El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó este lunes durante el foro «La primera Infancia Indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad», sobre la crítica situación que enfrentan los niños y niñas de pueblos originarios, quienes presentan tasas de mortalidad por desnutrición hasta cuatro veces superiores al promedio nacional debido a problemas estructurales y a la persistencia de brechas en la atención por parte del Estado.
La advertencia se basa en una evaluación realizada por la Contraloría Delegada para Población Focalizada sobre los servicios de atención integral a la primera infancia indígena en pueblos declarados en riesgo de extinción, correspondiente a los años 2023 y 2024. El estudio concluyó que la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces más altas que las del resto del país.
Un diagnóstico previo sobre política pública para la niñez y la adolescencia, realizado por la misma entidad en 2024, ya había identificado estas problemáticas. Dicho análisis reveló que los departamentos con los desempeños más bajos en la garantía de los derechos de los menores son Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo, territorios que coinciden con una alta presencia de comunidades indígenas.
Uno de los mayores obstáculos para atender la crisis, según la Contraloría, es la falta de datos actualizados. El Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE de 2018 registró 250.328 niños y niñas indígenas de 0 a 5 años, de los cuales 205.328 pertenecían a pueblos en riesgo de desaparecer. Sin embargo, el DANE no cuenta con proyecciones recientes y los censos del Ministerio del Interior están incompletos.
Esta carencia de información representa una barrera significativa tanto para formular políticas públicas adecuadas como para medir los resultados de las estrategias actuales en términos de cobertura y universalización de los servicios.
El Contralor señaló que aunque se han realizado esfuerzos importantes, todavía persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos.
La evaluación del organismo de control incluyó un análisis de caso sobre la atención a la primera infancia del pueblo indígena de Pueblo Rico (Risaralda), en seguimiento a la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de estos niños a servicios esenciales como salud, seguridad alimentaria y agua potable.
En este caso particular, la Contraloría identificó avances parciales por parte de las entidades responsables, pero concluyó que persisten fallas estructurales que disminuyen el impacto de las acciones. La desnutrición infantil continúa siendo crítica y existen deficiencias en el seguimiento, la continuidad y la articulación institucional. En este sentido, el contralor Rodríguez señaló que es necesario que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) refuerce su rol como entidad coordinadora.
Por todo lo anterior, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno y a los representantes de los pueblos indígenas para que establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan conocer los efectos de los modelos de atención, con el fin de garantizar los derechos y cerrar las brechas que afectan a la primera infancia indígena.
De Colprensa