Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la adjudicación se aplazará indefinidamente debido a la resolución de una acción de Tutela contra el proyecto.
Es la cuarta vez que se aplaza esta adjudicación, debido a una polémica que se generó por la tutela presentada por el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo (Bolívar), en la que se pide que se lleve a cabo una consulta previa. Frente al tema, el Juez Sexto Administrativo de Cartagena admitió el recurso y decretó la medida cautelar para la suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación del proyecto.
De esta forma, la ANI manifestó que no adjudicará el proyecto del Canal del Dique si la Corte Constitucional no resuelve la acción de tutela que dictó medidas cautelares al proyecto.
La ANI explicó que “Tras esta decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, teniendo en cuenta que en ese despacho se habían tramitado múltiples tutelas bajo el concepto de tutelas masivas que debe conocer un mismo juez constitucional. El Juzgado de Sincelejo, sin embargo, consideró que no existía identidad de esta nueva tutela con las anteriores que había conocido por lo que propuso conflicto negativo de competencia. Ante la controversia judicial, el caso fue remitido a la Corte Constitucional para que tome una decisión sobre cuál juzgado debe decidir sobre la tutela presentada por la comunidad de Hato Viejo”,
Manifestaron que mientras se resuelve la competencia del juez de tutela se seguirán adelantando los diálogos con las comunidades y los sectores implicados.
Este proceso de adjudicación del Canal de Dique ha presentado diferentes críticas con respecto a su ejecución. Por una parte, se deriban las inquietudes sobre los impactos ambientales que tendrá a largo plazo y que no se han resuelto de forma efectiva. Por otro lado, se crítica la inclusión y participación efectiva de las comunidades de la zona. Órganos de control también han manifestado su procupación con respecto a varias temáticas. La JEP Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que se debe garantizar la búsqueda de desaparecidos en esta zona, por su parte, la Contraloría aseguró tener varias inquietudes con respecto a la estructuración del proyecto, los riesgos arqueológicos ola falta de definición del con respecto al servicio de dragado.