Tradicionalmente se ha hecho costumbre que en todas las legislaturas del Senado el trabajo en la Comisión Primera se resalta porque en la misma se aprueban leyes de alto interés para el gobierno nacional de turno, pero de manera particular no pasó así en el período de sesiones pasado.
La mesa directiva de esa comisión estuvo presidida por el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila y el senador opositor de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quienes son de posturas ideológicas diferentes y se pensó que no avanzarían en la discusión de proyectos, pero no fue así.
Ávila reportó que en total durante el año se radicaron 127 proyectos, 35 de ellos de Acto Legislativo y 92 proyectos de ley, de los cuales 3 de acto legislativo aprobados, 32 archivados y 3 leyes sancionadas.
Una de las leyes que terminó todo su trámite legislativo fue Ley 2447 del 13 de febrero de 2025, con la cual “elimina el matrimonio infantil, las uniones maritales de hecho y las uniones tempranas (MIUT) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean personas menores de edad y se dictan otras disposiciones”.
Esa ley por sus autores se le llamó “Son niñas no esposas” y en concreto busca establecer el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes, esto teniendo en cuenta que Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 15 años y el puesto 11 antes de los 18 años, mientras que en las niñas indígenas es de los más preocupantes pues un 33.8% de ellas son casadas antes de cumplir la mayoría de edad.
Con esa nueva legislación el país cumple con la obligación a la que se comprometido a través de los tratados internacionales suscritos como la Convención sobre los Derechos del Niño, logrando así la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Una ley más que se tramitó en la Comisión Primera y que cumplió sus otros tres debates, fue la Ley 2455 del 18 de abril de 2025, la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal, Ley Ángel. La misma definió un endurecimiento de las penas para quienes cometan actos de crueldad animal. Entre las disposiciones más destacadas, se encuentra el aumento de la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo sometan a abuso sexual.
En la ley se precisa que estos delitos dejarán de ser excarcelables porque son más de tres años, las multas económicas también se incrementarán de manera significativa, pasando de cinco salarios mínimos mensuales a un rango de 15 a 30 salarios mínimos en casos de lesiones graves, y de 30 a 60 salarios mínimos cuando el acto resulte en la muerte del animal.
Pasó además a ser ley (Ley 2443 del 27 de diciembre de 2024) la que da continuidad a la función pública de control fiscal al sistema general de regalías en el bienio 2025-2026, que permitirá endurecer las penas de prisión para los responsables del reclutamiento de menores en Colombia.
Es una ley para que los niños, niñas y adolescentes que están en medio del conflicto y que no solo tiene que ver con el reclutamiento para la subversión de los grupos armados al margen de la ley sino también con la comisión de distintos delitos a través de grupo o personas que utilizan menores de edad.
Se votó también el proyecto de Huérfanos por Feminicidio, que establece un sistema integral de protección para hijos, hijas y jóvenes entre los 18 y 25 años que han perdido a su madre o cuidadora legal, víctima del delito de feminicidio.
Con este proyecto, que se encuentra listo para sanción presidencial, Colombia da un paso histórico hacia la reparación y protección de una población olvidada: los huérfanos del feminicidio. La ley contempla medidas de atención integral para quienes, además de perder a su madre, quedan expuestos a la desprotección institucional y la pobreza.
El proyecto de ley con el cual se prorroga el Decreto Ley 893 de 2017, se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera de Senado.
La vigencia de estos programas termina en el 2027 y con esta iniciativa se busca que su duración llegue al 2037. Es decir, extenderlos por diez años más, para cumplir con los compromisos de priorizar a 170 municipios de bajas recursos y que más han sufrido los embates de la violencia, tal como quedó contemplado después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno las y Farc en 2016. Esta iniciativa, fue propuesta por los integrantes de las Curules de Paz del Congreso.
De Colprensa