por Konuco | Mar 12, 2025 | Política, Región
La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra el alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y siete concejales del municipio. La investigación se centra en un posible abuso de funciones, relacionado con la firma de un acuerdo que le otorgaba al alcalde la facultad de modificar el presupuesto municipal, una atribución exclusiva del Concejo Municipal.
Los concejales involucrados en el caso son Ronal Eugenio Ferreira, José Santos Gracia Gutiérrez, Arizmendi Sánchez Marín, Elkin Mauricio Claros Méndez, Hernando Rodríguez Polanía, Omaira Polanía Navarro y Kevin Javier Torrejano Moreno, quienes fueron elegidos para el periodo 2024-2027.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, el acuerdo firmado el 31 de enero de 2024 violó la Constitución, ya que el Concejo Municipal cedió una facultad exclusiva e indelegable. El Ministerio Público señala que la autorización otorgada al alcalde en el acuerdo fue ilegal, al no limitar las modificaciones presupuestarias en cuanto a objeto, cuantía y partidas. De este modo, el alcalde podría realizar traslados y adiciones de presupuesto sin restricciones.
El ente de control enfatizó que los concejales investigados tenían la capacidad de interpretar correctamente las normas vigentes y las directrices constitucionales sobre las funciones del Concejo Municipal. En particular, resaltó que el alcalde no podía solicitar esas facultades transitorias, ya que la potestad de modificar el presupuesto corresponde exclusivamente al Concejo Municipal elegido por la ciudadanía.
En base a estos hechos, la Procuraduría calificó la actuación de los involucrados como una falta grave, cometida con culpa gravísima. La situación pone en evidencia las tensiones entre las funciones del alcalde y del Concejo Municipal, destacando la importancia del cumplimiento de la normativa para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
por Konuco | Mar 12, 2025 | Indígenas
En el resguardo indígena Mandiyaco, ubicado en el territorio Tandachiridu Wasi, que marca el límite entre los departamentos del Cauca y Putumayo, se llevó a cabo un encuentro clave dentro del proceso de socialización del Sistema de Gobierno Propio. Este espacio tiene como objetivo fortalecer la autonomía indígena y revisar los avances y obstáculos en la implementación de los Decretos 982 de 1999 y 1811 de 2017, que protegen los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos indígenas.
Las comunidades han luchado por el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional desde hace varias décadas. La movilización de 1999, a lo largo de la vía Panamericana, resultó en un hecho histórico: un Ministro del Interior se sentó a dialogar con las autoridades indígenas. Esto permitió la expedición del Decreto 982, que declaró la emergencia política, cultural y territorial de los pueblos indígenas, reconociendo la exclusión sistemática y el incumplimiento de más de 360 acuerdos en temas como educación, infraestructura y derechos fundamentales. Sin embargo, aunque se reconoció la situación, las soluciones continúan postergándose.
En 2014, el Gobierno expidió el Decreto 1953, creando los Sistemas Indígenas en sustitución de los programas sectoriales, incluyendo el SISPI, Administración Propia, Autoridad Territorial Económico Ambiental y el Sistema de Gobierno Propio. Sin embargo, la falta de implementación de estos programas llevó a nuevas movilizaciones en 2017, resultando en la expedición del Decreto 1811. Este Decreto establece la creación de una Comisión Mixta que involucra directamente a ministros y directores de entidades, asegurando que las decisiones sobre los recursos destinados a mejorar las condiciones de los territorios indígenas sean tomadas con su participación.
Pese a estos avances, los retrasos en la asignación y ejecución de los recursos siguen siendo un problema grave. En el gobierno de Iván Duque, se acordó un plan de inversión, pero solo se ejecutó el 56% de los fondos destinados, afectando áreas clave como Planes de Vida, Comunicaciones, Mujer, Jóvenes, Guardia Indígena y Derechos Humanos. Esta falta de acción ha generado tensiones dentro de las comunidades, que ahora exigen respuestas concretas y la ejecución efectiva de los recursos comprometidos.
El Sistema de Gobierno Propio también enfrenta el reto de ser reconocido de manera tangible. Aunque se reconoce su labor política organizativa, la falta de medición material ha complicado la asignación de recursos para fortalecerlo. Por ello, las comunidades insisten en la importancia de su trabajo dentro de la estructura autonómica del CRIC.
El evento realizado en Mandiyaco, parte del territorio Tandachiridu Wasi, fue crucial para revisar estrategias y garantizar que los recursos comprometidos para 2024 sean ejecutados sin demora. Las comunidades indígenas, lejos de rendirse, continúan luchando contra el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, reafirmando su compromiso con la autonomía y la supervivencia de sus territorios.
por Konuco | Mar 11, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un juez penal de Bogotá condenó a más de seis años de prisión a 11 médicos colombianos por obtener de forma fraudulenta diplomas de especialización en cirugía plástica y estética de una universidad en Brasil. La Fiscalía General de la Nación demostró que los sentenciados falsificaron documentos para convalidar sus títulos ante el Ministerio de Educación Nacional.
Falsificación y fraude en títulos médicos
Los condenados aseguraron haber cursado 2.616 horas de postgrado en Brasil, pero la investigación confirmó que estuvieron en el país por periodos de entre 51 y 95 días, incumpliendo los requisitos de presencialidad. A pesar de ello, lograron convalidar sus títulos en Colombia mediante certificados de estudios fraudulentos.
Sugerencias: Capturan a exfuncionario de la Universidad de Antioquia
Los implicados son Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero, Rodolfo Albeiro López Zapata, Giovanni Cortés Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva.
Sanciones y actualización de registros médicos
Además de las condenas penales, las autoridades ordenaron actualizar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) para evitar que estos médicos ejerzan ilegalmente como especialistas. Asimismo, el Ministerio de Educación deberá anular la convalidación de sus títulos.
por Konuco | Mar 11, 2025 | Destacadas, Región
La Procuraduría ordenó este martes a todas las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) remitir un informe detallado sobre los rellenos sanitarios en cada jurisdicción, con el objetivo de consolidar un diagnóstico actualizado sobre la situación de los residuos sólidos en el país y evaluar posibles riesgos ambientales.
Las entidades deberán reportar la ubicación, cobertura, operador y nombre del sitio de disposición, además de detalles sobre sus condiciones operativas, vida útil estimada y el instrumento de manejo y control ambiental vigente.
También solicitaron información sobre la autoridad encargada del seguimiento y la vigencia de los permisos ambientales.
Además, la Procuraduría requirió que se identifiquen las problemáticas ambientales de cada relleno sanitario y se informe sobre los procesos sancionatorios vigentes, incluyendo número de radicado, fecha de apertura, cargos y estado actual del trámite.
Asimismo, deberán indicar si el sitio cuenta con un plan de contingencia para mitigar posibles afectaciones ambientales.
El ente de control señaló que, aunque no tiene funciones de coadministración, debe ejercer acciones de vigilancia para prevenir situaciones que puedan afectar derechos individuales y colectivos, con especial énfasis en la protección del medioambiente, los recursos naturales y la prestación eficiente del servicio de aseo. Colprensa
Foto: Colprensa
