La ejecución de recursos destinados a la paz en el país vuelve a encender las alarmas, esta vez en el departamento del Caquetá. La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la aprobación de proyectos financiados a través del OCAD Paz.
De acuerdo con un Auto de Pruebas de Oficio fechado el 17 de abril de 2026, el ente de control inició la recolección de información sobre decisiones tomadas en torno a millonarios recursos públicos destinados a territorios afectados por el conflicto armado.
Uno de los puntos clave del proceso se remonta al 29 de septiembre de 2025, fecha en la que se habrían aprobado proyectos por altas sumas de dinero. Sin embargo, la investigación no se centra únicamente en los montos, sino en los procedimientos mediante los cuales se habrían viabilizado estas iniciativas.
Según información en verificación por parte de los entes de control, la Procuraduría indaga si algunos de estos proyectos habrían sido condicionados a presuntos cobros ilegales o pagos irregulares, lo que pondría en entredicho la transparencia en el manejo de recursos destinados a la construcción de paz.
Dentro de las acciones ordenadas se encuentran:
- Seguimiento a movimientos financieros
- Verificación de cuentas bancarias
- Revisión de posibles encuentros entre funcionarios
- Solicitud de registros, incluidos alojamientos en Bogotá
El objetivo es establecer si existieron decisiones por fuera de los canales institucionales en la asignación de estos recursos.
En este contexto, la investigación alcanza a autoridades del departamento, entre ellas el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, así como el del municipio de Curillo, Caquetá, Javier Villanueva, quienes deberán atender los requerimientos del Ministerio Público dentro de esta etapa preliminar.
Por ahora, no existen sanciones ni decisiones de fondo. No obstante, la apertura de esta investigación marca un paso importante en la vigilancia del uso de recursos del OCAD Paz, cuyo propósito es cerrar brechas sociales y llevar desarrollo a las regiones más golpeadas por la violencia.
Mientras avanzan las indagaciones, en Caquetá crece la expectativa ciudadana frente al destino de estos recursos, en medio de cuestionamientos sobre si realmente están cumpliendo su objetivo o si, por el contrario, habrían sido objeto de prácticas irregulares.