por Konuco | Feb 12, 2025 | Política, Región
Este miércoles, durante una Sala Plena, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros involucrados en el caso que investiga la presunta violación de los topes electorales en su campaña presidencial de 2022. Con esta decisión, el proceso investigativo se reanuda y continúa su curso, lo que implica nuevos pasos para determinar la responsabilidad de los implicados.
El caso había quedado en suspenso mientras el CNE evaluaba si la solicitud de nulidad era procedente. En su argumentación, los abogados de Petro sostenían que, por cuestiones de competencia, el caso debería ser trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara. Sin embargo, la mayoría de los magistrados (seis) votaron en contra de la nulidad, mientras que tres magistrados, cercanos al Pacto Histórico, salvaron su voto: Altus Baquero (afín al Partido Liberal), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
El CNE Actúa Tras Meses de Aplazamientos y Recusaciones
El pasado mes de octubre, tras un largo periodo de aplazamientos, recusaciones y una revisión exhaustiva del expediente, el CNE decidió abrir oficialmente la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. La sospecha principal es que la campaña de primera y segunda vuelta superó los topes de gastos establecidos por la ley electoral, lo que llevó a la autoridad electoral a iniciar un proceso formal.
Con la decisión tomada, comienza una fase clave del proceso: la práctica de pruebas. Según la ley, después de que los investigados presenten sus descargos, el CNE tendrá tres meses para recolectar pruebas. En algunos casos, esta etapa podría extenderse por otros dos meses. Posteriormente, se darán los alegatos finales y, tras ellos, el ponente del caso dispondrá de dos meses para emitir su fallo definitivo, lo que podría ocurrir a finales de junio de este año.
Un Caso Que Podría Largar Más Tiempo Si Se Apelan Decisiones
Si el CNE determinara que la campaña presidencial de Petro violó los topes de gastos, la defensa aún podría interponer una demanda ante el Consejo de Estado. Esta acción prolongaría aún más el proceso y permitiría que la discusión continúe en una instancia superior.
Los Números de la Investigación: Exceso de Gastos en la Campaña de Petro
La investigación sostiene que durante la primera vuelta electoral, la campaña del presidente Petro habría excedido el límite de gastos en aproximadamente $3.709 millones, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue de $1.646 millones. En total, se sospecha que los topes fueron violados por un monto cercano a los $5.355 millones. Aunque en las declaraciones oficiales la campaña reportó gastos de transporte por $4.155 millones en la primera vuelta y $1.330 millones en la segunda, los investigadores concluyen que hubo gastos adicionales, especialmente por los servicios contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), lo que llevó a cuestionar la veracidad de los informes presentados.
Este caso sigue siendo uno de los más seguidos en la política colombiana y podría tener un impacto importante en la imagen del presidente Petro, dependiendo de cómo avance la investigación en el CNE.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Indígenas
Las autoridades de los pueblos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, que conforman el «Proyecto Nasa», han denunciado públicamente la intensificación de los ataques por parte del grupo armado disidente de las FARC-EP Dagoberto Ramos. La organización indígena, que ha luchado durante más de 50 años por la defensa de la vida, la unidad comunitaria y la autonomía territorial en el Cauca, enfrenta una nueva ola de violencia que pone en peligro tanto su seguridad como la de las futuras generaciones.
En un comunicado difundido el 12 de febrero, las autoridades indígenas alertaron sobre los intentos de este grupo armado por difamar y socavar la estructura organizativa indígena. Según señalan, los ataques forman parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la comunidad y tomar el control de los territorios ancestrales, que han sido protegidos por generaciones de pueblos indígenas.
Los recientes hechos de violencia incluyen el envío de un panfleto amenazante el 3 de febrero, en el cual el grupo armado intentó intimidar a las autoridades de Toribio. Sin embargo, uno de los ataques más alarmantes ocurrió el 9 de febrero, cuando sicarios se hicieron pasar por guardias indígenas para llevar a cabo un atentado en el casco urbano de Toribio, donde resultaron heridos un comunero y una niña de 10 años. Este ataque, junto con el asesinato de Alberto Quitumbo Yatacué, un firme defensor de la paz, ha desbordado la paciencia de las autoridades indígenas.
Estos incidentes no son aislados. De acuerdo con los informes de las autoridades, los grupos armados ilegales están tratando de arrebatar el control de las tierras y recursos naturales en la región, particularmente en relación con el negocio ilícito de la marihuana. En lugar de promover la paz, estos grupos perpetúan la violencia y buscan involucrar a menores de edad en sus actividades ilícitas, utilizando incluso a niños y adolescentes como “carne de cañón” en los enfrentamientos armados.
Las autoridades indígenas también han expresado su preocupación por el regreso de excombatientes que abandonaron sus procesos de reincorporación. Estos excombatientes, que en su momento se comprometieron con la paz, han retomado las armas y están reforzando las estructuras de los grupos armados ilegales, lo que agrava aún más la situación de inseguridad en los territorios indígenas.
En su comunicado, las autoridades del Proyecto Nasa exigieron un respeto absoluto a los territorios originarios y los derechos territoriales de las comunidades. Pidieron el cese inmediato de los ataques, el reclutamiento forzado de menores y el uso indebido de los símbolos de la organización indígena. Estas acciones, según denuncian, constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que representan un ataque directo a la población civil, lo cual es considerado como un delito de lesa humanidad.
A pesar de la creciente violencia, las autoridades indígenas ratificaron su disposición al diálogo. Insistieron en la necesidad de un proceso de paz estructural que permita la protección de los territorios y la garantía de la vida en armonía, como un derecho fundamental de las comunidades indígenas. La organización también destacó que, a pesar de los desafíos, las comunidades indígenas siguen luchando por su supervivencia y por el respeto de sus espacios vitales.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Destacadas, Nacional
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía municipal de Samaná, Caldas, debido a presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto para la construcción del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia (CDI) en dicho municipio.
Esta decisión surge tras la publicación de una denuncia en el diario «La Patria«, titulada “La obra en municipio de Caldas que lleva casi tres años, cinco suspensiones y nada que la terminan”.
Le puede interesar: Judicializados en Caquetá por transportar más de 28 kilos de pasta de base de coca
En dicho artículo se exponen las múltiples dificultades que ha enfrentado la ejecución del CDI, el cual estaba programado para ser entregado en 2022. Sin embargo, la obra ha sufrido reiteradas suspensiones y retrasos, lo que ha generado el deterioro de las instalaciones y materiales empleados en la construcción.
El Ministerio Público expresó su preocupación por el impacto que esta situación ha tenido en la comunidad, particularmente en los niños y niñas menores de cinco años, quienes se han visto privados del acceso a un espacio destinado a su desarrollo integral, nutrición y cuidado.
Le puede interesar: Ricci García declarado culpable de feminicidio agravado en Cali
En respuesta a estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Honda ha determinado adelantar la indagación previa para esclarecer las responsabilidades disciplinarias de los servidores públicos involucrados. Además, se ha ordenado la recolección de pruebas con el fin de determinar las causas del retraso y posibles irregularidades en la ejecución del proyecto.
La Procuraduría continuará con el seguimiento de esta situación y tomará las medidas necesarias para garantizar que los recursos destinados a la infancia sean utilizados de manera efectiva y que los responsables de cualquier irregularidad sean sancionados conforme a la ley.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Destacadas, Región
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alexánder Parra Ortiz y Jhon Jairo Ortiz Muñoz, quienes son señalados de transportar más de 28 kilogramos de pasta de base de coca en un vehículo.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero en el municipio de San José del Fragua, Caquetá, cuando fueron interceptados en un puesto de control militar.
Le puede interesar: Ricci García declarado culpable de feminicidio agravado en Cali
Durante el procedimiento, las autoridades detuvieron la camioneta en la que se movilizaban los procesados y, tras una revisión de rutina, hallaron tres paquetes con la sustancia oculta en los asientos traseros. La situación fue notificada de inmediato al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a la Policía Nacional de Belén de los Andaquíes para su respectiva verificación.
Al realizarse la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH), se confirmó que la sustancia correspondía a base de coca y sus derivados. Como resultado, Parra Ortiz y Ortiz Muñoz fueron capturados en flagrancia. Durante la audiencia de imputación de cargos, Parra Ortiz aceptó su responsabilidad en los hechos, mientras que Ortiz Muñoz se declaró inocente.
También lea: Capturan a presunto responsable de robo de ganado en Bolivar
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alexánder Parra Ortiz, mientras que Jhon Jairo Ortiz Muñoz fue cobijado con detención domiciliaria. Además, se impuso una medida cautelar sobre el vehículo utilizado y se incautaron dos teléfonos celulares como parte de las evidencias del caso.
