Un fuerte llamado de atención lanzó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia ante las declaraciones del Gobierno que aseguran que detrás de las recientes protestas en Bogotá hay grupos armados. Pidió respetar la protesta social, sumándose al llamado que hizo la Defensoría del Pueblo.
La controversia se generó cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que en las manifestaciones que adelantan indígenas y campesinos del denominado Congreso de los Pueblos, hay grupos armados.
“Esas protestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca serlo, porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá, no se han cumplido 24 horas y ya se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado”, dijo Benedetti.
Pero todo no quedó ahí. Días después, el ministro reafirmó su posición en el periódico El Tiempo:
“Ellos llegaron la madrugada del lunes a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y en la madrugada del martes ya se estaban tomando los ministerios y las otras oficinas. Luego, ellos no venían a negociar, venían a calentar el ambiente de convivencia. Eso no lo hace alguien que quiere negociar. Es claro que ahí tienen que ver estructuras delincuenciales. Todo estaba planeado para eso, premeditado», señaló el ministro del Interior.
Ante esas declaraciones, ONU Colombia pidió respeto por la protesta social.
“Reitera que la protesta pacífica es un derecho humano, y que el Estado colombiano se ha comprometido a respetar la vida, la integridad, las libertades de reunión y expresión de quienes participan en las protestas”, señaló la ONU.
Sin embargo, el organismo rechazó cualquier acto violento que se presente durante las manifestaciones, como ha ocurrido en algunos puntos del país.
El llamado de la ONU se suma al que hizo días atrás la Defensoría del Pueblo, que pidió a Benedetti retractarse.
“No es obvio que hay estructuras criminales detrás de las protestas del Congreso de los Pueblos. Al contrario, lo obvio es que la protesta social es un derecho, y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla y no estigmatizarla”, dijo la entidad.
De Colprensa