Mujer trans judicializada en Cali por presunto homicidio y hurto calificado

Mujer trans judicializada en Cali por presunto homicidio y hurto calificado

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Cali, judicializó a Michelle, una mujer trans de 25 años, por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 27 de diciembre de 2023 en un conjunto residencial del sur de la capital vallecaucana.

La procesada enfrenta cargos por homicidio, hurto calificado y tortura, todos agravados, en un caso que ha conmocionado a la comunidad local.

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Según las investigaciones, la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, ingresó a su vivienda acompañado de dos personas, entre ellas Michelle. Los hechos tomaron un giro trágico cuando, presuntamente, la mujer trans y su acompañante amordazaron al hombre, causándole la muerte por asfixia. Posteriormente, las presuntas agresoras habrían sustraído objetos de valor de la propiedad antes de huir del lugar.

La Fiscalía ha trabajado en el caso desde finales del año pasado, recopilando pruebas y testimonios que llevaron a la captura de Michelle el pasado 21 de febrero. La Policía Nacional ejecutó una orden judicial en su contra, y tras su arresto, el juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía para imponerle una medida de aseguramiento en un centro carcelario. Esto significa que la procesada permanecerá detenida mientras avanza la investigación y se define su situación legal.

Absuelven a magistrada del CNE por presuntas irregularidades en contratos

Absuelven a magistrada del CNE por presuntas irregularidades en contratos

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Fabiola Márquez Grisales, magistrada del Consejo Nacional Electoral, en el proceso que enfrentaba por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, relacionado con su gestión como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en la administración del entonces alcalde Gustavo Petro en 2015.

La decisión se produjo luego de que la Delegada de la Fiscalía General de la Nación solicitara su absolución al concluir el juicio en su contra.

La investigación se centró en la firma del otrosí No. 05 del contrato de arrendamiento 024 de 2014, celebrado entre el Fondo y la Promotora de Comercio Inmobiliario S. A. – PROCOMERCIO.

Dicho documento modificó parcialmente el acuerdo inicial, suprimiendo la renta del piso 36 y extendiendo por un mes el uso de las plantas 33, 34 y 35.

Inicialmente, la Fiscalía cuestionó que Márquez Grisales no adoptara correctivos ante presuntas irregularidades en la ejecución del contrato y, en su lugar, suscribiera el otrosí No. 05, lo que, según la acusación, alteró el objeto contractual y debió haberse formalizado con un nuevo acuerdo en vez de una adición.

La Sala determinó que la suscripción del otrosí se realizó conforme a las normas que regulan la adición contractual, sin que ello implicara una modificación del objeto del contrato.

Argumentó que, aunque se devolvió una planta del inmueble, la esencia del acuerdo permaneció intacta.

Además, se comprobó que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá no incurrió en costos adicionales, ya que la extensión del alquiler se financió con los recursos liberados por la devolución del piso 36.

La Corte concluyó que la actuación de Márquez Grisales garantizó el uso eficiente de los recursos públicos y la continuidad del servicio.

La sentencia puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

(Colprensa)

Derrames de petróleo en la Amazonía Peruana afectan a comunidades indígenas

Derrames de petróleo en la Amazonía Peruana afectan a comunidades indígenas

En menos de una semana, dos derrames de petróleo impactaron gravemente a las comunidades indígenas en la región Amazonas, en la Amazonía norte de Perú. Estos incidentes sucedieron durante la primera quincena de febrero y afectaron a al menos ocho comunidades indígenas, lo que agrava la larga lista de emergencias ambientales por derrames de hidrocarburos que han afectado la selva peruana en las últimas décadas.

El primer incidente ocurrió el 8 de febrero, cuando 800 barriles de petróleo fueron vertidos en el río Nieva, a causa de una perforación en el Oleoducto Norperuano, cerca de la comunidad Shawit, en el distrito de Santa María de Nieva. Apenas cinco días después, el 13 de febrero, un segundo derrame afectó la quebrada Putuchip, donde 36.5 barriles de crudo llegaron hasta el afluente en la misma región. Según la empresa Petróleos del Perú (Petroperú), ambos derrames fueron provocados por atentados a la tubería.

Petroperú explicó que los atentados fueron ejecutados con precisión, utilizando maquinaria especializada, lo que indica que se trató de un ataque planeado y coordinado. Desde enero de 2023, se han registrado doce cortes similares en el Oleoducto Norperuano, lo que lleva a la empresa a exigir una mayor seguridad en la infraestructura y sanciones para los responsables. Los ataques han sido reportados al Ministerio Público.

Impacto en las Comunidades Indígenas

La comunidad indígena Awajún, que agrupa a más de 245 comunidades en varias regiones del país, está particularmente afectada por los derrames. Según Gil Inoach, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, alrededor de 700 familias han visto sus medios de subsistencia gravemente comprometidos. Los cultivos de cacao y yuca han sido destruidos, y las fuentes de agua están contaminadas, lo que ha afectado la seguridad alimentaria de las familias.

Las autoridades locales y organizaciones indígenas han señalado que la falta de asistencia, tanto en salud como en ayuda alimentaria, ha empeorado la situación. «No han llegado las brigadas de salud y los alimentos distribuidos fueron pocos», agregó Inoach. Además, se sospecha que algunas personas vinculadas a Petroperú podrían estar involucradas en estos atentados, ya que se requiere maquinaria especializada para realizar los cortes en el oleoducto.

Repercusiones en la Amazonía y la Industria Petrolera

Este tipo de emergencias no son un hecho aislado. Según el informe «Las sombras de los hidrocarburos», entre 1997 y 2023, se han registrado más de 800 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. De los 1,462 derrames reportados en todo el país, un 57% de ellos han ocurrido en esta región, afectando gravemente tanto al ecosistema como a las comunidades indígenas que dependen de estos recursos naturales.

Expertos de organizaciones como Oxfam señalan que la falta de infraestructura adecuada en el Oleoducto Norperuano ha sido la principal causa de los derrames, aunque los atentados también han aumentado en los últimos años. Miguel Arévalo, coordinador de programas de Oxfam, explicó que la mayor parte de estos derrames no se debe a sabotajes, sino al mal estado de la infraestructura.

Medidas y Respuestas Ante la Crisis

La respuesta de las autoridades y la empresa petrolera ante estos derrames ha sido insuficiente, según las comunidades afectadas. Aunque Petroperú ha enviado equipos técnicos para contener el crudo derramado y mitigar los daños ambientales, la organización indígena Awajún ha decidido tomar la iniciativa, organizando charlas informativas sobre los derechos legales y los peligros de estos ataques al oleoducto.

A pesar de los esfuerzos por frenar los impactos de estos incidentes, la falta de soluciones a largo plazo y el daño continuo al medio ambiente siguen siendo grandes desafíos. Las comunidades continúan exigiendo acciones concretas para evitar que estos eventos se repitan y para garantizar su derecho a un ambiente sano y seguro.

Consejo de estado rechaza tutela contra Petro por llamar «muñecas de la mafia» a periodistas

Consejo de estado rechaza tutela contra Petro por llamar «muñecas de la mafia» a periodistas

El Consejo de Estado rechazó definitivamente una tutela presentada en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, con la que pretendía su retractación tras referirse en varias ocasiones a periodistas como «muñecas de la mafia».

La tutela, que fue presentada por el abogado Germán Calderón España, buscaba proteger los derechos fundamentales de las periodistas colombianas, y argumentaba un «daño psicológico general a ellas al ser degradadas, intimidadas y humilladas públicamente».

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Calderón afirmó que esas expresiones, además de ser discriminatorias, afectan profundamente la dignidad humana y generan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo en Colombia. Añadió que la expresión estigmatiza a las mujeres en los medios de comunicación y perpetúa la violencia simbólica en su contra.

Frente a la tutela, y en medio de su tramite en el alto tribunal, el presidente Petro solicitó declararla improcedente, entre otros argumentos, porque sus palabras fueron sacadas de contexto y su intención nunca fue trasgredir o menoscabar los derechos de las mujeres periodistas. Por eso, dijo que “existen periodistas, que independientemente de su género, han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual es una grave amenaza para la integridad de la profesión».

La decisión que se conoció este jueves es solo la confirmación de una decisión que tomó el Consejo de Estado el 17 de octubre de 2024. En ella, el alto tribunal argumentó que Calderón presentó una tutela sin solicitar previamente una rectificación ante el presidente, siendo este paso es un requisito esencial para la procedencia de la tutela. Colprensa

Foto: Colprensa-Sergio Acero