por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Nacional
La reubicación temporal de la comunidad Embera a una sede del Instituto Distrital de la Participación (Idpac) en la localidad de Fontibón continúa en proceso de concertación mientras persisten las reuniones entre la Secretaría de Gobierno de Bogotá y habitantes del sector Salitre. La medida obedece a una orden judicial que exige garantizar condiciones más dignas para esta población indígena desplazada.
Durante una reunión reciente, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se reunió con líderes comunitarios del Salitre para escuchar sus preocupaciones y explicar que el traslado es transitorio. En el encuentro se reiteró el compromiso institucional de mantener el diálogo abierto y brindar información clara sobre cada etapa del proceso.
La Secretaría señaló que uno de los principales objetivos es asegurar condiciones de bienestar para la comunidad Embera sin afectar la tranquilidad de los vecinos del área de recepción. Las autoridades también explicaron que el proceso busca proteger a la niñez y la primera infancia Embera, en línea con los principios de derechos humanos.
En las mesas de trabajo han participado asociaciones barriales, organizaciones sociales y representantes de los sectores aledaños. Según la Alcaldía, estos espacios han permitido despejar dudas y construir estrategias conjuntas.
“El objetivo es avanzar progresivamente hacia el retorno digno de la comunidad indígena”, explicó el secretario Quintero, quien aseguró que Bogotá se caracteriza por su vocación solidaria y su respeto por la diversidad.
La Secretaría de Gobierno concluyó que no se implementará ninguna decisión definitiva sin la participación activa de los habitantes del Salitre. Al cierre del encuentro, la entidad agradeció la disposición de las comunidades y reiteró que actuará con transparencia y respeto hacia todos los actores involucrados.
De Colprensa
por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Política
El presidente, Gustavo Petro, ha recibido 44 amenazas directas desde que inició su Gobierno en 2022, según el general en retiro Humberto Guatibonza, jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, quien además responsabilizó a grupos armados ilegales que se apartaron del proyecto de paz total impulsado por el Ejecutivo.
Guatibonza explicó que de esas 44 amenazas, al menos cinco están siendo investigadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación. “El presidente siempre ha sido objetivo para algunos grupos ilegales y para personas que, desafortunadamente con el tema de tanta polarización, adquieren odios que se convierten en probables amenazas”, indicó.
El general, en entrevista con el periódico Vida, señaló que los principales responsables serían actores armados que se alejaron del proceso de paz propuesto por el Gobierno. “Algunos de los grupos que han rechazado la oferta de paz total. Y son ahora enemigos potenciales del señor presidente y tienen interés en hacerle daño. Así de sencillo. Hay gente de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, a los que este Gobierno ha golpeado bastante”, afirmó.
El esquema de seguridad incluye a la familia del presidente. Guatibonza aseguró que están articulados con todas las entidades del Estado para anticiparse a cualquier riesgo. También mencionó que realizan labores de inteligencia en redes sociales, en espacios públicos y a través de informantes del mundo delictivo.
Sin embargo, aclaró que no cuentan con detalles sobre la identidad de integrantes de la llamada “Junta del Narcotráfico”, mencionada de forma reiterada por Petro, ni sobre posibles planes de adquisición de misiles por parte de grupos ilegales en el país.
Guatibonza reveló que, pese a las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, ha sostenido contactos con autoridades estadounidenses sobre la seguridad del mandatario. Según relató, funcionarios norteamericanos le dijeron: “Independientemente de la relación entre los presidentes, a nosotros nos interesa la democracia. Y esta consiste en que una persona elegida democráticamente cumpla con el período para el que fue elegida”.
El jefe de seguridad también se refirió al cambio de itinerario en el regreso del jefe de Estado desde España el pasado 2 de julio. Según confirmó, la modificación de la ruta se debió a una amenaza contra el avión presidencial.
Tres fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño indicaron a Blu Radio que la amenaza obligó a que la aeronave, que transportaba al jefe de Estado y su delegación, no aterrizara en Bogotá sino en Pereira.
De Colprensa
por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Ejército Nacional negó que exista una estrategia institucional para declarar “loco” a José Leonairo Dorado, exagente de inteligencia y testigo clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo denunció una publicación reciente de la Revista Cambio. Según la institución, el traslado del compareciente a una clínica psiquiátrica fue ordenado por profesionales de la salud y se realizó conforme a la ley penitenciaria.
El Ejército explicó que los procedimientos aplicados en el Establecimiento de Reclusión del Cantón Militar de Puente Aranda (CPAMS EJEPO) se realizaron “conforme a los protocolos y competencias penitenciarias establecidos en la Ley 65 de 1993”. Indicó que, cuando una persona privada de la libertad manifiesta requerir atención médica, se activa el protocolo de manera inmediata.
Añadió que toda atención médica, así como los diagnósticos y epicrisis, están protegidos por una cláusula de reserva y solo pueden ser divulgados mediante orden judicial o solicitud expresa de la familia del recluso.
“El traslado se hizo conforme a lo recomendado por profesionales de la salud”, explicó el Comando del Ejército, al señalar que los dictámenes médicos no fueron emitidos por autoridades penitenciarias sino por personal médico calificado.
En respuesta al artículo titulado “Operación silencio: la macabra estrategia del Ejército para intimidar y declarar loco a uno de los principales testigos de la JEP”, la institución cuestionó que se vincule al Ejército con acciones irregulares, y sostuvo que cumplió exclusivamente con su deber de garantizar atención médica.
“Llama la atención que el medio de comunicación publique una acusación que compromete a una institución que no hizo más que garantizar atención médica a una persona que la requirió”, indicó el comunicado.
Asimismo, concluyó que las disposiciones del Ejército “jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a la ley”, y reiteró que su misión se enmarca en los principios del Estado Social de Derecho y el respeto a la Constitución.
La situación jurídica de Dorado, recordó la institución, está en manos de la jurisdicción competente y no bajo el control del Ejército Nacional.
Según la investigación periodística, el testigo habría sido llevado inicialmente al Hospital Militar para una resonancia por dolores de cabeza, pero fue trasladado a la Clínica Santo Tomás como paciente psiquiátrico sin haber sido evaluado previamente por un especialista en salud mental.
Cambio documentó que el acceso a Dorado fue negado inicialmente a su familia, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, y que solo tras la intervención de estas instituciones se permitió el ingreso de su hija, un funcionario de la Defensoría y un representante del Ministerio Público. En presencia de ellos, Dorado afirmó estar en la clínica en contra de su voluntad y negó padecer problemas psiquiátricos.
La revista también señaló que el exagente ha sido víctima de hostigamientos desde que brindó su testimonio ante la JEP, y que sus declaraciones han sido clave en casos como el ataque al Palacio de Justicia, el genocidio de la Unión Patriótica y el hallazgo de restos humanos en la antigua Brigada 20.
De Colprensa
por Konuco | Jul 12, 2025 | Destacadas, Región
Curillo, Caquetá. El coordinador de la Defensa Civil en Curillo, Marlon Calderón, anunció la creación de un centro de formación académica en el núcleo rural de Salamina, mediante la recuperación de una infraestructura abandonada por más de diez años. El proyecto beneficiará a más de 400 familias distribuidas en 12 veredas, fortaleciendo el acceso a la educación en zonas rurales del sur del país.
Calderón lidera la remodelación de la antigua inspección de Policía, que será convertida en una sede educativa con programas como bachillerato por ciclos, diplomados técnicos y cursos complementarios. La obra comenzará en las próximas semanas y se espera que el centro esté listo para recibir inscripciones en menos de tres meses.
“Este es un compromiso con las comunidades rurales, que merecen oportunidades reales para estudiar sin salir de su territorio”, aseguró Calderón durante el anuncio.
El proyecto también busca articularse con entidades públicas y privadas para ampliar la oferta educativa y garantizar dotación tecnológica en el nuevo espacio. Calderón resaltó que la formación estará dirigida especialmente a jóvenes, adultos y campesinos de bajos recursos que antes no tenían acceso a este tipo de procesos.
Líderes comunitarios como Hermes España, presidente de la Junta de Acción Comunal, y Eber Torres, de la Asociación Astorres, apoyaron la iniciativa junto con miembros de la comunidad y el concejal Cristian Mauricio Castro, del Partido Verde, quien destacó el impacto social del proyecto.
“Este tipo de acciones son las que transforman el futuro de las comunidades rurales. Aquí hay visión, liderazgo y voluntad”, señaló Castro.
Con esta apuesta, Marlon Calderón reafirma su compromiso con el desarrollo de Curillo y marca un precedente en el uso de infraestructura abandonada para proyectos de alto impacto comunitario.
