La Procuraduría General de la Nación cuestionó el bajo avance de los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 relacionados con la garantía de derechos de las mujeres indígenas. El organismo de control pidió a varias entidades del Gobierno entregar informes ejecutivos y cronogramas de trabajo que detallen los progresos reales en la ejecución de las metas pactadas en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI).
Entre los compromisos sin cumplimiento efectivo se encuentran la consulta previa para actualizar la Ley de Mujer Rural, la creación de centros de formación para liderazgo indígena, y la implementación de programas comunitarios para prevenir la violencia sexual contra niños y adolescentes. También está pendiente la formulación de un plan de formación socioambiental intercultural, clave para la participación de las comunidades en la protección de sus territorios.
La Procuraduría advirtió que el estancamiento en estos proyectos vulnera directamente el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Según el ente de control, la falta de ejecución afecta los derechos fundamentales de cientos de mujeres que enfrentan riesgos de violencia, despojo y exclusión institucional.
El Ministerio Público instó al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos y fortalecer la articulación con los pueblos indígenas para evitar que el Plan Nacional de Desarrollo quede en el papel.