en el 2025 se verificó el homicidio de cuatro personas defensoras de derechos humanos; cinco masacres, con 18 víctimas, cuatro de las cuales fueron perpetradas en Tibú.
Sobre el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, son 36 casos, en donde el 23% de los casos migrantes. Otras fuentes de la Oficina señalan que el reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años en Catatumbo ascendería a más de 70 casos.
Así mismo, advierte la ONU que, a pesar de la existencia de un Puesto de Mando Unificado en Norte de Santander, se registra 126 homicidios selectivos; 66.080 personas desplazadas forzosamente, de las cuales alrededor de 900 permanecen en refugios, otras siguen desplazadas y ubicadas con redes de apoyo o con sus propios medios, mientras que algunas personas habrían retornado sin condiciones de seguridad; 11.490 personas siguen confinadas.
Además de estos riesgos constantes para la población infantil, el representante de las Naciones Unidas advierte que uno de los fenómenos más preocupantes identificados es la violencia, el señalamiento y la estigmatización de mujeres acusadas de ser “colaboradoras” de los grupos armados no estatales, lo cual las expone a agresiones físicas, psicológicas y sociales.
Señala que a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, se han difundido fotografías, listas con nombres, direcciones y otros datos personales, en las que se les acusa de tener vínculos con dichos grupos y se les amenaza.
“El riesgo de feminicidio aumenta por la estigmatización y señalamiento de las mujeres que han tenido relaciones con miembros de grupos armados, firmantes del Acuerdo de Paz o vinculadas (voluntaria o forzadamente) a economías ilegales”, sostienen las cifras de enero a marzo que alcanzan los 50 casos de amenazas, 10 más que los reportados durante todo el año 2024.
El representante Scott Campbell asegura que se reunió con varias entidades tras su visita el país, como lo son la Gobernación de Norte de Santander y en Tibú, la Unidad de Restitución de Tierras, así como autoridades del Pueblo Indígena Bari, por lo que hace un llamado de alerta
“Llamo al Estado que tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños a tomar todas las medidas para prevenir el reclutamiento (..) Para lograr este objetivo, resulta imprescindible que la Fuerza Pública, en un marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pueda asegurar el orden público en toda la región, particularmente en las zonas rurales, para garantizar la protección también de las comunidades y Pueblos Indígenas”, asegura.
Finalmente, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recomienda que el Estado pueda avanzar con el financiamiento e implementación del Pacto Catatumbo, el cual fue dialogado y acordado en sus principales elementos con las organizaciones de la sociedad civil en el territorio.
Es esencial que a través del Pacto Catatumbo se aborden los problemas estructurales de falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales y de desarrollo que históricamente han afectado a la región del Catatumbo en cuanto al acceso a la salud, educación, agua, saneamiento, así como los derechos al trabajo y a la tierra, entre otros.
Foto y noticia: Colprensa